EL MERCURIO DE VALPARAÍSO – “Falta la actualización del Reglamento de Contratos de Obras Públicas en algunas áreas básicas. Sin duda, su falta de claridad es la primera causa de los problemas de la actividad”.
El sector de la construcción ha estado en primera plana. La quiebra de Claro Vicuña Valenzuela imputando responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por la burocracia en los pagos, ha gatillado una discusión que hizo reaccionar a los gremios y al gobierno. Esto llevó a que se anunciara un nuevo mecanismo de reajuste para las licitaciones efectuadas a partir de septiembre de 2021, por alzas de materiales.
Si bien este mecanismo tiene limitaciones importantes que deben corregirse -se excluyó a empresas que lograron con esfuerzo terminar los proyectos, a los contratistas pequeños por obras de plazos inferiores a seis meses y a las concesionarias-, se trata de una medida valiosa que da cuenta de una gestión ministerial que sintoniza con los problemas del sector, como herramienta para la reactivación de la economía y la protección del empleo.
Un buen ejemplo de avances en la materia lo está llevando adelante la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), la que está evaluando aplicar nuevos modelos contractuales para sus licitaciones, según las más modernas y eficientes prácticas internacionales, sobre la base de principios colaborativos y de advertencia temprana de los potenciales inconvenientes que pudieran presentarse en las obras.
Esta iniciativa -que se adelanta incluso a gran parte de los privados- va en línea con los diagnósticos hechos por diversas entidades nacionales y extranjeras sobre los problemas que afectan la productividad y eficiencia. De esta forma, se siguen las recomendaciones del Consejo de Políticas de Infraestructura, de la Comisión Nacional de Productividad y los países de la Alianza del Pacífico.
En los últimos años se ha discutido ampliamente sobre los problemas que afectan al sector de las obras públicas. Los diagnósticos son variados, erróneos y hasta contradictorios. Se basan, por una parte, en recriminaciones sobre el rol del MOP y en una supuesta arbitrariedad e ineficiencia de sus funcionarios y, por otra, en atrasos y reclamaciones supuestamente artificiales de los contratistas. A ello se suma el cuestionado rol técnico de la Contraloría, que condiciona e incluso paraliza las actuaciones de los funcionarios públicos.
En estos análisis falta un elemento central: la actualización del Reglamento de Contratos de Obras Públicas en algunas áreas básicas. Sin duda, su falta de claridad es la primera causa de los problemas de la actividad, pues alienta las interpretaciones contradictorias entre el MOP, los contratistas y la Contraloría. Esto no requiere ley: es resorte de la potestad del Presidente. Históricamente, esto no se ha entendido y lo demás no podrá solucionarse sin este cambio. La solución está a la vista.
Victor Ríos
Abogado e integrante del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
Fuente: El Mercurio de Valparaíso, Jueves 24 de Noviembre de 2022
