LA TERCERA – Ahora que retomamos una cierta normalidad post cuarentenas, junto con el aumento de la congestión se advierte un creciente número de vehículos circulando impunes por nuestras ciudades y autopistas, sin placa patente.
No se trata de vehículos recién comprados con permisos de circulación temporales, o que de un día para otro se hayan oxidado los tornillos que sostenían cientos de patentes, sino más bien la naturalización de un delito, que muchos pueden considerar venial, pero que de aumentar o perpetuarse puede tener severas consecuencias en el desarrollo de nuestra infraestructura, seguridad vial y ciudadana.
Todo empezó a los pocos días del estallido social de 2019, cuando el movimiento No+TAG se aprovechó del pánico y las demandas sociales para incluir sus quejas respecto a las tarifas de las autopistas concesionadas y las altas multas acumuladas por sus miembros en tribunales. Tal fue su descaro, que en varias oportunidades bloquearon por horas las principales autopistas urbanas, incluso haciendo parrilladas en la calzada. Tergiversando el concepto de desobediencia civil, sumaron adeptos que terminaron por torcer la mano al Ministerio de Obras Públicas obligándolo en noviembre del 2019 a firmar un convenio con las empresas concesionarias para regularizar las deudas acumuladas, ajustar las alzas de tarifas y generar convenios especiales para motos y vehículos pesados. Pese a este “perdonazo”, muchos siguen circulando sin sus patentes hasta el día de hoy, e incluso me atrevo a decir que el número ha aumentado.
Esto nos lleva a otro problema, al no poder identificarse un vehículo no solo es imposible cobrar su peaje, también se presta para delinquir, ya que las autopistas urbanas son las mejores vías de escape para “portonazos” y encerronas. Si a ello agregamos las carreras clandestinas que aumentan el riesgo de accidentes, estas conductas pueden escalar de manera grave.
Si bien es cierto que el costo de los peajes es una carga pesada para miles de automovilistas, que las autopistas y carreteras sean públicas no implica que deban ser gratis. El costo de implementarlas y mantener estándares operacionales y de seguridad es muy alto, e inteligentemente el Estado decidió concesionarlas hace 30 años para así dedicar o guardar los recursos públicos en programas socialmente más rentables, como el IFE. Es así como concesionarios privados arriesgaron e invirtieron más de 25 mil millones de dólares en construir, operar y, luego de un tiempo adecuado para recuperar la inversión, devolver al Estado nuestra infraestructura pública. Si bien puede ser que los valores de los peajes en algunos casos parezcan excesivos, esto se debe a que al momento de licitarse los contratos la incertidumbre respecto al volumen de tráfico era alta, lo que ya fue corregido.
Usar el auto por nuestras autopistas y carreteras no es un derecho, es un privilegio, y como tal tenemos que estar conscientes que el que quiera saltarse la fila o justificar su evasión como supuesta rebeldía contra el lucro, lo que finalmente está haciendo es poner su egoísmo e intereses personales por sobre los del resto de la comunidad.
Fuente: La Tercera, Lunes 4 de Octubre de 2021
