LA TERCERA – Una serie de medidas de seguridad fueron las que anunció la mañana de este jueves el Presidente Gabriel Boric; sin embargo, el mayor de estos anuncios fue que el Mandatario citó para el próximo lunes al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Instancia regulada constitucionalmente y que tiene la particularidad de estar integrada por los miembros de las Fuerzas Armadas y del resto de los poderes del Estado para asesorar en materia de seguridad a la máxima autoridad.
Aquello tal y como ocurrió el 2019, la última vez que se citó a este consejo, durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, debido al estallido social de aquel año. En esta ocasión, y pese a los cuestionamientos iniciales del oficialismo, el Presidente Boric lo hace en medio de la crisis de seguridad que afecta al país. Tal y como lo anunció el Mandatario, la iniciativa tendrá un objetivo en específico: revisar cómo implementar el proyecto de Ley de Infraestructura Crítica.
La iniciativa legislativa ingresada por el Ejecutivo en agosto del año pasado al Senado busca, entre otras cosas, “establecer los criterios para la determinación de la infraestructura crítica del país”, la cual faculta al Presidente a entregar el resguardo de la seguridad de ciertos puntos del territorio nacional a las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Iniciativa que está siendo discutida en sus primeras fases en la Cámara Alta.
“He decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, para el próximo lunes, a primera hora, para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que nos permitirá contar con dotación militar donde haya que reforzar la acción de las policías”, señaló el Mandatario desde Estación Central.
Desde agosto del 2023, la Comisión de Defensa del Senado analiza el denominado proyecto de infraestructura crítica, el cual ha sido calificado por el propio Boric como un proyecto complejo. Entre otras cosas, la iniciativa entrega la seguridad de ciertos lugares importantes de las FF.AA., así como también regula la fuerza con la que estas deben actuar. Junto con eso, cambia la definición de las fuerzas militares sobre el rol que estas tienen en materia de seguridad.
El proyecto inicialmente busca y define lo que es una infraestructura crítica que debe ser resguardada por los militares. En esa línea la normativa -de ser aprobada- establecería una serie de criterios para determinar qué lugares se entienden como aquello; sin embargo, en el proyecto se definen que estas son las infraestructuras que son las “indispensables para la generación, transmisión, transporte, producción, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, gas, agua o telecomunicaciones; la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud”.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo además establece varios instrumentos para la planificación y gestión de esta normativa, así como también se establecen los criterios que deberá cumplir un lugar para que cuenten con el resguardo de las FF.AA. En ese sentido, se destaca la disponibilidad de equipos de seguridad que tenga un lugar, la vulnerabilidad de las instalaciones, la cantidad de personas afectadas, el impacto económico que este lugar tiene, el impacto “en la reputación del Estado”, entre otros.
Además de eso, se establecen varios planes que deberá crear el Ministerio del Interior para poder aplicar la ley de infraestructura crítica, ya sea a nivel nacional como regional.
Y es que es precisamente esa regulación de las Fuerzas Armadas en el resguardo de seguridad lo que ha estado en el debate público durante el último tiempo. Desde la oposición, e incluso algunos miembros del oficialismo, han planteado que se decrete estado de excepción en la Región Metropolitana, tal como ocurre en la Macrozona Sur o en la frontera norte.
Pese a eso, el subsecretario Monsalve aseguró la mañana de este jueves que al gobierno le parece que las zonas urbanas “tiene que tener una regulación particular, y esa es la ley de infraestructura crítica; yo creo que el Presidente va a consultar respecto a esa determinación que él tiene (…) tiene la determinación de pedir que esto se pueda tramitar con la mayor prontitud posible en el Congreso”.
La regulación del proyecto de infraestructura crítica otorga la facultad al Presidente de mandatar a las FF.AA. además de hacerse cargo de la seguridad de ciertas zonas, las funciones y facultades de dichas instituciones que también están reguladas en la misma legislación. Por ejemplo, y a diferencia de un estado de excepción, la nueva normativa propone no suspender o limitar derechos.
El proyecto establece que el Presidente nombrará a un oficial general al mando de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y Orden Público, el que contará con las atribuciones de asumir el mando de las FF.AA. que se encuentren desplegadas, podrá disponer del control de las entradas y salidas de los perímetros establecidos como infraestructura crítica, así como también dictar las instrucciones y directrices de las operaciones militares de seguridad.
Además de eso, incluso, la iniciativa establece que las FF.AA. podrán realizar controles de identidad de cualquier persona que ingrese a las zonas definidas como infraestructura crítica, registrar vestimentas y vehículos, así como también realizar detenciones.
Uno de los puntos más controvertidos en la discusión sobre el empleo de militares para el resguardo de la seguridad, son las facultades y normativas sobre el uso de la fuerza a la hora de operar. Incluso, aquello ha derivado en que el Ejecutivo enviara al Congreso un proyecto que regula específicamente aquel punto.
Pese a que se trata de una iniciativa aparte que también está en el Poder Legislativo, el proyecto de infraestructura crítica también establece cómo deben operar las FF.AA, bajo los principios de las reglas de uso de la fuerza. Se norma que estos podrán emplear disuasivamente vehículos, porte de armas y que deberán identificarse como funcionarios de alguna de estas instituciones, podrán utilizar elementos fumígenos -como granadas de humo, gas pimientas, etc.-, así como también emplear dispositivos no letales como bastones, proyectiles de pintura, etc.
También podrán emplear armamento antidisturbios “sin disparar a quemarropa ni apuntar directo al rostro, evitando apuntar a la parte superior del torso”, además de “preparar el arma de fuego con clara intención de utilizarla”.
Por último, se estipula que se podrán usar armas “como último recurso, cuando las medidas anteriormente señaladas resultaren insuficientes, y solo en el caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se apresten a utilizar armas de fuego u otras armas letales, o pongan en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas, y no pueda reducirse o detenerse a la persona aplicando medidas menos extremas”.
Fuente: La Tercera, Viernes 2 de Febrero de 2024
