CPI – La iniciativa de Deloitte y la Fundación Democracia y Desarrollo, convocó a un grupo de 35 expertos de diversas áreas como política, económica y social.
Proponer generación de empleo de calidad, aumento de la productividad y crecimiento de largo plazo fueron los objetivos del documento “Un Chile inclusivo y con empleos de calidad al 2030” de Deloitte y la Fundación Democracia y Desarrollo y en cuya elaboración participaron 35 expertos de diversas áreas.
El informe se enfocó en aspectos como el aumento en la inversión en sectores estratégicos para el país que puedan generar más y mejores empleos; aumento en productividad y cambio tecnológico inclusivo, a través de la habilitación de la fuerza laboral para enfrentar este cambio; productividad y sostenibilidad de la pequeña y mediana empresa y, por último, el fortalecimiento de la inclusión laboral formal de grupos con baja participación especialmente mujeres y jóvenes.
El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) intervino en las propuestas relacionadas con empleo en el sector infraestructura, donde el documento resalta que para alcanzar un desarrollo integral el país necesita hacer un gran esfuerzo, especialmente en los proyectos que impactan en la calidad de vida, la equidad, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico.
Entre otros puntos, se destaca la necesidad de establecer al 2030 una cartera de infraestructura legitimada socialmente, de largo plazo, que se oriente al desarrollo de proyectos que mejoran la calidad de vida, la equidad, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico. “Esta cartera – señala el documento- es capaz de trascender ciclos políticos e incluye mecanismos para incorporar anticipadamente las aspiraciones y necesidades de las comunidades, asegurando la pertinencia de las soluciones y reducir la conflictividad social”.
Asimismo, propone cinco líneas de acción relacionadas con cartera de largo plazo consensuada; Visión intersectorial y descentralización; conectividad digital en todo el territorio; movilidad sostenible y política de Estado en materia de agua y desalación.
Fuente: CPI, Viernes 5 de Noviembre de 2021