EL PAÍS – El Govern ha decretado el estado de preemergencia por sequía, una decisión que implica restricciones de agua más severas en la zona cubierta por el sistema Ter-Llobregat, que abastece a cerca de seis millones de habitantes de 202 municipios del área metropolitana de Barcelona y de parte de Girona. A partir de ahora, estos municipios no podrán consumir más de 210 litros por persona y día, incluyendo domicilios y actividades económicas y comerciales, y estarán sometidos a restricciones como la prohibición de llenar piscinas o regar con agua potable jardines, calles o vehículos. Este estado de prealerta tiene como objetivo alargar en lo posible las escasas reservas de agua que quedan y preparar a la población para la declaración de emergencia, que se prevé a finales de diciembre y que puede incluir cortes de suministro como los que ya han sufrido unas 70 localidades catalanas en los últimos meses.
A esta situación se ha llegado después de 36 meses seguidos de la que ya es la peor sequía desde que se tienen registros. En los últimos tres años apenas han llovido 1.400 litros por metro cuadrado, 500 menos de lo habitual, y los dos últimos años han sido los más cálidos, con una temperatura media que en 2022 se situó dos grados por encima de la esperable. Lo que ocurre con el clima confirma que nos encaminamos a un escenario de carencias hídricas más o menos permanente y que las infraestructuras no están preparadas para hacerle frente. Si esta crisis se ha podido soportar hasta ahora, con sacrificios, pero sin grandes pérdidas económicas, ha sido gracias a las construidas, o ampliadas, tras la anterior sequía: dos grandes desalinizadoras, la del Tordera y la del Llobregat, y sistemas de reaprovechamiento del agua utilizada.
Reducir y reutilizar son las palabras clave del futuro. Rebajar en lo posible el consumo y aprovechar mejor el agua utilizada es también la receta que contempla el plan de la Generalitat para los nuevos escenarios de déficit hídrico. Pero para que pase del proyecto a la realidad será preciso aumentar considerablemente la inversión y una mayor determinación política a la hora de implementar las soluciones, como una nueva desalinizadora prevista en Blanes antes de 2027 y otra más en las comarcas del Ebre, sin fecha ni ubicación todavía, además de 25 plantas regeneradoras adosadas a las actuales depuradoras.
El problema de estas soluciones es que implican un elevado uso de energía, lo que encarecerá el coste del suministro. De hecho, ya se ha autorizado a la empresa pública Aigües Ter Llobregat, que facilita los caudales necesarios a las empresas comercializadoras, a aumentar sus tarifas un 33% en 2024. Dada la desproporcionada repercusión que el coste de los servicios básicos del hogar tiene sobre las rentas más bajas, será necesario pensar también en medidas de ayuda para mitigar el impacto social de la falta de agua.
Fuente: El País, Jueves 23 de Noviembre de 2023
