EL MOSTRADOR – En los últimos años, prestigiosos economistas chilenos han señalado la necesidad de una estrategia de desarrollo para nuestro país, evocando el debate iniciado hace tres décadas con el Consenso de Washington. Este conjunto de principios, promovido por el FMI y el Banco Mundial, alentó a los países en desarrollo a limitar el gasto público, privatizar industrias estatales y abrir sus mercados, con la expectativa de lograr estabilidad, crecimiento y reducción de la pobreza.
Aunque estas políticas beneficiaron a algunos países, incluido Chile, también generaron altos costos sociales. Los críticos argumentaron que, al impulsar una liberalización rápida y generalizada, estas políticas aumentaron la desigualdad y debilitaron las protecciones sociales, ignorando las particularidades económicas.
Hoy, el pensamiento económico ha evolucionado. Se reconoce que el libre mercado, aunque importante, no es suficiente para garantizar el desarrollo equitativo y sostenible. En su lugar, se reconoce la importancia de políticas adaptadas a cada contexto, con crecimiento inclusivo y resiliente, que incorpore el bienestar social y ambiental. Este enfoque es especialmente crucial para Chile, inmerso en un entorno global cada vez más complejo.
En esta línea, el ensayo de Dani Rodrik y Joseph E. Stiglitz (2024), A New Growth Strategy for Developing Nations, invita a los países en desarrollo a redirigir sus esfuerzos hacia una transición verde y a fortalecer los servicios de empleo intensivo. Argumentan que los avances tecnológicos y el cambio hacia una economía baja en carbono han debilitado el modelo de crecimiento basado en la manufactura orientada a la exportación que en su momento impulsó los “milagros económicos” de Asia Oriental.
Para responder a esta nueva realidad, destacan la importancia de invertir en energías renovables y mejorar la productividad de sectores como la educación, salud y comercio local. Aunque estas áreas presentan desafíos, también ofrecen oportunidades de crecimiento y empleo, especialmente si se cuenta con financiamiento adecuado y cooperación internacional.
Para Chile, esto significa apostar por una diversificación económica que trascienda su dependencia histórica del cobre. Con abundantes recursos para la generación de energía solar y eólica, el país puede posicionarse como líder regional en energías renovables. Este tipo de inversión no solo generará empleo, sino que también reducirá la vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios de las materias primas, fortaleciendo la resiliencia económica y ambiental.
Además, potenciar sectores de servicios intensivos en mano de obra, como salud, educación y comercio local, abrirá nuevas oportunidades para los sectores más vulnerables de la población.
En este contexto, las Asociaciones Público-Privadas (APP) surgen como herramientas clave para alcanzar estos objetivos de manera eficiente. Las APP permiten que el sector público aproveche la experiencia, los recursos e innovación del sector privado para desarrollar infraestructura verde y modernizar servicios públicos. Además de compartir riesgos, estas asociaciones facilitan la implementación de grandes proyectos que serían inalcanzables únicamente con recursos estatales.
No obstante, para maximizar su impacto, Chile debe implementar marcos regulatorios sólidos que alineen estas iniciativas con los objetivos de desarrollo sostenible y garanticen beneficios amplios.
Las APP también pueden ser esenciales para mejorar la calidad y eficiencia en servicios como la salud y la educación. Al compartir conocimientos y tecnología avanzada, el sector privado puede contribuir a que nuestro país no solo mantenga su competitividad, sino que también logre una distribución equitativa de los beneficios del desarrollo. Para que estas asociaciones sean sostenibles y efectivas, es crucial que Chile aprenda de las mejores prácticas internacionales y adapte las estrategias a las necesidades y capacidades locales.
Fomentar una colaboración efectiva con el sector privado y apoyar el desarrollo de industrias estratégicas, es clave para que Chile pueda aprovechar esta coyuntura para liderar un modelo de crecimiento inclusivo que responda tanto a las demandas sociales como a las exigencias ambientales. Nuestro país enfrenta una oportunidad histórica para redefinir su camino, y aprovecharla requerirá visión, adaptabilidad y el compromiso de construir una economía que priorice el bienestar de todos sus ciudadanos y del entorno.
Fuente: El Mostrador, Miércoles 20 de Noviembre de 2024
