PULSO – Uno de los temas que será analizado con meticulosidad en la discusión del Presupuesto 2024 serán los recursos que se le asignarán a los gobiernos regionales dado todos los problemas y mal uso en la asignación de proyectos a instituciones privadas ocurridas conocidos recientemente.
Dado este escenario, una de los temas a analizar será el estado de avance de la ejecución presupuestaria en las regiones. De acuerdo a las cifras de ejecución fiscal entre enero y julio, el avance es de 51,4%, que se compara con el 30,6% que había en este mismo período en 2022.
Las regiones más avanzadas son Valparaíso con 66% y la Metropolitana con 60%. En 2022, en este mismo período el avance de la ejecución era de 31,7% y 34,7% respectivamente. Luego aparece Arica y Parinacota con 58,7% frente a 16,9% que había el año pasado. Le sigue Biobío con un estado de ejecución de 58,2% mientras que en 2022 a esta misma fecha era de 60,7%, Atacama con 56,9%.
En suma, hay 6 regiones donde se supera el 50% de ejecución a julio, mientras que en 2022 sólo había una región que superaba ese nivel de ejecución fiscal.
¿A qué responde este avance? De acuerdo a lo que ha señalado Hacienda en distintas presentaciones, en la ley de Presupuestos 2023 se fortaleció la capacidad ejecutora propia de los gobiernos regionales para que ellos mismos puedan llevar a cabo programas, además de incentivar la transferencia a entidades públicas por sobre a entidades privadas.
Esto, de acuerdo a Hacienda, llevó a modificar la forma en que se registran los recursos transferidos, para que fuera lo más similar a la que procede cuando se traspasan recursos entre organismos del gobierno central. Con esto se evita un mayor traspaso a entidades privadas y así evitar que se acelere la ejecución del gasto en la última parte del año, tal como sucedió en 2022.
De esta manera, se incorporó la posibilidad de que los gobernadores regionales elaborarán sus respectivas propuestas para los programas presupuestarios de funcionamiento y de inversión regional, para luego remitirlos a la Dirección de Presupuestos (Dipres) dentro de los 10 días posteriores a la publicación de esta Ley.
Luego de ese paso, la Dirección de Presupuestos tenía un plazo de 10 días para elaborar las respectivas resoluciones que fijen los presupuestos de funcionamiento y de inversión regional de cada gobierno regional. Asimismo, los gobiernos regionales podrán ejecutar los compromisos financieros adquiridos en periodos presupuestarios anteriores y los gastos asociados a su funcionamiento, a contar del 1 de enero del año respectivo.
Estos cambios de inmediato comenzaron a tener efectos en la ejecución del primer trimestre de este año. Entre enero y marzo la ejecución fue de 20,8% ($293 mil millones), lo que se compara con el 9% de avance alcanzado en el mismo período del año pasado ($116 mil millones).
Fuente: Pulso, Martes 26 de Septiembre de 2023
