EL LIBERO – En abril de 2024, un equipo compuesto por académicos de cinco universidades junto a profesionales independientes que trabajan temas hídricos reunió a 20 instituciones con distintas miradas con el fin de generar un proceso de conversación en torno al agua en Chile. Entre las instituciones que participaron hubo ONG ambientales, asociaciones municipales, gobernaciones regionales, gremios productivos, representantes de servicios sanitarios rurales y organizaciones de usuarios de agua.
La premisa de la convocatoria fue que nuestro país lleva un largo período en que el agua ha sido un tema de enorme relevancia social, productiva y también política. Hemos experimentado prolongadas sequías y eventos climáticos de fuertes lluvias, hemos discutido largamente algunos cambios legislativos, hemos cuestionado el modelo centenario de otorgamiento de agua para su aprovechamiento y han corrido ríos de tinta que pasan desde columnas de opinión, como esta, hasta propuestas hídricas radicales para una nueva constitución. A pesar de lo anterior, en la práctica no se ven cambios relevantes a nivel nacional más allá de algunos cambios normativos, el aparato estatal no se ha preparado para enfrentar de mejor manera los nuevos patrones de precipitaciones y sequía.
Entonces, ¿por qué no hemos podido avanzar en mejorar nuestro sistema público para enfrentar los desafíos hídricos? ¿Cuál es la razón que lleva a este inmovilismo?
Probablemente las razones son muchas, pero una muy importante es la falta de confianza entre los actores, tal como lo viene mostrando la Encuesta Bicentenario desde hace mucho tiempo. Pareciera que el sector público desconfía del sector privado, el sector privado desconfía de las ONG, las ONG desconfían del sector público, con lo que cada uno defiende su postura y cualquier iniciativa impulsada por alguno de ellos es vista como una amenaza por otros.
El Acuerdo para el Agua buscó generar un espacio de conversación entre quienes representan estas miradas distintas para identificar temas en común, de manera de ver que no todo son diferencias y que se puede trabajar con personas que piensan distinto.
Satisfactoriamente, se logró un acuerdo suscrito por dos tercios de los participantes, en torno a estos seis puntos:
- Requerimos con urgencia que existan políticas nacionales para la gestión del agua.
- Necesitamos mejorar la institucionalidad.
- Reafirmamos que la cuenca debe ser la unidad de gestión, inversión y conservación de los ecosistemas y del agua.
- Sostenemos que la participación de todos los actores debe ser amplia, colaborativa y efectiva.
- Necesitamos información, monitoreo y conocimiento.
- Debemos asegurar la protección del ciclo hidrológico.
La declaración completa, así como el reporte del trabajo se puede consultar en este link.
Los temas acordados no son novedosos, pero su valor radica en que actores muy diversos se pusieron de acuerdo en torno a ellos. Nadie dejó de lado sus banderas, sus legítimas posturas, pero fueron capaces de enfocarse en aquellos aspectos en que hay coincidencia.
Este acuerdo de “mínimos comunes”, y especialmente la capacidad de haber llegado a acuerdos, queda a disposición de las autoridades, las del Ejecutivo y del Parlamento, y la ciudadanía para potenciar y liderar procesos que permitan avanzar en aquellos puntos en que verdaderamente existe un acuerdo para el agua.
Fuente: El Libero, Miércoles 09 de Octubre de 2024
