LA TERCERA – Hace unos días se inauguró el nuevo terminal internacional del Aeropuerto de Santiago (T2). Para poner en contexto esta obra, baste recordar que en 1994 Chile inauguraba, con gran orgullo, la remodelación de su principal terminal aéreo, que incluía nueva rampa de acceso y salida y la construcción de cuatro puentes de embarque. Veintiocho años más tarde y bajo el modelo concesional, la nueva terminal se entrega con 67 puentes de embarque.
Esa sola cifra muestra la distancia que separa al Chile de 1994 con el de 2022, pero también muestra aquello que se ha mantenido en el tiempo: la vocación del país por acercarse al mundo a través de la infraestructura y en base a una estrategia de desarrollo que se apalanca en la asociación público-privada para lograrlo.
El nuevo terminal internacional es una obra monumental, llevada a cabo por las empresas líderes en el mundo y que fue levantada en tiempo y forma aún cuando en el proceso sobrevinieron catástrofes naturales, estallido social, crisis política y la pandemia Covid-19. Todos estos fenómenos que -como ratificó el panel experto arbitral- alteraron gravemente los supuestos sobre los cuales se diseñó y licitó el proyecto aún cuando el dueño de la obra, el Estado, se negó a reconocerlo y actuar en consecuencia. Es más, el terminal internacional estaba listo hace más de 5 meses para su puesta en operación y no fue la parte privada la que demoró su inauguración, sino los problemas y la capacidad del Estado.
Hoy, con el T2 entregado y a plena capacidad, nos parece pertinente reflexionar sobre ese país que hemos construido y sobre cómo fortalecemos esta estrategia exitosa. Las empresas y la capacidad existen; las normas y la institucionalidad también, pero es urgente fortalecer los cimientos del modelo para que éste siga dando sus frutos y mejorando la calidad de vida de los chilenos, que es el objetivo de toda política pública. Un modelo concesional eficiente requiere también de un Estado fuerte y comprometido, con recursos y capacidad de gestión y fiscalización. Y la asociación público-privada, como toda sociedad, requiere del compromiso y buena fe de las partes, como también lo señaló el citado fallo arbitral.
Leonardo Daneri, Presidente de Copsa.
Fuente: La Tercera, Miércoles 2 de Marzo de 2022
