ESTRATEGIA – Tras la COP-29, celebrada en Azerbaiyán, el desafío global de convertir los acuerdos en acciones concretas resuena con fuerza en Chile. El “Pacto para el Futuro”, adoptado como resultado de esta cumbre, establece un marco ambicioso para enfrentar el cambio climático, promover la justicia social y desarrollar infraestructura sostenible. En este contexto, la participación ciudadana se destaca como un eje fundamental para materializar esas metas.
El “Pacto para el Futuro” reconoce que los retos actuales requieren un enfoque inclusivo que incorpore a todos los sectores de la sociedad. Para Chile, esto implica trascender las esferas gubernamentales y asegurar que comunidades, empresas y organizaciones civiles desempeñen un papel activo en la implementación de estas metas. La integración ciudadana no solo fortalece la legitimidad de las decisiones, sino que también enriquece las soluciones, adaptándolas a las realidades locales.
El despliegue de infraestructura sostenible es una de las prioridades del acuerdo. Sin embargo, construir infraestructuras resilientes no es suficiente: estas deben reflejar las necesidades de las personas. En Chile, esto significa incluir a las comunidades en el diseño de proyectos que impulsen el transporte limpio, la eficiencia energética y la equidad territorial. El diálogo activo puede garantizar que las obras estratégicas que también promuevan cohesión social.
El documento final de la conferencia subraya la relevancia de fortalecer la participación ciudadana como motor del cambio. La inclusión de jóvenes, mujeres y las comunidades no es solo un compromiso ético, sino una estrategia efectiva para maximizar el impacto de las políticas públicas. Este legado representa una oportunidad para que Chile lidere con el ejemplo en América Latina, mostrando cómo la participación puede ser una fuerza transformadora.
En tiempos donde la confianza en las instituciones enfrenta retos considerables, la participación ciudadana emerge como un medio para reconstruir este vínculo esencial. Procesos de toma de decisiones transparentes y colaborativos no solo generan legitimidad, sino que también fortalecen el tejido social. Nuestro país tiene la oportunidad de demostrar cómo un modelo de gobernanza inclusivo puede ser clave para cumplir los compromisos del “Pacto para el Futuro”.
Así lo han estado haciendo algunos ministerios, al alero de la ley 20.500 que regula esta materia, un ejemplo de lo anterior es trabajo participativo que se han desarrollado en el MOP, donde en 2023 se destacó lo desarrollado por la Dirección de Obras Portuarias en el estudio “Experiencias de buenas prácticas de participación ciudadana en la gestión pública”, de la División de Organizaciones Sociales.
En definitiva, para Chile, este acuerdo no solo brinda un marco de acción, sino que también resalta la importancia de construir un futuro donde las comunidades es protagonista. Ahora, el reto es traducir esta visión, con políticas inclusivas, infraestructura estratégica y una participación ciudadana que impulse un desarrollo más justo y sostenible.
Antonia Bordas C. Geógrafa, Asesora CPI
Paulo Muñoz, Cientista Político, Asesor CPI
Fuente: Estrategia, Martes 10 de Diciembre de 2024
