DIARIO FINANCIERO – La última alerta sobre la crisis hídrica la entregó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hace unas semanas: se prevé que en 2050 hará falta un 35% de agua dulce extra para producir alimentos.
A este pronóstico se suma que nuestro país cumplió 14 años de sequía, por lo que resulta fundamental contar con los recursos hídricos requeridos para el consumo humano, el riego y la industria. Otros datos preocupantes: la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha dictado 34 decretos de escasez hídrica este año, al tiempo que la entrega de suministro a través de camiones aljibe es parte del panorama cotidiano.
“Las concesiones que contempla el MOP en O’Higgins y Coquimbo son una gran oportunidad de ver la desalinización como parte de una ‘política pública’ de aumento de la oferta de agua”.
Ante esta crisis, gatillada por el cambio climático, atreverse con nuevas opciones se torna urgente. Una respuesta que podría aliviar este escenario se vincula con la instalación de nuevas plantas desalinizadoras a lo largo del territorio, sistema usado con éxito en el norte de Chile. Es cuestión de mirar el caso de Antofagasta, un ejemplo del abastecimiento a su población a través de este método.
El plan de concesiones del MOP contempla, por primera vez, dos proyectos de este tipo, en las regiones de O’Higgins y Coquimbo -ambos involucran una inversión por US$ 500 millones-, los que se podrían licitar en 2025. Esta es una gran oportunidad para comenzar a ver la desalinización como parte de una “política pública” de aumento de la oferta de agua en comunas de mayor escasez.
En esa línea, el MOP enfrenta varios retos: contar con equipos de trabajo especializados para reforzar la Dirección de Concesiones y determinar la localización óptima de las futuras plantas para llegar de la mejor manera posible a la demanda potencial, en especial en comunas agrícolas.
Junto con esto será necesario definir el modelo de negocios para estos contratos, considerando diferentes tipos de usuarios del agua, con disposición y capacidades de pagos distintas. El paso siguiente debería ser “asociarse” con los gobiernos regionales, de modo de convenir con ellos aspectos relevantes en relación con los servicios que una planta de esta naturaleza debe prestar. Son esas instituciones las que deben asumir el desarrollo regional y para ello el abastecimiento de agua es fundamental.
Asumir el liderazgo de este tipo de iniciativas por parte del Estado tiene la ventaja de superar la “tramitología” a la que se exponen los privados y así acortar los tiempos que toma conseguir los permisos necesarios. Al resolver estas incógnitas se podrá licitar su construcción y operación a un concesionario privado.
Los nuevos modelos de infraestructura hídrica constituyen un desafío de Estado en el mundo -miremos con atención el caso de Israel, líder en la materia- por lo que los sectores público y privado deben actuar, una vez más, en alianza, tal como lo ha señalado el propio presidente Boric. La falta de planificación nos costaría caro, especialmente, tomando en cuenta que estos proyectos también exigen ser socializados con las comunidades anticipadamente, tal como lo ha dicho el MOP.
Fuente: Diario Financiero, Miércoles 28 de Diciembre de 2022
