EL MERCURIO – El Gobierno ha llegado a un acuerdo con las concesionarias para parcializar el alza de peajes que, según los contratos, correspondía aplicar en las autopistas a principios de enero. La magnitud de esta era significativa: incluso sin un reajuste real, sino solo cubriendo la inflación del año anterior, se hubiera tratado de un incremento súbito de un 13,3%. Probablemente —y no sin fundamento— la autoridad temía que, a poco de terminar el último paro de camioneros, surgiera otro motivo para que ese gremio, más el grupo de presión No+Tag y otros similares, promovieran nuevos desórdenes e interrupciones del tránsito en las carreteras. En esa negociación contra reloj con las concesionarias —que también advertían los peligros de la situación—, se acordó entonces la fórmula de aplicar un alza inicial en enero y el resto en junio.
El problema de este tipo de arreglos es que cualquier medida que reduzca los ingresos contractuales de las concesionarias puede inhibir el interés por realizar futuras inversiones; esto, cuando el Gobierno tiene una ambiciosa cartera de proyectos que busca sacar adelante. Por ello, el ministro de Obras Públicas ha señalado que compensará a las empresas mediante extensiones en los plazos de las distintas concesiones. Estas compensaciones son, sin embargo, difíciles de valorar y también lo es, por tanto, evaluar si el Gobierno es demasiado generoso con ellas.
Es evidente que a los concesionarios también les preocupa la reacción de la opinión pública frente al ajuste y por eso están analizando fórmulas tales como rebajas para clientes frecuentes y también para jubilados, así como facilidades para quienes tienen multas o impagos. No todas estas medidas, sin embargo, parecen estar bien estudiadas: las rebajas para clientes frecuentes incentivan los viajes, lo que aumenta la congestión y es lo contrario de lo que recomiendan los especialistas en transporte. Más razonable es la idea ministerial de tender a equiparar las tarifas por distancia en las distintas concesiones, aunque —nuevamente— si esto involucra traspasar ingresos de una concesión a otra, requerirá negociaciones para valorar y compensar el costo de tales traspasos.
Tal vez los nuevos riesgos que están enfrentando los concesionarios ayuden a explicar otros fenómenos, cual es la exitosa irrupción de empresas chinas en las últimas licitaciones. De hecho, en las relicitaciones de los tramos Talca-Chillán y Chillán-Collipulli, empresas de ese origen han hecho las mejores ofertas y los concesionarios tradicionales sospechan que no podrán competir con ellas. Incluso, algunos analistas especulan que las firmas chinas —que son controladas por el Estado de ese país— podrían estar recibiendo subsidios en su costo financiero debido a algún interés estratégico de esa potencia.
Conocido es, por otra parte, el fuerte compromiso de ese gobierno con la defensa de los intereses de sus empresas y también la utilización de la política comercial con objetivos estratégicos. China ha tenido una política agresiva de restricciones al comercio contra países cuyas políticas consideran poco amistosas, con ejemplos como Lituania, Canadá y Australia. En el caso chileno, y tratándose de nuestro principal socio comercial, es probable que precisamente por eso la percepción de riesgo por parte de sus empresas sea menor a la de otros actores y ello, en parte, explique su aterrizaje en áreas como la transmisión y distribución eléctricas, la minería del litio y, ahora, las concesiones.
El punto plantea complejas interrogantes para la autoridad, las que ojalá se resuelvan de un modo tal que sigan llegando inversiones de distintos orígenes al sector concesiones. Así se modernizará nuestra infraestructura, sin afectar nuestra situación geopolítica.
Fuente: El Mercurio, Martes 20 de Diciembre de 2022
