CPI – Con el propósito de analizar y formular alcances al proyecto de Ley que crea el Fondo de Infraestructura, el CPI realizó un taller el pasado 5 de julio, en el que participaron alrededor de 20 expertos, entre ellos el Coordinador General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, Eduardo Abedrapo; el jefe de asesores del MOP, Enrique Álvarez y el subdirector de estudios de la misma cartera, Roberto Riveros. Participaron además los ex ministros Sergio Bitar y Alberto Etchegaray, algunos consejeros del CPI y los especialistas Patricio Arrau, Gustavo Arriagada, Enrique Marshall y Sergio Merino, entre otros.
El objetivo del encuentro fue analizar las particularidades del FI en un contexto de Política de Infraestructura de mayor profundidad, tendiente a alcanzar los niveles de inversión que el país requiere.
Luego de validar el esfuerzo del gobierno por poner a disposición de la industria de la infraestructura un instrumento novedoso, la discusión estuvo centrada principalmente en la valoración de los activos del Fondo de Infraestructura y en el uso que se puede hacer de los recursos disponibles, resultado de un proceso exitoso de creación de patrimonio público a través de inversión privada. Se valoró el hecho de aprovechar la infraestructura existente para ampliar la base nacional de infraestructura. Para que ello sea posible es necesario resolver quien se hará cargo de las condiciones en que se entregará en concesión la “segunda generación de proyectos”, la definición de tarifas, los plazos de los contratos y las exigencias que se pondrá a los nuevos concesionarios. Los participantes coincidieron en que estas son decisiones que obedecen a una política pública que no debiera ser transferida a una entidad instrumental, como es el Fondo.
Por otra parte, de acuerdo al proyecto de ley que crea el Fondo, da la impresión que va a ser una especie de competidor de los actores financieros en el mundo de la infraestructura. “¿Qué es lo que se quiere hacer con los recursos del Fondo? Me preocupa que haya una especie de crowding out de los actores financieros, donde quien entra a comprar acciones entra a competir con el Fondo que tiene un costo de capital más bajo. Me complica el hecho de que el financiamiento entre a competir con la Banca” señaló Sergio Merino.
Se convino que era muy importante focalizar los objetivos del Fondo de modo de adecuar la estructura operativa y las facultades a lo que son sus propósitos fundamentales. En este sentido, hay coincidencia que el esfuerzo debiera centrarse en la capitalización de proyectos y en garantías, que permitan que iniciativas con riesgos no diversificables en el mercado puedan financiarse adecuadamente a través del sistema financiero tradicional.
Otro aspecto debatido fue la institucionalidad en la que se enmarca el Fondo y las posibles relaciones de éste con otras instituciones ya existentes. De acuerdo al Proyecto de Ley, el Fondo debe recurrrir a la Ley de Concesiones para hacer efectivo el Valor Económico de los bienes que se le tranfieren. Eso puede superponerse a las facultades que, por Ley de Concesiones, tiene actualmente el MOP y la nueva Dirección General de Obras Concesionadas que se discute en el Parlamento.
Interés despertó la cartera de proyectos que debiesen ser financiados por el Fondo de Infraestructura. “Este tiene que tener una orientación hacia determinados proyectos y con ciertas condiciones, más bien asociado a la denominada infraestructura productiva, aquella que permite vincular un pago por su utilización”, dijo el consejero del CPI y ex ministro de gobierno, Sergio Bitar. Luego agregó que “(el Fondo) no debe competir con el Presupuesto de inversiones asignado al MOP. Eso debe quedar muy claro en su formulación”.
Asimismo, una visión unánime generó la necesidad de constituir un gobierno corporativo independiente del gobierno de turno y enfocarse en el largo plazo para poder llevar adelante los proyectos de infraestructura que Chile necesita. No obstante, hay que validar el hecho de que el Fondo es un instrumento de la política pública y por lo tanto, no puede abstraerse del mandato político que al respecto reciben los sucesivos gobiernos.
La conclusión final fue que será tarea del CPI hacer propuestas a los Parlamentarios y un adecuado seguimiento del Proyecto de Ley, de tal manera de contribuir con criterios y respuestas a las preguntas que surjan de la discusión en el proceso de creación del Fondo de Infraestructura, asegurando que esta sea profunda, seria y pueda alcanzar el mayor consenso posible.
