RADIO FUTURO – Durante la semana pasada, el presidente Gabriel Boric presentó el Pacto Fiscal, que pretende hacer pagar más, a quienes tienen más, de acuerdo a los mismos detalles que entregó el mandatario. El acuerdo pretende cobrar más impuestos, para cubrir prioridades ciudadanas de gasto público que están «insatisfechas o cubiertas de manera insuficiente», indicó.
En ese contexto y sobre cómo actúa el Pacto en materia de infraestructura nacional enrelación a la crisis hídrica, conversamos en Palabra Que Es Noticia con el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, Carlos Cruz.
¿Cuál sería uno de los temas centrales del Pacto Fiscal que apuntan en materia de infraestructura?
Desde nuestro punto de vista, la creación de la comisión asesora es lo más relevante. Sostenemos que parte del impulso que se debe dar a la inversión en infraestructura está relacionado con la falta de planificación. La comisión asesora reafirma la necesidad de invertir en infraestructura para recuperar el crecimiento del país, una demanda muy fuerte del mundo empresarial. Este enfoque incluye la inversión tanto en infraestructura pública como privada. Estamos satisfechos con este anuncio.
¿Y qué sucede con los permisos medioambientales?
Esta entidad permitirá coordinar adecuadamente los intereses del país, como por ejemplo, el crecimiento y las nuevas actividades relacionadas con el hidrógeno verde, junto con las regulaciones existentes para asegurar la sustentabilidad de estas iniciativas. Actualmente, nuestra institucionalidad es muy dispersa; hay muchas instituciones que no trabajan en función de objetivos compartidos ni regulan de manera efectiva. En el caso del hidrógeno verde, que es un objetivo nacional, debe primar sobre los intereses individuales. Esta coordinación permitirá equilibrar los intereses nacionales con los requisitos ambientales necesarios para desarrollar estas actividades. Esta es una demostración clara de la necesidad de coordinar las diversas instituciones regulatorias con los objetivos de inversión del país, con el fin de recuperar la tasa de crecimiento y la capacidad económica.
¿Dónde se debe enfocar el énfasis cuando este proceso avance?
Creemos que las prioridades están bien reflejadas. La crisis hídrica es fundamental, y en ese sentido, la inclusión en el plan de la desalinización del agua es importante. Hace poco, una planta desalinizadora se detuvo debido a problemas con la ubicación, lo cual destaca la importancia de centralizar las responsabilidades y coordinar diversas instituciones para garantizar la sustentabilidad sin perjudicar los proyectos de interés nacional. La desalinización es esencial para evitar problemas hídricos graves en el país.
Algunos expertos mencionan la falta de regulación para proteger las áreas donde se liberan las salmueras, lo que puede generar la muerte de especies. ¿Es así?
No es exactamente así, ya que este tema está regulado de manera bastante estricta. La salmuera que se descarga al mar debe ser arrojada lo más lejos posible de la costa y cerca de las corrientes marinas, lo cual es un requisito para las plantas de desalinización. El problema principal es la ubicación, ya que nuestro litoral no está regulado, lo que hace que la ubicación de estas plantas sea complicada. Existen superposiciones de solicitudes de concesiones y problemas de ordenamiento territorial. Los gobiernos regionales deben asumir la responsabilidad de coordinar esto, y la comisión creada debería ayudar a fijar prioridades y coordinar la ubicación de diversas iniciativas, como las plantas de desalinización. En el caso del hidrógeno verde, también es un tema controvertido, ya que involucra una inversión masiva en un territorio que carece de regulación. Se necesita un ordenamiento territorial para determinar dónde se ubicarán las torres de generación de energía con hidrógeno verde.
¿Quién debería encargarse de ese ordenamiento?
Actualmente, los gobiernos regionales tienen las facultades para este ordenamiento y deben hacerlo junto con las iniciativas nacionales, como las de infraestructura.
¿Los parámetros que se aplican para determinar los daños son definidos por las empresas y no por el Estado?
Es correcto, ya que no existe una línea de base definida por el Estado. Por lo tanto, las empresas son las encargadas de hacerlo, lo que plantea un problema significativo de responsabilidad. Si el Estado desea desarrollar actividades económicas relevantes, debe establecer condiciones mínimas para el desarrollo de esas actividades. El Estado debe asumir este rol en lugar de las empresas.
¿Qué ocurre con la planificación del metro y la construcción de nuevas líneas?
La extensión de la línea 9 del metro hacia una nueva zona es una buena noticia. Por lo general, las obras de infraestructura urbana se llevan a cabo para resolver problemas existentes, pero en este caso, la expansión del metro no solo resolverá problemas de demanda, sino que también generará nuevas áreas urbanas. Esto es una excelente noticia para el país.
Fuente: Radio Futuro, Miércoles 09 de Agosto de 2023
