EL PAÍS – Las dos administraciones acuerdan financiar con fondos europeos y por valor de 500 millones dos nuevas desalinizadoras en Cataluña.
El Gobierno y la Generalitat de Catalunya han avanzado este lunes en la logística para proceder al envío de agua desde la planta desaladora de Sagunto (Valencia) hasta Barcelona si la actual sequía persiste más allá de la primavera. El Gobierno pagará la producción del agua desalinizada, mientras que la Generalitat se encargará de financiar el transporte mediante barcos. Así lo han acordado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el consejero de Acción Climática, David Mascort, que se han reunido en Barcelona. Además han acordado desencallar la financiación de dos nuevas plantas desaladoras en Cataluña, una justo al lado de la que ya funciona en Blanes (Girona) y la otra en Cubelles (Barcelona).
Las dos administraciones llevan desde abril trabajando para encontrar soluciones y garantizar el abastecimiento de agua en Cataluña, que sufre desde hace más de tres años la sequía más grave desde que hay registros. La planta desaladora de Sagunto (Valencia), propiedad de Acuamed, será una solución más para Cataluña si la sequía continúa agravándose. “Es la opción más eficaz. Los recursos que obtendremos de esta infraestructura no compiten con los usos locales”, ha afirmado la ministra en un intento de no levantar ampollas en la Comunidad Valenciana.
La desaladora produce actualmente ocho hectómetros cúbicos anuales, lo que representa el 10% de su capacidad, según el Gobierno. Esta planta generaría en 12 horas hasta 20.000 metros cúbicos por día que se transportarían mediante barcos a uno de los depósitos de Aigües de Barcelona. Si se alcanza esta capacidad, el agua enviada desde Valencia representará un tercio del consumo de una ciudad como Barcelona. El Gobierno pagará la producción y, el Ejecutivo de Pere Aragonès, el transporte. La idea es que cada día pueda llegar un barco a Barcelona, aunque se podría ampliar hasta dos embarcaciones.
En Cataluña hay dos desalinizadoras que aportan hasta 80 hectómetros cúbicos al año de agua potable, lo que equivale al consumo de cuatro meses de toda la región metropolitana de Barcelona. Una es la de la Tordera, que funciona desde 2002 y cuya ampliación, prevista en este acuerdo, empezará a producir recursos en 2028. La otra se sitúa en el Llobregat y es la más grande Europa destinada al abastecimiento urbano, con una capacidad de producción de hasta 60 hectómetros cúbicos.
Más allá del acuerdo para el envío de agua con buques, el Gobierno ha informado este lunes que financiarán con los fondos europeos Next Generation las nuevas desaladoras previstas para Cataluña en Blanes (Girona) y en Cubelles. El proyecto costará alrededor de 500 millones de euros. “Este Gobierno hará todo lo que esté en su mano para poder garantizar el abastecimiento de agua para la población”, ha subrayado Ribera en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha tenido con el consejero catalán de Acción Climática, David Mascort. Acuamed, empresa que trabaja con el Estado, licitará las obras de las desaladoras.
La ampliación de la desaladora de Tordera costará 287 millones de euros y la previsión es que empiece a funcionar en 2028 para producir 60 hectómetros cúbicos anuales. La nueva infraestructura de Foix aportará 20 hectómetros cúbicos y estará lista en 2029 por un valor de 180 millones de euros. Ambas funcionarán con energías procedentes de una planta fotovoltaica para reducir el coste de producción. “Es una buena noticia para el país que a corto plazo podamos tener más recursos para enfrentarnos a periodos de sequía”, ha afirmado Mascort.
Aunque las obras las licite Acuamed, la titularidad de las infraestructuras será de la Generalitat, que preside Pere Aragonès. Sobre la recuperación de la inversión, Mascort ha explicado que en todas las inversiones de las infraestructuras de agua “todos los costes se tienen que recuperar”. Fuentes del Govern explican que este tipo de inversiones “no permiten ser amortizadas con dinero público”, por lo que, previsiblemente, el sobrecoste de estas medidas excepcionales acabarán impactando en la factura del agua.
Mascort descarta el trasvase del Ebro
El consejero catalán ha recalcado que “no habrá trasvase del Ebro” para garantizar el abastecimiento del área de influencia de Barcelona. Ha insistido que con las infraestructuras de Tordera y Foix, junto con el agua regenerada y los recursos del río Besòs, se generarán más de 400 hectómetros cúbicos para el suministro de agua de boca.
Silvia Panenque, la diputada socialista responsable de la sequía, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre las dos administraciones al tiempo que ha afirmado que el Govern no ha preparado a Cataluña para transitar por esta situación de excepcionalidad. La diputada ha señalado que los presupuestos de 2023 ya contemplaban inversiones de 700 millones para infraestructuras como el caso de la regeneradora del Besòs y que ahora el Ejecutivo está aplicando modificaciones puntuales como aumentar de 50 a 100 millones las ayudas a los entes locales. El acuerdo con el Ministerio supondrá liberar 165 millones de euros que los socialistas espetan que se reinviertan para combatir la sequía. “Ofrecemos colaboración, pero le pedimos al consejero claridad en las instrucciones. Este es un momento de incertidumbre”, ha afirmado.
Fuente: El País, Lunes 5 de Febrero de 2024
