DIARIO FINANCIERO – Sin duda es una buena noticia para Chile el amplio y transversal consenso que existe en las tres iniciativas de norma que abordan la creación de una Autoridad o Agencia Nacional del Agua como organismo autónomo dedicado a la gestión de los recursos hídricos, presentados en la Comisión de Sistemas de Justicia y Órganos Autónomos de la Convención Constitucional. Se trata de una señal en la senda correcta para contar con una institucionalidad que permita alcanzar la seguridad hídrica en el país.
La idea de un organismo autónomo en la materia no es nueva y ha sido una larga aspiración de distintos sectores, que ha venido apareciendo durante los últimos años, de manera reiterada, a partir de los diagnósticos sobre los problemas asociados a la crisis hídrica, que sin duda dicha autoridad podría contribuir a resolver: ausencia de un liderazgo claro que conduzca los procesos de adaptación a los nuevos escenarios hídricos; excesiva dispersión institucional que impide la y coordinación de la mirada sistémica; falta de autonomia y alta dependencia a los ciclos politicos para la toma de decisiones.
La experiencia internacional es abundante en cuanto a la instalación de Autoridades Nacionales del Agua autónomas, de carácter técnico-normativo, junto con la creación de organismos de cuenca. En países como Israel, Francia, Brasil, Perú, entre muchos otros, este tipo de institucionalidad ha permitido la ejecución de planes hídricos a largo plazo para administrar escenarios de escasez y avanzar hacia la seguridad hídrica.
Similar conclusión surge desde el proceso de construcción colectiva de Escenarios Hídricos 2030 para elaborar una propuesta de institucionalidad, donde hubo una amplia participación territorial, con representantes de diversas visiones e intereses, desde Arica y Parinacota hasta Los Ríos. El diálogo y los comunes denominadores del proceso permitieron, establecer aquellas características que se esperan de un organismo a nivel nacional: jerarquía para relacionarse con los demás organismos públicos y privados; autonomía suficiente para no depender de los ciclos políticos; capacidad técnica para la mejor toma de decisiones; mirada sistémica y transversal que permita atender los usos múltiples del agua.
Junto a lo anterior, es fundamental que la institucionalidad incluya la creación de organismos de cuenca, que permitan acercar la toma de decisiones a los territorios donde se hace efectiva la gestión de las intervenciones sobre el ciclo del agua.
Las iniciativas presentadas ante la Convención Constitucional son valiosas porque recogen y reflejan el consenso constatado en los territorios en cuanto a la necesidad de una Autoridad Nacional del Agua. Este es el camino correcto para avanzar en la institucionalidad hídrica que Chile necesita, para transformar el rol del Estado, como líder, gestor y garante del derecho humano al agua, asegurando caudales ecológicos para los ecosistemas y facilitando el agua requerida para sostener los sectores productivos , habilitando así el desarrollo sustentable del país.
Fuente: Diario Financiero, Jueves 3 de Marzo de 2022
