EL LÍBERO – Existe un factor que está muy presente en el modelo de administración de aguas en Chile, pero muchas veces no se visualiza su fundamental importancia, quizás, porque estamos tan acostumbrados a su presencia que no lo vemos. Es el rol que cumplen los usuarios de agua en la gestión y administración de este recurso imprescindible. Ellos han sido un actor principal en las decisiones y en la gestión hídrica local desde siempre. Al actuar de manera comunitaria han hecho frente a los muchos desafíos que se presentan en materia de agua en cada rincón del país.
Hay dos ejemplos que son muy elocuentes y nos muestran que esta relación público-privada está presente en nuestro ordenamiento y cultura, siendo exitosa aunque perfeccionable pero, en definitiva, muy virtuosa.
El primero de ellos, es el caso de los “comités y cooperativas de agua potable rural”. Los comités se crean junto con la Ley de agua potable rural de 1964, recogiendo la manera -ya instalada entonces- en que los usuarios administran en forma comunitaria su recurso.
Los comités son organizaciones funcionales, sin fines de lucro, compuestos por una asamblea que mandata a un directorio para que opere los sistemas de agua potable rural construidos por el Estado, velando por el mejor cumplimiento de la provisión de agua potable para los casi dos millones de chilenos que actualmente que se abastecen de ellos.
Cabe destacar que la Ley 20.998 de 2017, que regula los cerca de 2.300 Servicios Sanitarios Rurales existentes, formaliza estos comités al convertirlos en licenciatarios y ampliar su función al tratamiento de aguas servidas, a la vez que centra la atención del Estado en otros elementos tales como la tarificación y fiscalización del sistema.
El segundo ejemplo es, a mi juicio, un elemento fundante en nuestro país. Se trata de las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA), entidades sin fines de lucro que también funcionan bajo la lógica de asamblea y directorio, y que se ocupan de la administración de ríos, esteros, canales y acuíferos velando por una distribución y uso conforme a derecho y en armonía de los distintos usuarios de agua que comparten un territorio.
Estas organizaciones, las OUA, existen en Chile desde tiempos de la colonia y, quizás, desde antes, dada la existencia de canales para regadío de origen precolombino presentes en el país.
Ambos ejemplos de instituciones son autofinanciadas y autogestionadas dentro del ámbito de leyes y normas que definen sus funciones. Esto ha permitido al Estado desatender el aspecto operativo, y preocuparse de los elementos más generales, como la construcción de grandes obras, el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento de aguas, la generación de información de base, etc.
Lamentablemente, la prolongada sequía que sufre el país, sumado a la extrema lentitud en el desarrollo de obras hidráulicas públicas, así como la falta de información que debiera proveer el Estado, han traído nuevos escenarios que han sido difíciles de abordar por las comunidades de usuarios y que, en ocasiones, han provocado una crítica infundada hacia ellas. También es cierto que en aguas subterráneas tenemos nuevos desafíos en la formación de las comunidades que las van a gestionar.
En un momento en que estamos discutiendo bases constitucionales en nuestro país, con una creciente demanda de mayor poder de decisión local, el camino es potenciar este sistema de administración por los usuarios, el cual ha mostrado ser de bajo costo y alto desempeño, con pertinencia local y conocimiento real de los problemas y actores del territorio.
Más allá de la discusión de si es mejor una agencia de aguas o una subsecretaría de recursos hídricos, el Estado debería potenciar y acompañar a estas instituciones intermedias con el fin de apoyar a los usuarios en el difícil trabajo de proveer comunitariamente el agua que tanto se necesita.
*Federico Errázuriz – Director del Centro del Agua Universidad San Sebastián
Fuente: El Líbero, Miércoles 29 de Marzo de 2023
