DIARIO FINANCIERO – Hoy la industria de la construcción enfrenta grandes desafíos: escasez de productos y problemas logísticos que afectan la planificación y el oportuno abastecimiento; enorme alza en el precio de insumos y materiales, que generan un desequilibrio en los contratos licitados cuya oferta se presenta con meses de antelación al acto adjudicatorio y en base a condiciones económicas establecidas en contextos más favorables, entre otros factores.
En el ámbito de las obras públicas, a lo anterior se suman dificultades asociadas a un marco normativo desactualizado, que no regula en forma sistemática las principales cuestiones que se presentan durante la ejecución de las construcciones, y la falta de mecanismos de resolución temprana de controversias que permitan resolver oportunamente las discrepancias técnicas, jurídicas y económicas que se van presentando durante la ejecución de ellas. Actualmente, las divergencias que se producen en este tipo de contratos demoran años en ser resueltas, lo que encarece y atrasa los proyectos, resultando en obras abandonadas, quiebra de contratistas, etc.
“El principal referente para la construcción, en el ámbito de las obras públicas y privadas, es una herramienta desactualizada que no contribuye a generar la necesaria colaboración y transparencia propias de un Estado moderno”.
En efecto, el Reglamento de OOPP DS MOP N°75, que es el principal referente para la construcción no sólo en el ámbito de las obras públicas, sino también en el ámbito privado, es una herramienta desactualizada, que no contribuye a generar la necesaria colaboración y transparencia que deben promoverse en un Estado moderno, ni se condice con las normas y prácticas internacionales en materia de proyectos de ingeniería y construcción.
El interés público involucrado en cada proyecto se cautela mejor a través de contratos que sean capaces de adaptarse, permitiendo al Estado y a sus contratistas responder a las cambiantes condiciones sin poner en riesgo el destino de la obra. Para esto se requiere un marco normativo actualizado, con proyectos que sean el reflejo de una sana colaboración de todos los actores que intervienen en ellos, que incorpore normas modernas en materia de contratación. Además, un sistema de acompañamiento permanente en los contratos, que ayude a resolver con los conflictos que inevitablemente se producen en la construcción, permitiría a las autoridades ejecutar las obras en los plazos y condiciones previstas.
En relación con una mayor eficiencia y productividad en la gestión de infraestructura pública, estudios del FMI han demostrado que, a nivel mundial, un país promedio pierde alrededor del 30% del valor de sus inversiones debido a la ineficiencia en los procesos de inversión pública relacionada con una mala gobernanza, una deficiente planificación y una inadecuada asignación de recursos. Chile dista de ser la excepción. Por último, las inversiones en infraestructura deben contar con la aceptación ciudadana para llevarse a cabo y estar disponibles para someterse oportunamente al escrutinio público en todas sus fases; es la comunidad la que debe valorar el esfuerzo que se hace para dotar al país de mejoras sustantivas en nuestra capacidad de prestar servicios.
Una adecuada gobernanza es fundamental para contar con la confianza necesaria, que facilite el pleno despliegue de los recursos disponibles para mejorar nuestra calidad de vida.
Estos necesarios cambios solo serán posible con un Estado proactivo, consciente de su rol articulador y de liderazgo, y con la participación de empresas cuyos legítimos beneficios estén alineados con el interés público.
Fuente: Diario Financiero, Lunes 9 de Mayo de 2022
