EL MERCURIO – Kimal-Lo Aguirre será la mayor línea de transmisión eléctrica nacional. Tendrá más de 1.300 km de extensión que transferirán la energía generada en el norte del país hacia la zona de demanda, en el centro. Su capacidad será de 3GW, lo que permitirá reducir las congestiones y los vertimientos de energía, que han venido creciendo en el tiempo: a septiembre de este año ya se habían vertido más de 3.000GWh, el equivalente al consumo de 4 millones de hogares durante tres meses. La nueva línea usa corriente continua, una tecnología novedosa en el país, con la ventaja de mayor capacidad y menores pérdidas.
Kimal-Lo Aguirre es vital para el proceso de descarbonización de nuestra economía, ya que hará nuevamente rentables las inversiones en energías renovables en el norte. Pero, aunque se espera que comience a operar en 2029, la experiencia hace temer que, a menos que cambiemos la forma en que se realizan los proyectos en Chile, pueda haber un retraso de años. En el intertanto, la situación de congestión en la transmisión tenderá a disuadir la instalación de nuevos proyectos renovables en esa área geográfica. Frente a ello, las empresas han reaccionado instalando almacenamiento. De hecho, si se incluyen las baterías en operación, en pruebas y en construcción, en poco tiempo se habrá instalado el equivalente a unos 3GW. Estas baterías almacenan energía durante las horas del día, en que el precio es bajo (debido a la producción solar y la congestión), para descargarla en horas de la tarde y noche, cuando los precios son altos. El almacenamiento permite así un mejor uso de la red, haciendo posible, en alguna medida, adecuarse al retraso en la construcción de líneas. Pero la capacidad de transmisión existente arriesga coparse incluso de noche, evidenciando la urgencia de este proyecto.
La preocupación por eventuales retrasos se origina en la maraña de permisos burocráticos, autorizaciones y medidas extralegales que hoy afectan el desarrollo de las iniciativas de inversión. La propia empresa informó hace unos días en la comisión de Economía del Senado su estimación de que, una vez obtenida la respectiva Resolución de Calificación Ambiental, necesitarán de casi 5 mil permisos entregados por distintas reparticiones para poder sacar la obra adelante. También calculan que, del tiempo total que tomará la concreción del proyecto, más de la mitad corresponderá a trámites. Pero eso no es todo. La experiencia igualmente indica que muy probablemente la iniciativa deberá enfrentar la oposición oportunista de propietarios de terrenos, de autoridades locales que intentarán sacar provecho político y de grupos ambientalistas miopes (considerando que el gigantesco beneficio ambiental de la línea supera sus limitados costos ambientales locales). En el pasado, estos actores, a su vez, se han beneficiado de un activismo judicial que ha hecho valer discutibles interpretaciones de la ley.
Es a la luz de aquello que resulta difícil pensar que propuestas como la del proyecto sobre permisología que se tramita en el Congreso, si bien valiosas, puedan ser suficientes para agilizar los procesos. Y es que se requieren cambios radicales en algunas áreas. Desde luego, un punto fundamental es definir al inicio de la tramitación de un proyecto quiénes pueden participar como contrapartes en las consultas ciudadanas o indígenas. Esto debe realizarse con criterios amplios, pero incluyendo solo a personas o comunidades efectivamente afectadas, y no a quienes puedan tener motivos oportunistas o ideológicos. A su vez, los acuerdos alcanzados en el diseño de un proyecto y las correspondientes mitigaciones no deberían poder modificarse más que por acuerdos entre las partes. En tanto, los criterios de evaluación medioambientales deberían ser lo más objetivos posibles, evitando exigencias que vayan más allá de lo razonable. Tampoco debería considerarse digno de protección patrimonial todo objeto descubierto en una obra —como botellas o piezas de loza relativamente recientes—, sino solo aquellos de genuino interés arqueológico. Y, por supuesto, los tribunales no deberían pasar por encima de los procedimientos y las leyes para hacer valer sus opiniones. Una opinión personal —no jurídica— de un juez no es más relevante que la de cualquier ciudadano y no debe guiar sus decisiones.
Fuente: El Mercurio, Martes 24 de Diciembre de 2024
