DIARIO FINANCIERO – Tras dos meses de análisis de la discrepancia presentada a fines de mayo por la Sociedad Concesionaria Red Maule S.A -a cargo de la construcción de los hospitales de Cauquenes, Constitución y Parral- en contra del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Panel Técnico de Concesiones cerró la causa que enfrenta a ambas partes. Y si bien, determinó que tanto la cartera que encabeza el ministro Juan Carlos García como la empresa incurrieron en una serie de faltas, resolvió ampliar el plazo de entrega de las obras a favor de la compañía.
En el documento presentado, la concesionaria alega entorpecimientos y paralizaciones imputables al MOP-Fisco que, según dice, han afectado gravemente el desarrollo del proyecto definitivo, “especialmente respecto del proyecto de arquitectura”, lo que ha causado atrasos en el inicio de ejecución de las obras de instalación de faenas y movimiento de tierras-excavaciones, así como en el inicio y ejecución del resto de las actividades dispuestas en las bases de licitación.
Por su parte, Obras Públicas señala que el proceso de iteraciones llevado a cabo entre las partes fue realizado en tiempo y forma por el MOP, “debiéndose la excesiva dilación única y exclusivamente al incumplimiento contractual de la sociedad concesionaria”, a la cual acusa de resistirse a solucionar las observaciones formuladas.
De acuerdo a los antecedentes aportados por ambas partes, el panel verificó “entorpecimientos por parte del MOP e incumplimientos por parte de la empresa”, lo que, a su juicio, “produjo atrasos en el cumplimiento de los plazos estipulados en el contrato”.
“La sociedad concesionaria no da cumplimiento a su propia planificación, la cual contemplaba el 24/05/2022, para la presentación de los permisos de obras preliminares y el 26/11/2021 para ingresar los permisos de edificación”, indicó la instancia.
Y además señaló que “dichos atrasos han impactado la aprobación del proyecto definitivo y, consecuentemente, el inicio de la ejecución de las obras y su programación para el cumplimiento de los hitos contractuales”.
Resolución por parte del panel
Así, pese a que la compañía solicitó un aumento del plazo de 295 días para el Hospital de Cauquenes, de 305 para el Hospital de Constitución, y de 291 para el recinto de Parral (adicionales al plazo máximo de 400 días contados desde el inicio de la concesión) para cumplir con la entrega de la totalidad del proyecto definitivo, el Panel Técnico finalmente otorgó un plazo de 233 días adicionales aplicable a cada hospital.
Además, la instancia dijo que en ese plazo no solo se debe hacer entrega del proyecto final, sino también de las cinco declaraciones de avance, además de la obtención de la autorización de puesta en servicio provisoria.
Y propuso que “se reprogramen las entregas pendientes de cada uno de los hospitales, de modo que el mayor plazo se distribuya en entregas parciales, respetando los contenidos establecidos en las bases de licitación con los ajustes que acuerden las partes”.
“Los plazos para la fase de diseño, que por definición contempla complejidades e incierta cantidad de iteraciones, debieran proveer los incentivos necesarios
el avance del proyecto y, junto con ello, ser suficientemente flexibles, incluso estar afectos a una normativa especial, de manera de evitar efectos adversos sobre las siguientes fases de la concesión”, sostuvo el panel.
Y agregó que a pesar de ser la misma instancia la responsable de advertir que el cumplimiento de los plazos establecidos, estos dependen en gran medida de la colaboración de ambas partes “y no exclusivamente de la actividad de la sociedad concesionaria”.
“En efecto, los sucesivos procesos de iteración demuestran que, finalmente, el convencimiento del mandante, en este caso del Ministerio de Salud por intermedio del MOP, respecto de las presentaciones que hace la SC, juega un rol muy relevante”, concluyó.
Defensa de las partes
Cabe destacar que la empresa alega que el contrato estuvo sujeto desde un principio, incluso antes de la licitación, a inconsistencias y diferencias entre el “Anteproyecto de Arquitectura Referencial” (AAR) y el “Programa Médico Arquitectónico” (PMA), ambos documentos entregados por el MOP durante la licitación del proyecto. Esto, debido a que la superficie que se señala en el primer documento “es sustancialmente mayor que la superficie que se señala en el segundo texto”.
Asimismo, acusa que “el MOP debió aclarar cuál de los dos documentos debía prevalecer para los efectos de desarrollar el Proyecto de Arquitectura Definitivo”.
Y le imputa la negativa “injustificada” respecto de la firma de los expedientes de los permisos de edificación por parte del propietario de los terrenos, en este caso la Subsecretaría de Redes Asistenciales, “condicionando la firma al grado de avance del proyecto, sin fundamento contractual ni normativo”.
En tanto, desde la cartera del ministro García indican que la empresa “hace creer que los retrasos tienen su origen primordial en la no aprobación de las entregas parciales del proyecto, pero lo cierto es que incluso si se hubiera aprobado en la primera oportunidad cada una de dichas entregas, las observaciones habrían seguido existiendo, y por tanto, la Concesionaria igualmente se habría retrasado, por causas exclusivamente imputables a ella”.
Y, si bien apeló a que “los derechos y obligaciones nacidos del contrato son vinculantes para las partes y deben cumplirse conforme a lo acordado” y solicitó al panel rechazar la controversia en todas sus partes, esta petición no fue acogida.
Fuente: Diario Financiero, Lunes 25 de Julio de 2022
