DIARIO FINANCIERO – La muerte del chofer Byron Castillo en la ruta que une Antofagasta y Mejillones en un hecho atribuido a un grupo de inmigrantes, puso nuevamente sobre la mesa la seguridad pública en las autopistas. Desde el gremio de camioneros exigen una indemnización a la empresa que opera esa vía, pero desde la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), su presidente, Leonardo Daneri, asegura que esa responsabilidad es exclusiva del Estado.
– ¿Cuáles son las obligaciones de las concesionarias ante eventos externos que generan un obstáculo en el tráfico?
– El problema que ha sucedido en el norte es un problema de seguridad pública. Como concesionarios estamos encargados de la seguridad vial, lo que no implica que nosotros colaboremos con todas las herramientas e información que tenemos (…) para ayudar a las autoridades encargadas del orden público, como Carabineros y Fiscalía. Lo segundo es que todo camino en Chile, concesionado o no, es un bien nacional de uso público. No le podemos impedir a nadie que circule por ella. Lo que hacemos es avisar a las autoridades que se está cometiendo una infracción.
– Pero las autopistas prestan un servicio por el que cobran. ¿Tienen obligaciones legales más allá del tema de la seguridad pública?
– Más allá no porque, en el momento en que le entreguemos a los privados el tema de la seguridad pública, estamos en un problema. No podemos colocar guardias armados a controlar los delitos en las autopistas. Esto es responsabilidad exclusiva del Estado. Por eso me llama mucho la atención el punto 6° del acuerdo firmado por el ministro del Interior, de Obras Públicas, y los gremios de camiones donde mencionan que van a iniciar una acción administrativa para apuntar a la autopista por incumplimiento de contrato (…) Ahora, si nos quieren investigar, no tengo ningún problema, pero hay que estar dejando en entredicho a los mismos funcionarios del MOP que no fiscalizan. Y el sistema concesionario tiene un muy buen sistema de resolución de controversias, así que eso nos tiene muy tranquilos.
Rol de las empresas
–¿Cómo se aborda este tema cuando una concesionaria está a cargo durante 20 o 30 años de una infraestructura? ¿Existen contratos de por medio que se refieran al tema de seguridad?
– Puedo reportar que estoy viendo a un sospechoso si entra a una autopista, pero no puedo detenerlo, no tengo guardias armados. Eso sería contra el Estado de Derecho.
– ¿Cómo se puede mejorar la seguridad en las autopistas? ¿Falta mayor apoyo por parte del Estado?
– Sin duda. El mismo convenio que firmaron lo reconoce, que van a aumentar fuertemente las patrullas policiales, van a incluir rondas policiales, aviones, y otras medidas. Colaboraremos con todo lo que tengamos a disposición. Tenemos mesas de trabajo funcionando con la Subsecretaría de Prevención del Delito hace muchos años (…) y se ha colocado una enorme cantidad de cámaras en la zona de la Araucanía para ayudar a prevenir los atentados. Pero no podemos ir más allá.
– ¿En qué ocasiones las concesionarias podrían ser demandadas e imputárseles responsabilidad?
– Cada vez que hay un accidente en la autopista, hay gente que pide indemnizaciones; eso va a la justicia y es lo que corresponde. ¿Cada vez que se cometa un delito en la vía pública administrada por el Serviu o por el Ministerio de Obras Públicas habría que demandar al Estado para que indemnice a la familia del asesinado? ¿Por qué va a suceder eso en la autopista?
¿Indemnización por paralización de aeropuertos?
El corte de carreteras durante el fin de semana no solo provocó atochamientos, sino que interrumpió el funcionamiento de los aeropuertos de Iquique y Antofagasta, que operan los privados. Leonardo Daneri señala que si bien los usuarios pueden iniciar acciones legales en contra de las aerolíneas por los viajes retrasados, las concesionarias no pueden demandar al Estado de Chile o pedir indemnizaciones por los problemas causados a partir del paro de camioneros. “No nos corresponde a nosotros eso”, señala. Según explica, “la concesión tiene un giro único que es prestar servicios e infraestructura, ya sea un aeropuerto o una carretera”, y ello corresponde a sus obligaciones contractuales. Y ejemplificó que “el Estado se hace cargo de que los usuarios de los aeropuertos puedan llegar libremente y cuando quieran a las instalaciones”; por lo tanto, en el caso de las autopistas que se ven interrumpidas por terceros, la responsabilidad recae exclusivamente en el Estado.
Fuente: Diario Financiero, Lunes 14 de Febrero de 2022
