LA DISCUSIÓN – De manera recurrente, la región se ve enfrentada a disyuntivas que tensionan a las comunidades, que dicen relación con proyectos que son necesarios para el desarrollo, pero que colisionan con los intereses de grupos de personas. Las obras viales, las líneas de alta tensión y las centrales eléctricas, los embalses, las plantas industriales y también actividades extractivas constituyen grandes inversiones que pueden mejorar la calidad de vida de muchos, pero arruinar la de unos pocos, ya sea por sus impactos ambientales o sociales.
Desde el punto de vista de las necesidades de infraestructura pública, Ñuble tiene una amplia brecha respecto del resto del país, pero también tiene vastos territorios de alto valor natural que están en constante amenaza por el desarrollo de proyectos, como, por ejemplo, la Ruta Costera Cobquecura-Dichato y la Circunvalación Oriente Chillán, que enfrentan el desafío de reducir los impactos sobre humedales; o el embalse La Punilla, que, por su naturaleza, inundará bosque nativo y alterará el ecosistema en su área de influencia.
Pero la infraestructura es un catalizador del desarrollo, es clave en la reducción de las inequidades y es dinamizador del crecimiento económico. El rezago de las comunas de Ñuble se origina en el aislamiento, razón por la cual, la pavimentación de caminos secundarios en la región tiene un efecto multiplicador en los territorios. ¿Cuántos emprendimientos en el turismo, por ejemplo, pueden nacer y crecer gracias a la pavimentación de una ruta? Lo mismo se puede decir del acceso al agua, que en el mundo agrícola marca la línea entre el éxito y el fracaso, o entre producir o no producir alimentos para la población.
Pero inevitablemente, cualquier proyecto de esta envergadura genera impactos, por lo que el debate tensiona a las comunidades, muchas veces favorecido por un mala gestión comunitaria y comunicacional de parte del titular. En la instancia de evaluación ambiental, se destinan millones de pesos a completos estudios, pero la experiencia ha mostrado que no siempre es suficiente el respaldo técnico, sino que también el político. La llamada “permisología ambiental” confluye también en este escenario, lo que finalmente se traduce en un largo y difícil proceso. Lamentablemente, no todos los proyectos llegan a buen puerto y, por otro lado, la falta de certezas muchas veces genera un desincentivo a la inversión.
Para enfrentar esa falta de certezas es que el gobierno presentó, en enero de 2024, el proyecto de evaluación ambiental 2.0, que modifica la Ley de Bases del Medio Ambiente y, entre sus objetivos, busca simplificar el proceso de evaluación ambiental de los proyectos.
Sin embargo, también es necesario avanzar en materia de planificación territorial, por ejemplo, fortaleciendo la obligatoriedad de la evaluación ambiental estratégica para las políticas, planes y programas de infraestructura pública, así como también modificar la Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales, para otorgar al Plan Regional de Ordenamiento Territorial el carácter de vinculante.
A través de la planificación territorial, diseñada en conjunto con los habitantes, los municipios, el Gobierno Regional y las entidades técnicas, es posible identificar oportunidades y eventuales conflictos, de manera de establecer un “rayado de cancha” que brinde certezas a los titulares de los proyectos como a los vecinos.
Fuente: La Discusión, Martes 25 de Febrero de 2025
