LA SEGUNDA – El debate político por el cambio de nombre del aeropuerto de Pudahuel —de Arturo Merino Benítez a Pablo Neruda, aprobado la semana pasada por la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados— desatiende por completo los desafíos que enfrenta la operación del principal terminal aéreo del país.
Desde el punto de vista de su marcha diaria, y tal como lo ha advertido el Colegio de Controladores Aéreos, el aeropuerto presenta un aumento de tráfico y retrasos de vuelos que impelan su eficiencia y calidad de servicio, especialmente en fines de semana largos, vacaciones o cuando hay problemas meteorológicos. Según explican, la capacidad máxima de operación, entre 42 a 48 aeronaves por hora, se está alcanzando tres veces al día en dichas fechas. De acuerdo a especialistas, sin la construcción de más calles de rodaje —las pistas perpendiculares por las cuales los aviones se acomodan para las salidas y llegadas— el escenario podría empeorar antes que se entreguen las obras de ampliación en 2020.
“La controversia por el nombre olvida que el aeropuerto está lejos de brindar el servicio que sus usuarios y la ciudad requieren”.
Asimismo, la verdadera guerrilla en las puertas del aeropuerto para tomar pasajeros entre taxis legales y otros vehículos informales parece no tener solución. Si bien el concesionario realizó obras para facilitar las fiscalizaciones (como la modificación del arribo internacional) y se instaló una mesa de trabajo entre autoridades de Gobierno, Carabineros y taxistas para tratar el tema, en los hechos ha sido imposible controlar la situación.
La dispersión de organismos públicos que tienen injerencia en la operación del aeropuerto —la Dirección de Aeropuertos y la Dirección de Concesiones del MOP, la junta de Aeronáutica Civil, del Ministerio de Transportes, o la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)—, también ha estado fuera del radar de las preocupaciones políticas, a pesar de que parece necesario simplificar su funcionamiento. En el caso de la DGAC, que depende del Ministerio de Defensa y, en los hechos, de la Fuerza Aérea, está pendiente una discusión que deposite varias de sus competencias, desde la seguridad aeronáutica hasta el manejo del duty free, en un organismo civil sujeto plenamente a las normas de la administración pública. A ello se suma que el camino que une el terminal con la ciudad, a un costado del río Mapocho, está convertido en un basural, tal como lo ha recordado el arquitecto Mathías Klotz.
El ministro de Obras Públicas ha admitido que será necesario construir un nuevo aeropuerto antes de 20 años, y que tal vez sería apropiado reservar el nombre de Neruda para ese nuevo terminal. Quizás es tiempo, vistas las limitaciones de nuestra geografía y la acelerada expansión de los suburbios de Santiago, de avanzar cuanto antes en la planificación de dicha infraestructura. De momento, la controversia por el nombre olvida que el aeropuerto está lejos de brindar el servicio que sus usuarios y la ciudad requieren.
Fuente: La Segunda, Lunes 12 de noviembre de 2018
