DIARIO FINANCIERO – Hitos clave se asoman respecto a la actual institucionalidad medioambiental. El Gobierno se alista para presentar dos reformas relevantes: la ley corta para reformar el funcionamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), y un proyecto de ley para modificar la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (19.300) que involucra una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
En el primer caso, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, adelanta que a fines de este mes pasará por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y esperan a inicios de julio ingresarla al Senado. Esta tiene tres ejes: incentivos al cumplimiento; eficiencia y eficacia de la fiscalización y sanción; y descentralización.
“No todo el sistema recursivo se va a traspasar a Tribunales Ambientales. Seguirá existiendo una fase recursiva vía administrativa, que lo más probable es que suceda a través del SEA”.
Uno de los cambios es dotar a los directores regionales para que puedan resolver sanciones administrativas a nivel regional. Otro atañe a los ruidos molestos cuyas denuncias ante la SMA llegan al 47%: “Se hizo un trabajo para que sean los Juzgados de Policía Local los que en el fondo infraccionen estas denuncias y que quienes fiscalicen sea un trabajo en conjunto entre las municipalidades y la Superintendencia. Por lo tanto, no recaiga solo en esta última”.
En cuanto a la reforma al SEIA, Proaño enfatiza que les importa “construir un proyecto de ley viable en la tramitación del Congreso” y que el “trabajo prelegislativo es fundamental”. Precisa que tuvieron una primera ronda de diálogos y ahora están en una segunda fase de conversaciones con actores gremiales del sector privado, ONG, sociedad civil y la Asociación de Funcionarios. Si bien este mes finalizarán las conversaciones con los distintos actores civiles, revela que en julio comenzarán un proceso de diálogo con parlamentarios. Esto, de cara al ingreso del articulado a fines de este año a través de la Cámara.
“Somos súper conscientes que ha habido ya dos intentos fallidos (Bachelet y Piñera) y por lo mismo es un desafío mayor.
La capacidad de construir acuerdos transversales previos al ingreso del proyecto será clave para el éxito de esto”, dice.
– Considerando que el proyecto de fortalecimiento de la SMA contempla la incorporación de un procedimiento sancionatorio simplificado. ¿Se fijan plazos?
– En el caso del procedimiento simplificado, no se establece un plazo. Donde sí se establece es en cuanto a los incentivos de cumplimiento. Hoy existen mediante tres mecanismos: autodenuncia, programas de cumplimiento y planes de reparación. En el caso de la autodenuncia, que en diez años solo se utilizó 39 veces, se establece un plazo respecto al infractor desde que ha tomado conocimiento del incumplimiento para que tenga un máximo de 30 días para realizarla.
– ¿Y en los planes de reparación?
– Este se ha utilizado solo tres veces en diez años. Se simplifica su tramitación y se establecen incentivos adicionales para la presentación oportuna. También establece un plazo de 30 días para presentar un plan de reparación y de esa manera los titulares verían un descuento en la multa.
– Se apunta a mejorar los programas de cumplimiento, estableciendo un plazo para su tramitación…
– No hay un plazo máximo de tramitación y eso era algo crítico. En el proyecto se definen seis meses de plazo para todo tipo de proyecto.
Reforma al SEIA
– ¿Cuándo termina la etapa prelegislativa de conversaciones?
– Este mes estamos en una fase intensiva de diálogos, pero el diálogo seguirá durante el proceso. Durante julio vamos a estar en un proceso de diálogo con parlamentarios y también de evolución de propuestas desde los distintos actores que hayamos tenido en estos diálogos.
– ¿Hasta ahora no han conversado con parlamentarios?
– Hemos tenido conversaciones informales respecto a las líneas generales que queremos impulsar y nos interesa tener ya reuniones propiamente tal durante julio.
– ¿Con quiénes se reunirán?
– Con todas las jefaturas de bancada, las comisiones de Medio Ambiente de ambas cámaras y parlamentarios que han trabajado estos temas históricamente. No solo oficialistas, también de oposición. Nos importa explicarles a ellos -que están arriba de estos temas- para que transversalmente jueguen un rol activo en la defensa del proyecto.
– Habría consenso en la eliminación del Comité de Ministros. ¿Se reemplazaría por otra instancia?
– Visualizamos que el componente político que hoy se critica en la evaluación ambiental, tanto las Comisiones de Evaluación Ambiental (Coevas) en regiones como el Comité de Ministros, podríamos avanzar hacia su eliminación. Pero viendo como un todo este proceso. Es decir, necesitamos fortalecer primero la participación anticipada, el rol de los Órganos de la Administración del Estado con competencias ambientales (OAECA) tempranamente (…). El fortalecimiento de la evaluación ambiental va de la mano con también hacer más eficiente el mismo SEIA.
– Se puede suponer un alza de recursos ante tribunales ambientales si se elimina el componente político… ¿Se analiza qué sucederá?
– Estamos revisando todo el procedimiento. Por ejemplo, si avanzamos hacia la eliminación del Comité de Ministros, por un lado habrá una parte de las reclamaciones que pasarán a tribunales ambientales. Pero también queremos salvaguardar el acceso a la justicia ambiental de las comunidades que les es más difícil contratar abogados. Entonces, también entendemos que tiene que existir una fase recursiva administrativa, ya no ante el Comité de Ministros, sino ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) , en este caso ante la Dirección Ejecutiva.
– En estos tribunales a veces las causas demoran por falta de ministros…
– Sin duda eso surgirá en la tramitación y en la necesidad de fortalecerlos. También es un trabajo que queremos desarrollar de la mano con los mismos tribunales en la confección más fina del proyecto y en la tramitación. No todo el sistema recursivo se va a traspasar a Tribunales Ambientales. Seguirá existiendo una fase recursiva vía administrativa, que lo más probable es que suceda a través del SEA.
– ¿Se someterá un borrador en consulta?
– Sí, pero no consulta propiamente tal. Posiblemente será mediante distintos hitos en distintas regiones del país. Estamos definiendo el proceso participativo, pero nos importa tanto que la ciudadanía conozca el proyecto como también recibir en etapas tempranas antes del ingreso la opinión de la ciudadanía. Una vez tengamos el anteproyecto que debiera suceder hacia fines de agosto, pensamos abrir un proceso participativo.
Fuente: Diario Financiero, Martes 13 de Junio de 2023
