LA TERCERA – El jueves pasado, con votación unánime en ambas cámaras, se aprobó para firma y promulgación la ley para promover la integración social y urbana. Luego de más de tres años de intenso debate, este consenso es fruto del diálogo entre actores públicos, privados, institucionales, políticos y cientos de comités de viviendas, pobladores y dirigentas que lo hicieron suyo y dotaron de legitimidad territorial.
La Ley contiene modificaciones de corto plazo que permite a familias vulnerables acceder a suelo para viviendas bien localizadas, entregando nuevas capacidades para que el Minvu sea proactivo en la gestión de suelo y proyectos, más allá del financiamiento o como regulador, en colaboración con los municipios y el sector privado, velando por un sano desarrollo del mercado, y generando condiciones para que las clases medias y vulnerables no sigan siendo desplazadas a los márgenes de la ciudad. En concreto, son cuatro pilares los que fueron aprobados:
1.- Vivienda de integración en la planificación urbana: Municipios y Gobiernos Regionales deberán promover la integración social, incluyendo al déficit habitacional como objetivo de la planificación urbana. Se generan herramientas de incentivos y resguardos.
2.- Gestión y cambios de uso de suelo: El Minvu puede comprar terrenos bien localizados o modificar normas para acelerar la construcción de viviendas sociales.
3.- Revertir la segregación con barrios integrales: Se implementan a nivel de ley los planes maestros de regeneración y se reglamenta las herramientas que tendrán los nuevos comités de regeneración urbana.
4.- Plan de emergencia Habitacional: Una caja de herramientas disponible desde este año para combatir el creciente déficit y acelerar la construcción de viviendas sociales. Incluye la posibilidad de traspasos de terrenos desde otras instituciones del Estado como las FF.AA. o Ferrocarriles.
Como toda ley de esta complejidad, es perfectible y necesita ser reglamentada para cuajar en diversas instituciones y autoridades. Sin embargo, hay herramientas que pueden ser ocupadas de forma inmediata, como la posibilidad de modificar normas de suelo, donde el Minvu tendrá un papel clave en profundizar la densificación sobre terrenos industriales en desuso, pero con excelente localización. Los gobernadores podrán generar incentivos a la integración social en los planes reguladores metropolitanos, y los alcaldes podrán generar incentivos y resguardos a la integración social en cada comuna de forma rápida, sin pasar por las lentas modificaciones a los planes reguladores.
Se inicia así una transformación urbana crucial, donde avenidas con buena oferta de transporte como Pajaritos, Las Condes o Departamental contarán con premios de densidad a cambio de un porcentaje de viviendas a precios accesibles, o generar condiciones en un sector para que nuevas edificaciones cuenten con viviendas de interés público. Lo mismo en regiones y ciudades intermedias que crecen a ritmo vertiginoso. Esta ley no es el fin de una discusión, es el inicio de una conversación sobre cómo vamos a integrar a las cerca de 600 mil familias sin hogar dentro de nuestras ciudades, con amplia participación ciudadana y legitimidad social. Sin duda una oportunidad que celebramos en medio de la urgencia.
Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD
Jonathan Orrego, licenciado en Geografía
Fuente: La Tercera, Lunes 7 de Marzo de 2022
