DIARIO FINANCIERO – La situación de sequía en el país no da tregua, y a solo algunos días de haber finalizado el cuarto año más seco en la historia, este jueves el gobierno lanzó una campaña que apunta a la reducción del consumo de agua para hacer frente a la grave escasez de agua. De esta manera, las carteras de Obras Públicas (MOP), Energía, Minería, Agricultura, y Ciencia y Tecnología presentaron la iniciativa “Hay 2 Opciones: O cuidamos el agua, o nos quedamos sin ella”, que apunta a aumentar la disponibilidad de los recursos hídricos, junto con mejorar la eficiencia de su uso.
Una de las iniciativas corresponde al Plan de Emergencia, cuyo objetivo es asegurar el abastecimiento destinado al consumo humano y producción de alimentos, y consta de cuatro ejes. El primero de ellos propone un “fuerte” impulso a la desalinización del agua, especialmente en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Y a esto se suma la tecnificación del riego, que incluye la creación de un fondo de investigación de $6 mil millones.
Asimismo, el plan hace énfasis en el agua de uso rural, y asegura que mantendrá un impulso de inversión de Agua Potable Rural “para alcanzar una inversión de US$650 millones para el bienio 2021-2022”. Y por último, se menciona que “se sancionarán los usos no responsables de agua en los periodos de sequía extrema”, como el riego de jardines durante el día, riego por tendido de parques y plazas, y el lavado de autos con manguera, entre otras cosas.
Pero la estrategia del gobierno no consta solo de inyecciones fiscales y sanciones, sino también de recomendaciones a la ciudadanía y al sector privado. Entre estas destacan preferir lavadoras de bajo consumo, lavar el automóvil solo una vez al mes, reducir zonas de césped en los hogares y nunca cambiar el agua de las piscinas, sino utilizar químicos para clarificarla.
Durante el anuncio, que tomó lugar en el Palacio de La Moneda, el titular de Obras Públicas, Alfredo Moreno, señaló que hoy las reservas de agua que están en la nieve presentan “un déficit de un 100% en regiones como Coquimbo, de un 70% – 80% en Valparaíso y la RM, y del 50% en centro sur de Chile”. Y recordó que los ríos se encuentran en toda zona centro norte con los caudales más bajos que hemos tenido en la historia.
Asimismo, el ministro destacó la reciente puesta en macha de la planta desaladora de Atacama que abastecerá a las 4 principales ciudades de la región, el ingreso del proyecto de concesión marítima para la desaladora de Coquimbo, y el despacho de este miércoles a Sala del proyecto que reforma el Código de Aguas.
“Hemos logrado llegar a un acuerdo, y estoy seguro que va a ser refrendado de forma muy mayoritaria por ambas cámaras”, sostuvo.
Medidas tardías
Sin embargo, desde el sector creen que si bien las medidas han funcionado bien, llegan tarde. Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), así lo observa, y es que a su juicio, “el problema es que la sequía es más profunda de lo que se vislumbraba y sus impactos son más dramáticos, por lo que esas medidas serán siempre insuficientes y tardías”, según dice.
“Personalmente, creo que haber impulsado con mayor énfasis la desalación, el trasvase de agua en cuencas vecinas, la modificación del esquema tarifario en las ciudades de modo de castigar el sobreconsumo e incentivar a las empresas a la reutilización y la disminución de pérdidas, debió haber sido mucho antes”, sostiene el experto.
Por su parte, el doctor Francisco Correa, investigador del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Chile, afirma que estas medidas van a asumir “un déficit hídrico enorme, y consecuencias ambientales, ecosistémicas, sociales y económicas que lamentablemente son difíciles de contrarrestar”.
Y asegura que “seguir persistiendo en invertir en canales de regadío, embalses, tranques o sistemas para encauzar el agua, o almacenar grandes cantidades de agua no es el camino. El camino para hacer frente a la sequía, es la restauración y conservación de los sistemas acuáticos que proveen de recursos hídricos”.
Cortes de agua programados
En este contexto, Correa insiste en que estas medidas no son suficientes ya que solo apuntan a lo referido a la redistribución de las aguas, dejando de lado gran parte del problema. De esta manera, señala que el corte de suministros programado a la población “no implica un beneficio directo en aquellas fuentes de donde provienen los recursos hídricos, o un efecto directo en los usuarios principales”.
Y agrega que “las restricciones debieran estar puestas en aquellos que son los principales usuarios del recurso hídrico y que tienen que ver con la agricultura y la ganadería”.
Mientras que el director ejecutivo del CPI prevé que las acciones para minimizar la posibilidad de que esto ocurra recae en la toma de “medidas muy drásticas que en buena medida les corresponderán a las nuevas autoridades, como son las señaladas en el plan sequía en cuanto poner como urgencia el abastecimiento a las personas”.
“Para ello, será necesario, sin dejar de hacer lo que se está haciendo, sancionar el sobreconsumo, incentivar las inversiones de las empresas sanitarias para recuperación y reutilización de aguas servidas, minimizar las pérdidas de las redes, restringir la expansión de cultivos intensivos en agua, apoyar los programas de APR , para lo cual, a lo mejor, habrá que pedirle apoyo al sector privado”, propone.
Y de manera paralela, sugiere “incentivar la desalación a través de la ley de concesiones del MOP, revisar las posibilidades de llevar agua de cuencas con excedente a cuencas vecinas con déficit, apoyar al sector agroalimentario en tecnologías de optimización en el uso del agua”, entre otras cosas.
“Tal como se hace en situaciones extremas, será necesario nombrar una entidad responsable a cargo y a alguien que se haga cargo de la emergencia. Mi sugerencia es que esa responsabilidad caiga en el MOP y, transitoriamente, en la Dirección General de Agua”, concluye el experto.
Fuente: Diario Financiero, Jueves 6 de Enero de 2022
