LA TERCERA – Una brecha de 1,3 millones de viviendas a nivel nacional al 2030, según las proyecciones de Déficit Cero, es el desafío de proporciones que debemos ser capaces de enfrentar en favor de miles de familias que buscan dejar de ser allegados o acceder a un inmueble definitivo. La tarea es mayor, en especial, en una época en que el sector privado alerta por falta de financiamiento a empresas y familias.
Ante la crisis, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha planteado un plan de emergencia habitacional que tiene como meta levantar 640 mil viviendas en cuatro años. Pero ¿cómo se cumple con lo prometido? Una de las respuestas viene de la mano con la vivienda industrializada, solución que ya se ha puesto en marcha en Biobío, Lo Espejo y Renca, además de un conjunto en Recoleta, pronto a iniciarse.
La División Técnica del Minvu ya ha certificado a más de diez empresas que ya se dedican a este tipo de soluciones, las que contemplan el uso de materiales como madera, acero y hormigón armado. A esto se suma la innovación y motivación de las compañías que buscan hacer aportes. En los últimos meses, se han certificado diversos sistemas constructivos nuevos en paneles, edificios industrializados y cinco tipos de diseños de viviendas, los que pueden ser emplazados en forma rápida y eficiente, precisamente lo que se busca ante el déficit. La cartera pretende construir un total de 7.000 unidades industrializadas por año.
Hay varios ámbitos en los que debemos poner atención. Primero, el elemento arquitectónico no se debe dejar de lado a la hora de diseñar y elegir modelos viables para las diferentes zonas del país. No es lo mismo habitar una propiedad que cumpla estándares básicos, pero que sume elementos de un adecuado diseño, calidad y responsabilidad constructiva.
El objetivo es buscar nuevos formatos, crear espacios convertibles, que se adecúen al entorno climático con ahorro de energía, lo que implica encontrar soluciones durables y flexibles. Estos nuevos hogares deben estar insertos en áreas adecuadas en cada comuna, apartándonos de la vieja política de la vivienda social situada en la periferia o bien en áreas de riesgo.
Como segundo punto, persisten los desafíos administrativos. Ante el déficit, evitar la “permisología”: se avanza en agilizar las aprobaciones, con el objetivo de no entrampar el ritmo de entregas que se requiere, todo sin dejar de lado los estándares exigidos.
Entre otras acciones, esto implica considerar a las entidades privadas que colaboran eficientemente en este ámbito, sacándolas de los vaivenes políticos, concentrándonos en lo urgente y volviendo a trabajar de manera eficiente, también tomando en cuenta el siempre bajo presupuesto público.
Junto con esto, se intenta entonces incorporar a más actores, como las universidades, las fundaciones y las empresas gestoras y constructoras, algunas ya existentes y otras que se han creado para responder al llamado. La alianza público- privada debe dar frutos, más que nunca, en favor de los que más lo requieren.
Por Alberto Texido, académico Facultad Arquitectura Universidad de Chile, consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura
Fuente: La Tercera, Viernes 04 de Agosto de 2023
