LA TERCERA – Tanto mi presentación, como la de Techo, Minvu y dirigentes sociales, alertaron la urgencia de avanzar en medidas concretas e inmediatas para resolver la catástrofe de más de 25 mil familias desplazadas a campamentos desde el 2019 y más de 600 mil allegados y pobladores que aún esperan una vivienda digna.
A mediados de abril, tuve el honor de exponer en la sesión especial del Senado destinada a analizar la situación de la vivienda y de los campamentos en Chile. Tanto mi presentación, como la de Techo, Minvu y dirigentes sociales, alertaron la urgencia de avanzar en medidas concretas e inmediatas para resolver la catástrofe de más de 25 mil familias desplazadas a campamentos desde el 2019 y más de 600 mil allegados y pobladores que aún esperan una vivienda digna. Pese al duro diagnóstico, los parlamentarios empatizaron con que no había tiempo que perder, e incluso comprometieron la firma de un acuerdo.
En este contexto, resulta inverosímil, inconsecuente y hasta cruel que la Comisión de Vivienda del propio Senado rechazara el miércoles pasado la idea de legislar la llamada ley de integración social urbana, iniciativa impulsada por el gobierno desde 2018 y que fue aprobada por la Cámara. Si bien el proyecto de ley tiene muchos aspectos que pueden ser mejorados, en su larga tramitación y discusión se había logrado que incorporara medidas para acortar tiempos de cambios de uso de suelo, entregar un rol importante a los municipios en integración social, revertir la segregación, y potenciar la gestión de suelo desde el Estado.
¿Por qué lo rechazaron entonces? Por una razón netamente política, trabar todo lo que venga desde el gobierno y, luego de la última elección, sumarse al carro de las promesas constitucionales. Basta escuchar la burda justificación del senador Latorre del FA cuando dice: “La discusión de fondo sobre el derecho social a la vivienda y a una ciudad justa se debe dar en el proceso Constituyente y en un próximo gobierno transformador”. En otras palabras, en un momento en que la única forma que logremos garantizar el acceso universal a la vivienda antes de finales de esta década es que los próximos gobiernos puedan construir 100 mil soluciones habitacionales al año. Latorre nos dice que los sin casa tendrán que esperar cuatro o cinco años más para recién legislar respecto a nuevas políticas y herramientas que aceleren el acceso a una vivienda digna.
Los senadores que rechazaron el proyecto no solo abandonaron los acuerdos y diálogos, hay cientos de comités y dirigentes con una frustración enorme, y que lo único que piden es que no se abandone o trabe el proyecto. Es tal la urgencia, que las modificaciones al artículo 50 podrían impactar hoy aumentando la oferta a 10.957 viviendas, las políticas de regeneración a otras 16.507 viviendas; que sumadas a las nuevas atribuciones de alcaldes y gobernadores, aumentarían exponencialmente.
El proyecto volverá a la sala, por lo que no está todo perdido. Además, y pese a las limitaciones, el Ejecutivo tiene capacidad para seguir innovando con iniciativas como el banco de suelos, proyectos de regeneración de áreas y atención a campamentos. Pero una cosa es cierta, negarse siquiera a legislar por darse un gusto político, no es solo un notable abandono de deberes, es dejar en el abandono a todas esas familias que necesitan urgente un hogar.
Fuente: La Tercera, Lunes 31 de Mayo de 2021
