ALBERTO UNDURRAGA
Ministro de Obras Públicas 2014-2018
¿Cuál es su evaluación sobre el sistema de concesiones a tres décadas de su inicio?
Las concesiones permitieron a Chile dar un salto en infraestructura que permitió mayor productividad y mejor calidad de vida. Ese salto no habría sido posible de otra forma. En ese sentido, fue una política pública necesaria y que tuvo frutos importantes.
¿Qué desafíos hay en materia de concesiones?
El principal desafío que tiene el sistema es relegitimarse en la opinión pública y en los tomadores de decisiones. Cuando parte el sistema de concesiones, se legitimó con las obras, porque la infraestructura supuso un salto cuantitativo y cualitativo, lo que fue valorado por la gente. Pero han pasado muchos años y el efecto de la obra ya se pierde, porque pasa a ser algo que es parte del paisaje, de lo que existe. El desafío es relegitimarse. Desde el punto de vista de las políticas públicas ayuda el orden de las preguntas: qué país queremos, cuáles son las necesidades de infraestructura y cómo la financiamos. Con ese orden de las preguntas, es obvio que, con los recursos generales, no es posible financiar toda la infraestructura que necesitamos. Y por eso es necesario seguir con los sistemas de participación público-privada, que son las concesiones. Para relegitimar, también es necesario tener un sistema nacional de tarifas, que la gente las perciba como justas. Así ocurrió en su momento, cuando la Ruta 5 tenía la misma tarifa en distintos tramos.
¿Qué tipo de obras requiere el país?
El modelo de asociación público-privada se ocupa en también en otros sectores, como los puertos, lo que no está en la Ley de Concesiones. Por lo tanto, si podemos expandir el modelo a otras áreas donde se requiere infraestructura, bienvenido.
¿Cuáles son los desafíos en torno al financiamiento del sistema?
El sistema debe relegitimarse. Y a partir de eso hay que discutir el financiamiento. Este tiene dos aristas: cuál es la tarifa justa que permita financiar la inversión y, al mismo, que sea percibida como justa. Por otro lado, la pregunta es cuánto recauda el Estado. En ese sentido, en algunas obras quizás hay que disminuir lo que recauda el Estado, pero en la medida que eso se refleje en una tarifa más baja.
¿Cree que hay que hacer cambios en instituciones como la Dirección General de Concesiones?
La Dirección General de Concesiones (del Ministerio de Obras Públicas) se acaba de formar. Creo que hay que fortalecerla con recursos que le permitan desarrollar el plan que tiene. Los planes que se presentan a cinco años son ambiciosos, pero si no van acompañados de recursos, de profesionales y equipos técnicos para sacar esos programas adelante, finalmente, se corre el riesgo de que no se puedan desarrollar.
¿Qué piensa sobre la propuesta del CPI de crear una Comisión Asesora de Políticas de Infraestructura Nacional?
Como país, tenemos que buscar institucionalmente cómo garantizar que las políticas de infraestructura sean de largo plazo, independientemente del ciclo político. Para ello, un consejo asesor que cumpla esta función ayudaría mucho. Quiero señalar que existe un símil en el Ministerio de Hacienda: el Consejo Fiscal Autónomo. Esto lo planteo porque el país llegó a la convicción de que las políticas de finanzas públicas debían ser de largo plazo. Ocupando el mismo razonamiento en obras públicas, las políticas de infraestructura son de largo plazo: entre que se piensa una determinada obra, se hacen los estudios, ve la factibilidad, se desarrolla, se construye y finalmente opera, pasan varios gobiernos. Por lo tanto, si cada gobierno pone freno o se cuestiona una obra, no vamos a avanzar. Por eso es importante un consejo asesor en materia de infraestructura, que permita esta tarea a largo plazo.
