EL MERCURIO – Si el sistema político no es capaz de generar incentivos para las inversiones que se necesitan, servicios vitales quedarán a merced de los efectos del fenómeno.
Más de una década lleva el país con pocas lluvias, sufriendo lo que los expertos denominan una megasequía. En el caso específico de 2021, los registros muestran solo dos años con menores cifras de agua caída a esta fecha. La nieve, que ayuda durante la larga temporada seca de la zona central, también escasea. Esto podría significar problemas de abastecimiento de agua en algunas zonas, de riego insuficiente para la agricultura y consecuencias sobre el suministro eléctrico. Estas dificultades agregarán otro costo al país, además de los que provienen de la crisis social y de la pandemia.
Afortunadamente, en ciudades como Santiago y Valparaíso los embalses existentes y las inversiones realizadas por las empresas sanitarias permitirán asegurar el consumo hasta la próxima temporada de lluvias. En la V Región, por ejemplo, la empresa ha construido una tubería bidireccional con la desembocadura del río Aconcagua, de donde ha extraído agua que permitirá el abastecimiento seguro de las ciudades. Según la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la situación en otros núcleos urbanos también está controlada. Sin embargo, en zonas de menor población, sin embalses y con ríos casi secos, el escenario podría ser complejo, pues las capas freáticas serán más profundas; posiblemente, más que los pozos de extracción de las empresas sanitarias o los de las asociaciones de agua potable rural. El problema también es grave en la agricultura, en que ya hay reportes de una posible reducción en la producción futura de hortalizas. Tal como hace pocos años, los agricultores podrían tener que tomar medidas drásticas para intentar salvar sus inversiones, por ejemplo, en árboles frutales.
En el sector eléctrico, en tanto, parecería a primera vista improbable que se repitieran los cortes que afectaron al país durante la última sequía extrema, en 1998-1999. La demanda máxima del mes pasado, por ejemplo, fue de 11,2 GW, en circunstancias que disponemos de una capacidad de 26 GW. Pero se debe tener cuidado con estos números: las centrales renovables producen en promedio un 30% de su capacidad, cifra que en algunos días puede ser mucho menor. Además, en la noche, parte importante de la energía renovable desaparece. Se cuenta, por otra parte, con un stock de 3.000 MW de generadores diésel que deberían poder usarse en esta emergencia, pero estos no disponen de combustible para funcionar más de uno o dos días, y podrían ser incapaces de operar en forma continuada. Además, no hay suficiente gas para operar en forma permanente las centrales que utilizan este combustible; en parte, por un exceso de demanda por gas de Japón y China, y también por la poca confiabilidad del suministro argentino. Eso no es todo: varias centrales a carbón están en mantenimiento, justo cuando se necesitan.
Es por esta combinación de hechos que durante la semana pasada se habría estado cerca de un corte de suministro: algunas informaciones indican que el margen del sistema llegó a ser de solo 3%. Dados los enormes márgenes de capacidad instalada, este hecho debe llamar la atención: disponemos de capacidad (potencia), pero no de energía (la capacidad de operar en forma continua) cuando hay sequía. La autoridad ha comenzado a tomar medidas de emergencia, pero debería considerar decretar el racionamiento, lo que le daría más herramientas para sortear este escenario. Por cierto, una situación de sequía como la actual sería aún más complicada para el sistema eléctrico luego de retiradas las centrales de carbón de la V Región. Esto nos muestra que, antes de concretar ese cierre, deben materializarse inversiones para almacenar y para transmitir la electricidad hacia las zonas de demanda; también, mecanismos regulatorios que permitan asegurar no solo la potencia, sino la disponibilidad de energía del sistema. Todo esto requiere recursos y reglas que faciliten e incentiven la inversión, algo que hasta ahora no se ha completado de manera satisfactoria.
Enfrentar el cambio climático —respecto del cual el Comité Internacional de Expertos ha entregado ayer un nuevo y lapidario informe— demanda enormes inversiones en plantas desaladoras y de tratamiento de aguas en ciudades costeras, y en regadío avanzado, así como en transmisión y almacenamiento eléctricos. Por cierto, si el sistema político no es capaz de generar incentivos para esa inversión, tales servicios vitales quedarán a merced de los efectos del fenómeno climático que golpea al planeta.
Fuente: El Mercurio, Martes 10 de Agosto de 2021
