PULSO – La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó este jueves que aprobó, en fase 1, la formación de un joint venture entre las empresas ISA, Transelec y China Southern Power Gride International para construir, operar y mantener la nueva línea de transmisión HVDC de 500 kilovoltios Kimal – Lo Aguirre.
La línea tendrá una extensión aproximada de 1.500 kilómetros y permitiría el desarrollo del proceso de descarbonización del país, mediante el flujo de energía desde la zona norte hacia la zona central.
En octubre de 2021 el Coordinador Eléctrico Nacional realizó un llamado de licitación pública internacional para su construcción. Esta fue adjudicada al consorcio conformado por las partes, dado que presentaron la mejor oferta económica.
La FNE realizó una investigación y concluyó que la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia. Para el análisis se consideraron consultas a distintos actores de la industria mediante oficios a transmisoras y 29 generadoras del norte de Chile, declaraciones con autoridades sectoriales, como la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Coordinador Eléctrico Nacional y una solicitud de información a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
En su resolución, la Fiscalía señaló que la operación no genera riesgos unilaterales y que tampoco afectaría las futuras licitaciones de líneas de transmisión.
Por otra parte, dado que la creación del consorcio da origen a un agente económico independiente de las partes, que operará en el segmento de transmisión de electricidad, y uno de sus socios participa en los segmentos de generación y distribución, la Fiscalía también analizó eventuales riesgos verticales. Ante ello, el organismo concluyó que aquello no implica un cambio en la habilidad e incentivos existentes en distribución y generación.
Adicionalmente, la FNE verificó que, una vez que línea Kimal – Lo Aguirre inicie sus operaciones, el consorcio contaría con una participación de mercado de 14,1% en el segmento de líneas de transmisión nacional, pero que la normativa sectorial limita el ejercicio de poder de mercado en esta industria, ya que determina las remuneraciones, el acceso abierto y la calidad de las instalaciones, entre otras variables relevantes para competir. A ello, se suma que las líneas de transmisión presentan características de monopolio natural.
Finalmente, se descartó que la operación pueda incrementar la posibilidad o facilitar el acceso o intercambio de información comercial sensible entre las partes del consorcio.
En su decisión la FNE resolvió oficiar a la SEC para que analice si la operación daría lugar a una infracción a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de Servicios Eléctricos, referido a dichas materias.
Fuente: Pulso, Jueves 10 de Marzo de 2022
