LA TERCERA – El sorpresivo anuncio de que las tarifas seguirán congeladas a lo menos durante el primer semestre ha abierto dudas que la autoridad debe despejar.
En los primeros días de enero, el Ministerio de Transportes sorprendió al anunciar que las tarifas del transporte público seguirían congeladas “hasta que haya un nuevo anuncio”. Ello finalmente se concretó la semana pasada, cuando el ministro anunció que el congelamiento se mantendrá a lo menos durante el primer semestre, mientras que en el caso de estudiantes y adultos mayores la medida regirá hasta fin de año. Según se indicó, la decisión se ha adoptado teniendo en cuenta la situación financiera de las familias, como también el actual estado de las finanzas públicas, el cual permite extender dicho congelamiento.
Las tarifas del transporte público han estado congeladas desde octubre de 2019, luego de que se dejara sin efecto un alza de $30 que había sido indicada por el panel de expertos del transporte público, un reajuste que pasaría a convertirse simbólicamente en el hito que dio pie al llamado estallido social. El trastorno que generó primero la convulsión social y luego la pandemia llevaron a una considerable disminución en el número de pasajeros transportados. Pero conforme el número de usuarios ha ido aumentando tras la superación de la emergencia sanitaria, y en tanto factores como el costo del combustible, inflación y tipo de cambio han experimentado alzas sustantivas, un incremento en el valor del pasaje era inevitable. La última recomendación del panel de expertos indica un reajuste de $40, pero que por razones legales no puede superar los $30.
El propio gobierno había venido preparando cuidadosamente el terreno para ello. Tanto el Presidente de la República -saliendo al paso de peticiones provenientes de sectores de Apruebo Dignidad, que solicitaron no decretar alzas de tarifa, atendida la precaria situación de las familias- como el propio ministro de Transportes tuvieron intervenciones públicas para explicar acertadamente a la ciudadanía la necesidad de aplicar un ajuste, señalando que prolongar el congelamiento de la tarifa no es sostenible en el tiempo. Se anticipó, en todo caso, que el alza sería gradual -descartándose alzas de $100, como en algún momento se especuló- y comunicada al país con la debida antelación.
Debido a que el gobierno no ha sido explícito en cuanto si a partir de julio comenzará a aplicarse un reajuste, han surgido dudas de si tal anuncio constituye el inicio formal del proceso, comunicado con la debida antelación, o si es una decisión improvisada, levantando suspicacias de que podría haber motivaciones políticas, atendido a que 2023 será un año electoral.
Si bien la autoridad ha esgrimido razones de orden social para mantener el congelamiento, subrayando que un transporte público más barato beneficia a la mayor parte de la ciudadanía, no es conveniente que este tipo de decisiones sean anunciadas en forma tan discrecional, dando pie además para alimentar la noción de que el congelamiento de las tarifas es inocuo. En los fundamentos del proyecto de ley ingresado por el gobierno para establecer un nuevo marco de financiamiento y otras mejoras en el transporte público remunerado de pasajeros -ya aprobado por la Cámara de Diputados-, se indica que las sucesivas suspensiones temporales de la aplicación de reajustes tarifarios han tensionado el sistema de transporte público, provocando una importante diferencia entre las tarifas que deben ser enteradas para mantener la viabilidad financiera de los sistemas y aquellas efectivamente pagadas.
Excepto que existan razones muy fundadas que justifiquen seguir en una situación excepcional, lo razonable es comenzar a normalizar los reajustes de tarifas, permitiendo que la institucionalidad establecida para estos efectos sea la que determine el curso de acción.
Fuente: La Tercera, Martes 31 de Enero de 2023
