CPI – En marzo el MOP adjudicó la concesión para construir el nuevo Aeropuerto de Balmaceda y las obras de ampliación y mejoramiento del aeropuerto de Punta Arenas. Para los próximos meses se contempla licitar la tercera concesión del terminal de El Loa de Calama y la segunda del de la región de La Araucanía.
Por Equipo Comunicaciones CPI
Concesiones aeroportuarias que demandarán inversiones por US$445 millones licitará este año y el próximo el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en las regiones de Aysén, Magallanes, Antofagasta, La Araucanía, Los Lagos y Atacama, obras que permitirán modernizar y dar mayor capacidad a los terminales existentes.
Este plan se lanza a más de 25 años de celebrarse el hito de la adjudicación de las dos primeras concesiones aeroportuarias en el país, correspondientes a los terminales El Tepual, en Puerto Montt, y Diego Aracena en Iquique.
Y es que hasta 1994 Chile contaba con terminales aeroportuarios construidos en los setenta, deficitarios para atender el tráfico aéreo que se presentaba veinte años después.
El principal objetivo del Programa de Concesiones de Aeropuertos, impulsado a mediados de la década de los noventa, fue aumentar la capacidad operativa de los principales terminales del país y hacerse cargo, con carácter de urgente, del crecimiento, observado y proyectado, de los viajes de negocio, turismo, y del comercio exterior de Chile.
“El desarrollo de la infraestructura aeroportuaria de nuestro país a través del sistema de concesiones, ha significado un aporte esencial para consolidar el aumento del tráfico aéreo de pasajeros y carga, siendo también un elemento que potencia la descentralización, el desarrollo económico, productivo y de turismo en nuestro país. Adicionalmente, permite ser una herramienta eficaz en caso de catástrofes y emergencias por la oportunidad y cobertura del sistema”, indica la consejera del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia.
Antes de las asociaciones público privadas (APP) los terminales en el país eran muy precarios, con muy poca tecnología y servicios, lo que generaba que el modo aéreo estuviera subutilizado. “Y eso se producía porque el Estado no contaba con recursos suficientes para hacer las mantenciones, por ejemplo, lo que derivaba en un deterioro permanente y en que estuvieran siempre topados en capacidad”, destaca la también consejera del CPI y presidenta del Comité Concesiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CHC), Vivian Modak.
Esta situación cambió tras la incorporación de las APP a la industria aeroportuaria. “Han permitido mayor y mejor movilidad, con mejor servicio y con tarifas accesibles. En lo económico, además, ha sido una alternativa para el traslado de carga”, añade Vivian Modak.
Según cifras de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), en 1995 el tráfico de pasajeros transportados por vía aérea llegaba a 4,2 millones. En 2019, pre pandemia, este total superó los 26 millones de personas. Sólo considerando la demanda nacional, el 50% está concentrada en 4 aeropuertos: Iquique, Calama, Puerto Montt y Antofagasta.
Asimismo, en términos de superficie, antes de lanzarse la primera licitación el país contaba con 36.600 m2 en superficie de edificios terminales -de ellos, 25.000 m2 correspondían al aeropuerto de Santiago- ahora se cuenta con más de 200.000 m2 construidos.
Próximas licitaciones
En la agenda contemplada por el MOP para 2021-2022, ya se adjudicó la licitación de la Red Aeroportuaria Austral la que está compuesta por 2 infraestructuras aeroportuarias: el Aeropuerto Internacional Presidente Carlos Ibáñez Del Campo, ubicado en la ciudad de Punta Arenas, y el Aeródromo Balmaceda, ubicado en Balmaceda, en la Región de Aysén.
Las principales obras a ejecutar consisten en la ampliación y remodelación de terminal de pasajeros que en el caso del aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo se amplía de 6.471 m² a 16.014 m² y el aeródromo de Balmaceda pasará de 2.400 m² a 12.391 m².
Cada aeropuerto contará con 5 puentes de embarque, remodelación y mejoras normativas de plataformas de aviación, nuevas instalaciones para la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), así como servicios generales que mejorarán la experiencia para el usuario.
También para este año, se espera -en el tercer trimestre- licitar la tercera Concesión Aeropuerto El Loa de Calama. Con una inversión de US$138 millones, considera el mejoramiento, mantenimiento y ampliación del terminal con el fin de atender una creciente demanda de pasajeros, que actualmente alcanza alrededor de 100.000 personas al mes.
Con esta nueva concesión se busca potenciar el desarrollo de esta zona minera del país, mejorando su integración económica, al facilitar el transporte de carga y pasajeros y fortalecer la oferta de vuelos desde y hacia la región. Cabe indicar que la tercera concesión también incluye el mantenimiento de todas las obras prexistentes.
En el cuarto trimestre se sumará la licitación de la segunda Concesión del Aeropuerto Región de la Araucanía, ubicado en Temuco. La obra -que demandará US$105 millones- contempla la ampliación, reparación, conservación y reposición de la infraestructura, equipamiento e instalaciones existentes. Con ello, se busca no sólo enfrentar una mayor demanda de vuelos desde y hacia la zona, sino que facilitar el transporte de carga y pasajeros, mejorando para ello la capacidad y estándares de servicio actuales del aeropuerto, además de potenciar la integración económica y social de la región.
Para 2022, en tanto, están en carpeta la Red Aeroportuaria: Tepual, Cañal Bajo y Mocopulli y la segunda Concesión Aeropuerto Regional de Atacama.
La primera integra la quinta concesión del Aeropuerto El Tepual en Puerto Montt y la incorporación al sistema de concesiones del aeropuerto Cañal Bajo en Osorno y el aeródromo de Mocopulli en Chiloé. La iniciativa -con una inversión de US$122 millones- busca ampliar la capacidad de estos recintos en beneficio de la comunidad de la Región de Los Lagos y avanzar en el fortalecimiento de la conectividad de país a través de una mejor red aeroportuaria a lo largo del país.
A esta se sumará la segunda concesión del Aeropuerto Regional de Atacama que permitirá aumentar la capacidad del edificio terminal de pasajeros, de 1.700m2 a 4.700m2, y el número de posiciones para aeronaves comerciales, entre otros aspectos. Entre los beneficios de la obra destaca potenciar la integración económica y social de la región, al facilitar el transporte de carga y pasajeros y fortalecer la oferta de vuelos desde y hacia la región. La inversión estimada ascenderá a US$ 42 millones.
Desafíos pendientes
De acuerdo al estudio del BID “Perfil de las asociaciones público-privadas en aeropuertos de América Latina y el Caribe: Principales cifras y tendencias del sector”, las APP han constituido una herramienta esencial en el desarrollo aeroportuario de la región, atendiendo al volumen de inversión, números de aeropuertos desarrollados o que operan bajo este esquema, y pasajeros transportados en aeropuertos APP de la región.
“Los mecanismos de APP han permitido incrementar la calidad, eficiencia y competitividad de los aeropuertos. Debido a sus ventajas sobre otros modelos para desarrollo y operación aeroportuaria su uso es extendido en la región”, detalla el documento.
Añade el BID que, en total, existen 168 aeropuertos en la región que operan bajo el esquema de APP. En términos de pasajeros, estos representan por encima del 70% del tráfico total de la región, cifra que asciende alrededor del 76% cuando sólo se consideran países con APP aeroportuarias: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Jamaica, México, Perú, República Dominicana, o Uruguay.
En esta línea, Vivian Modak señala que hay una serie de desafíos a nivel nacional que se deben abordar para perfeccionar el sistema. Entre ellos, menciona la necesidad de cambiar el modelo de negocio, por uno a plazo variable y que dependa de la rentabilidad o ingresos que establezca el concesionario en la licitación.
“También se requiere pensar -opina Vivian Modak- qué destino dar a los ingresos que le genera al Fisco el negocio aeroportuario. En mi opinión, el pago de las tarifas debería ir a pago de nuevas infraestructuras, pero no a las arcas fiscales. También se debieran revisar los otros negocios que están permitido en el negocio aeroportuario (estacionamientos, tiendas, etc.), quizá podrían añadirse otros para aumentar ingresos en la concesión y así permitir una baja en las tarifas en los traslados de personas y cargas”.
Paola Tapia, agrega que es fundamental contar con un marco normativo que permita desarrolla la infraestructura aeroportuaria de forma integral, comprendiendo todas las variables, no sólo del aeropuerto sino de la zona contigua y del uso que en ellas se autorice. También -dice- se debería considerar en la planificación una visión intersectorial y participación de los actores de la sociedad civil, del sector privado y de los gobiernos regionales y locales.
“Asimismo, es relevante fortalecer la conectividad con el transporte público y promover futuros ajustes a los modelos de negocio, para consolidar el desarrollo del tráfico aéreo, especialmente post pandemia, implementando tecnología e innovación que favorezca la facilitación aeroportuaria, en los términos previstos por la normativa internacional y las directrices de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)”, sostiene Paola Tapia.
Los desafíos en inversión tampoco son menores. Proyecciones de la CChC estiman que el sector requerirá una inversión aproximada de US$ 1.659 millones entre 2018 y 2027, ya que, por efecto del aumento del número de viajes será necesario habilitar una superficie adicional de poco más de 100.000 m2 en los terminales aéreos del país. También es clave la conectividad entre las ciudades y los terminales, lo que demandará obras de vialidad y de diversa índole.
Fuente: CPI, Jueves 15 de Julio de 2021
