PULSO – En una encuesta reciente, en la que participaron casi 130 líderes de opinión y actores del área económica, financiera y empresarial de Chile, se eligió la “permisología” como la palabra del año. La razón no es una feliz, pues el concepto surgió para poner en relieve lo difícil que es en Chile obtener los permisos para echar a andar un proyecto. Lamentablemente, hoy no hay quien niegue que la aprobación de proyectos estratégicos se ha vuelto excesivamente trabajosa, arbitraria e imprevisible.
Según un informe de la Comisión Nacional de Productividad, un proyecto minero demora, en promedio, más de ocho años en empezar a operar. De ese plazo, más de seis corresponden a la fase de obtención de permisos. En el caso de una planta desaladora son más de once años en total, de los cuales casi nueve se asocian a la obtención de permisos. Acortar estos plazos podría significar mayores ingresos para el Estado, empleo formal en las regiones en que estos proyectos se emplazan y recursos fundamentales para la transición energética y la electromovilidad.
El consenso es cada vez más evidente: hace algunas semanas el presidente Boric afirmó que estos procesos se han vuelto “irracionales” e “incoherentes”, y los principales gremios empresariales los identifican como la principal prioridad para retomar una senda de crecimiento económico. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló hace algunos meses que el tema les “preocupa y casi desespera” y proyectos de ley que reforman los sistemas de permisos sectoriales y ambientales se han transformado en las principales responsabilidades de los ministros de Economía y Medio Ambiente, respectivamente. De hecho, hace ya varias semanas se anuncia como inminente el envío de dos proyectos de ley que buscarían resolver el problema.
¿Pero, cómo aterrizar estos consensos en cambios concretos, dado que se abrirá el debate? En materia de permisos sectoriales bien podríamos mirar los casos de España, Portugal e Israel, que redujeron de forma notable la complejidad de sus sistemas de permisos sin bajar sus estándares ambientales. Digitalización de procesos, reemplazo de autorizaciones menos sensibles por declaraciones juradas y la implementación de evaluaciones de impacto regulatorio por parte de organismos independientes, son algunos de los cambios que permitieron esas mejoras.
En materia ambiental es urgente reducir la incertidumbre. Esto implica, por supuesto, rebajar los plazos de aprobación, pero también que los proponentes tengan claridad de forma temprana de si el proyecto es compatible o no con la vocación productiva del territorio y aceptable para sus comunidades. Hoy, esa incompatibilidad se puede determinar en la última etapa, lo que es un desperdicio de tiempo y recursos. Una tramitación ambiental en dos etapas, donde la primera defina qué tipo de proyecto es viable en el lugar donde se busca emplazar y la segunda, de carácter técnico, defina el cómo y bajo qué condiciones, ayudaría a reducir la incertidumbre que desincentiva la presentación de proyectos ambiciosos y positivos para el país.
Que el 2024 sea el año de la permisología, para que nunca más tenga que serlo. Si logramos transformar estos consensos aparentes en contenidos concretos de mejoras de nuestro sistema, quizás a fines del 2024 podamos tener la confianza de que la permisología nunca más será tristemente elegida como el “concepto del año”.
El autor es director de Asuntos Legales e Institucionales en Pivotes.
Fuente: Pulso, Martes 09 de Enero de 2024
