EL LIBERO – Han pasado dos años desde la entrada en vigor del nuevo Código de Aguas en abril de 2022, lo que marcó un hito en la historia legislativa de nuestro país debido a los cambios que introdujo después de casi una década de acuerdos y desacuerdos. La megasequía que azota Chile desde el año 2010 no muestra señales de desaparecer y es parte del fenómeno del cambio climático. Si bien el 2023 calificó como normal en cuanto a precipitaciones, las predicciones para este año son bastante pesimistas. Este grave escenario hídrico, junto con la dramática lentitud del Estado para definir una política hídrica y un plan de acción consensuado entre todos los actores, siguen aumentando la competencia y la conflictividad social por el uso de las aguas, particularmente en la zona de transición hídrica (regiones de Coquimbo al Maule).
Durante estos dos años se observan avances en diferentes ámbitos, los que conllevan grandes desafíos para contribuir a la seguridad hídrica. En la tribuna de hoy, mencionaremos tres que nos parecen particularmente relevantes de impulsar y potenciar.
Primero, se avanzó en la elaboración de los Planes estratégicos de recursos hídricos (PERH) para 48 cuencas del país hasta fines del 2022. El objetivo de los PERH es constituirse en “planes maestros” para orientar tanto las inversiones como las gestiones de corto, mediano y largo plazo en cada una de las 101 cuencas existentes en Chile. Sin embargo, el desafío es lograr su legitimación por parte de todos los actores involucrados y así lograr un adecuado conocimiento y posterior implementación, lo que ha sido hasta ahora un Talón de Aquiles. Dicha tarea es un gran desafío en sí misma, más allá de las complejidades técnicas y de necesidad de recursos que pueda significar la implementación de dichos planes. Asimismo, es necesario desarrollar los PERH para las cuencas remanentes.
Segundo, hay avances respecto del uso sustentable de las aguas subterráneas. Durante este tiempo, se han declarado nuevos sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común (SHAC) como área de restricción o zona de prohibición debido a que se ha visto afectada su sustentabilidad, ya que la presión sobre los recursos hídricos subterráneos es creciente dada la escasez de recursos hídricos superficiales. Ello implica que la DGA (Dirección General de Aguas) del MOP no podrá otorgar nuevos derechos de aguas definitivos ni temporales, respectivamente, y que los titulares de derechos de agua existentes deberán implementar sistemas de monitoreo de extracciones efectivas (MEE) y transmitir la información en línea a la DGA para su revisión y análisis. Con dicha información se podrá lograr una mejor modelación y predicción del comportamiento de los SHAC, permitiendo una reducción de extracciones para volver a niveles sustentables, si fuera necesario.
Además del control que ejerza la DGA, es clave el rol de las organizaciones de usuarios de aguas, en este caso concreto, de las comunidades de aguas subterráneas (CASub). Una vez que el SHAC ha sido declarado bajo restricción o prohibición, debe constituirse obligatoriamente una CASub. Según información de la DGA, en el año 2023 había 207 SHAC en dicha condición, de un total de 352 a nivel país. Sin embargo, es claro que dicha norma no se ha aplicado como corresponde puesto que, según información de la DGA, a mediados de 2022, solo había 15 CASub constituidas. Es decir, solo el 7 % de los SHAC bajo restricción o prohibición contaban con una CASub constituida. Esto es preocupante puesto que dichas organizaciones cumplen un rol fundamental en la instalación y mantención de los sistemas de medición de caudales y volúmenes extraídos, de control de niveles freáticos y del sistema de transmisión de la información que se obtenga a la DGA.
Esta gran brecha en materia de constitución de CASub debería haberse ido reduciendo significativamente desde la publicación del nuevo Código de Aguas, ya que estableció un plazo de 3 años (abril 2025) para iniciar los trámites para la constitución de estas organizaciones en sectores de acuíferos ya declarados bajo restricción o prohibición (dicho plazo fue prorrogado hasta julio 2026). Una vez vencido dicho plazo, la DGA ya no podrá autorizar cambios de puntos de captación a aquellos usuarios que no sean parte de la CASub, lo que puede afectar negativamente las decisiones de producción agrícola o abastecimiento de agua potable, entre otras. No se dispone de información respecto del ritmo de avance en la materia ni tampoco acerca de las facilidades existentes para la constitución de CASub.
Tercero y final, menciono un tema que, si bien no corresponde a la reforma del Código de Aguas, es de suma importancia para Chile: las iniciativas de Desalinización. Durante estos dos años se advierten avances tales como la promulgación de la Ley 21.639 que permite que el MOP pueda desarrollar proyectos de infraestructura hídrica y desalinización para consumo humano y usos multipropósito, además de riego. Es así como hoy la cartera de proyectos a licitar 2024-2026, de la Dirección General de Concesiones del MOP, contempla la licitación de plantas de desalinización en las regiones de Coquimbo (2024) y Rancagua (2026). En paralelo, hay diversos proyectos impulsados por empresas mineras, industriales y sanitarias, que se encuentran en distintas etapas de avance a lo largo del país. Un desafío pendiente es la aprobación del proyecto de ley sobre uso de agua de mar para desalinización (Boletín N° 11608-09), que crea la figura de concesión para la extracción de agua de mar y uso del borde costero para desalinización, entre otras materias afines. Su tramitación se reactivó el año pasado, sin embargo, hoy está congelada debido a un conflicto entre el MOP y el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN), respecto de quién debe ser el responsable de otorgar dichas concesiones. Es de esperar que el Ejecutivo adopte una pronta definición al respecto.
En síntesis, los desafíos urgentes de abordar durante este 2024 en materia hídrica incluyen, al menos, destrabar la tramitación legislativa del proyecto de ley sobre el uso del agua de mar para desalinización, como también, acelerar acciones del sector público tales como licitar la concesión de plantas desaladoras (Coquimbo y Rancagua), socializar e implementar los planes estratégicos de recursos hídricos, y dar un decidido apoyo para cerrar la brecha en materia de constitución de comunidades de aguas subterráneas.
Fuente: El Libero, Miércoles 10 de Abril de 2024
