PULSO – Un paso importante dio la semana pasada el proyecto de permisos sectoriales o permisología. La Cámara de Diputados lo aprobó con 131 votos a favor y lo despachó a su segundo trámite legislativo al Senado.
El proyecto busca agilizar el otorgamiento de las autorizaciones necesarias para desarrollar proyectos de inversión, disminuyendo la excesiva burocracia estatal. El objetivo final es aumentar la productividad e inversión en el país.
La iniciativa contempla todos los permisos no ambientales necesarios para el desarrollo de proyectos y actividades en áreas reguladas, los cuales son tramitados por 37 tipos de servicios, asociados a 16 ministerios.
Las autorizaciones sectoriales constituyen instrumentos de regulación que abarcan múltiples sectores, permitiendo conciliar el desarrollo de actividades económicas como la salud, la protección del medio ambiente o la seguridad.
La meta que se ha propuesto el gobierno es que con esta norma se reduzca al menos en un 30% los tiempos totales de tramitación de un proyecto de inversión y hasta 70% los tiempos para proyectos de menor envergadura .
Una de las modificaciones principales que ha hecho el Ejecutivo al proyecto original, es cambiar la institucionalidad, lo que permitió destrabar el debate. La propuesta inicial creaba un nuevo organismo para coordinar la tramitación sectorial, que tenía como objetivo velar por el cumplimiento de las normas de tramitación, y liderar y guiar a los servicios en la constante mejora del marco normativo de los permisos sectoriales. Esa nueva agencia iba a estar integrada por 39 personas y sería independiente del gobierno de turno. El principal reparo que hubo por parte de la oposición fue que se seguían generando organismos públicos, lo que significaba mayores recursos.
Ante ello, el gobierno cambió esa institucionalidad por una más acotada. Lo primero que se hizo fue optar por el fortalecimiento de una repartición interna del Ministerio de Economía. Así, será una sección dependiente y alojada dentro de esa secretaría de Estado. Esto permitió destrabar el debate y el proyecto avanzó.
Otro de los temas que se discutió fuertemente en la Cámara y que seguramente tendrá la misma tónica es la aplicación de multas. El proyecto establece que, si se registrara un incumplimiento de los plazos dispuestos de manera injustificada, se procederá a sanciones disciplinarias a los jefes respectivos. Para ello se avanzará en un sumario llevado a cabo por la Contraloría. Este punto no ha sido patrocinado por el gobierno, sino más bien todo lo contrario.
La recepción en el Senado
La Comisión de Economía será la instancia que comenzará a analizar el proyecto, y por ello, se espera que este martes el ministro de Economía, Nicolás Grau, asista a esta instancia.
Dado este escenario, el presidente de la comisión, José Manuel Rojo Edwards (Social Cristiano), se refirió a la recepción de esta iniciativa por parte de la comisión. Lo primero que menciona es que va “en la dirección correcta, y por lo tanto, nuestra intención es fortalecerlo”. Si bien espera que “avance lo más rápido posible” plantea que “queremos que sea un proyecto serio y que efectivamente termine con la traba a la inversión que se ha creado con un sistema de permisos absolutamente burocrático y anti inversión”.
El senador Edwards acotó que la institucionalidad de la iniciativa será un tema a tratar. “No me cabe ninguna duda que en el Senado vamos a querer hacer mejorar a la institucionalidad. Si bien se mejoró mucho en la Cámara de Diputados, será materia que se va a discutir.”
El presidente de la Comisión también comentó otras posibles modificaciones al proyecto. Entre ellas mencionó el revisar los permisos que están dentro de esta ley marco, conocer cuáles son las declaraciones juradas que permiten avanzar más rápido con ciertos permisos, especialmente para las Pymes y cómo mejorar materias específicas de permisos específicos.
Uno de los tema que resaltan los legisladores de oposición son los incentivos y sanciones para los funcionarios de servicios en caso de incumplimiento de plazos de tramitación.
En este punto, el senador UDI Gustavo Sanhueza consideró relevante esta modificación y está en desacuerdo con la postura del gobierno que no lo apoya. “La explicación que da el gobierno es muy básica. Esto va a incentivar a que, o se rechacen por rechazarlo para cumplir el plazo o que se aprueben por aprobarlo para cumplir el plazo. Eso es no reconocer la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos en el desarrollo de sus labores. Una ley que no tiene incentivos, que no tiene sanciones, finalmente termina siendo letra muerta”, explicó el senador Sanhueza.
Mientras que el senador Gastón Saavedra (PS) tiene una posición diferente: “A través del garrote no me gusta mucho. También puede haber otros tipos y otras formas de incentivos. Eso hay que estudiarlo y hay que ver hasta dónde está dispuesto el Ejecutivo. También hay que conversarlo con los trabajadores y representantes de estas instituciones”, subrayó.
Para Edwards, se deben fijar “sanciones específicas para quienes sean responsables porque Chile no puede seguir secuestrado en sus posibilidades de progreso porque algunas personas simplemente no hacen su trabajo”. Sin embargo, el mecanismo específico será materia de discusión”.
Para la senadora Loreto Carvajal (PPD) “es una buena señal que proyecto de ley haya tenido una amplia mayoría para su aprobación en la Cámara de Diputados”. En ese contexto, sostuvo que “en la Comisión de Economía del Senado revisaremos con especial atención la nueva institucionalidad y cómo se respeta las capacidades técnicas de las instituciones públicas que participan del proceso de evaluación ambiental, cómo se refuerza su profesionalización, de tal manera que el compromiso de disminuir los tiempos de tramitación no sea sobre la base de un debilitamiento técnico del proceso de evaluación”.
El senador independiente pro RN Kenneth Pugh planteó que “siempre es posible contribuir para mejorar los proyectos de ley. Este es precisamente el rol que cumple la cámara revisora, de aportar otra mirada. Revisaremos no solo la institucionalidad, sino todo aquello que contribuya a simplificar y evitar repeticiones o pasos que se pueda aplicar la confianza digital, al disponer de Interoperabilidad”.
Con respecto a las sanciones a aquellas jefaturas que incumplan los plazos, dice que “es fundamental aplicar la simplificación de procesos. Entender y estudiar la naturaleza de cada una de las etapas y comprender si son necesarias hoy en un ambiente en donde la tecnología da confianza digital”.
Para el legislador, “si queremos atraer inversión y queremos desarrollar al país debemos simplificar y acelerar los tiempos para todos los permisos”.
Fuente: Pulso, Lunes 07 de Octubre de 2024
