PAÍS CIRCULAR – Una herramienta que -según señala el propio documento- deberá orientar la acción del Estado y de los actores privados y la sociedad civil a nivel nacional “hacia la configuración de un territorio armónico, integrado, seguro e inclusivo en su diversa y amplia geografía.
Luego de más de tres años de tramitaciones, el gobierno promulgó ayer la aprobación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), una herramienta que -según señala el propio documento- deberá orientar la acción del Estado y de los actores privados y la sociedad civil a nivel nacional “hacia la configuración de un territorio armónico, integrado, seguro e inclusivo en su diversa y amplia geografía, y además, impulsar un proceso de desarrollo sustentable que integre las dimensiones sociales, económicas y ambientales, con identidad territorial”.
Se trata por tanto de un instrumento que ha sido señalado como clave para las transferencias de competencias hacia los nuevos gobiernos regionales electos, junto con la metodología para la elaboración de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) y el reglamento para la formulación de estos últimos, ya que sin ellos los nuevos gobernadores regionales no podrían elaborar e implementar los PROT durante su gestión.
En el escenario actual, esta última es una de las principales herramientas que tendrán los gobernadores regionales electos que asumen este 14 de julio, y de las pocas atribuciones que recaerán exclusivamente en ellos y el consejo regional. A través de los PROT, se definirán los distintos usos del territorio de cada región fuera del área urbana, determinando -por ejemplo- en que zonas se instalan empresas, equipamiento, rellenos sanitarios, infraestructura o áreas verdes, siendo además indicativos para los planes reguladores urbanos.
Además, tienen un carácter vinculante, lo que implicará adoptar definiciones sobre las vocaciones productivas de cada región, pudiendo fortalecer la instalación de determinados tipos de industrias o actividades productivas por sobre otras, ya que define una suerte de normativa rectora sobre las decisiones de inversión y localización de actividades, lo que implicará también abrir importantes espacios de debate y diálogo al interior de las regiones.
En este sentido, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial resulta clave puesto que opera como una herramienta aplicable a todo el territorio nacional que busca armonizar y dotar de coherencia a la interacción de los diversos instrumentos, políticas y planes sectoriales y regionales con incidencia territorial. Actúa, entonces, como marco directriz de los otros instrumentos que atañen al territorio.
“Así -señala el documento-, la PNOT cumple un rol fundamental en cuanto constituye un instrumento orientador de las políticas nacionales, sectoriales y regionales, con el propósito que las normativas e instrumentos presentes en el ordenamiento jurídico se ajusten a ella e integren en su aplicación los distintos sistemas territoriales contemplados en esta, esto es, asentamientos humanos; económico-productivo; natural; de infraestructura y logística; y socio-territorial integrado”.
Es, además, un instrumento largamente esperado. Inicialmente, la PNOT fue probada en marzo de 2018 por la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, tras más de dos años de trabajo y un amplio proceso participativo para su validación con todos los sectores de la sociedad, incluido un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. Fue ingresada entonces a Contraloría para su toma de razón. Sin embargo, dicho decreto fue retirado de trámite por el actual gobierno argumentando la necesidad de complementar la política con elementos que armonizaran su contenido con el proceso de reforma político-administrativa de la Ley 21.074 (de Fortalecimiento de la regionalización del país), “de modo de orientar los procesos que el ordenamiento prevé a nivel regional, esto es tanto la Estrategia de Desarrollo Regional como los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial”. Y si bien el texto definitivo volvió a ser aprobado en octubre de 2019 por la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, recién ahora se promulgó oficialmente, más de un año y medio después de dicha aprobación y previo paso por Contraloría.
Sostenibilidad, resiliencia y cambio climático entre principales estrategias
“En las últimas dos décadas, Chile ha avanzado hacia la construcción de una mirada intersectorial que integre el desarrollo económico, social y ambiental. También, ha avanzado hacia una mejor comprensión de la complejidad y dinamismo territorial expresada en los ámbitos urbano y rural. Asimismo, son relevantes las nuevas perspectivas para el sector primario exportador y su eventual agregación de valor, las necesidades de adaptación y ampliación de la escala de las infraestructuras y la logística del país, el uso del potencial en materia de energías renovables, el turismo de borde costero y de intereses especiales, la localización de proyectos de inversión y la exposición de la población a riesgos de origen natural y antrópico, entre otros”.
De esta forma, la PNOT expone los principales fundamentos que le dan origen y que -señala- deben ser abordados hoy desde una perspectiva global. Para ello, se estructura en base a ocho principios rectores (sustentabilidad, diversidad territorial, equidad territorial, integralidad, dinamización productiva y competitividad territorial, participación, descentralización y gradualidad) y cinco ejes estratégicos con objetivos y directrices específicas, a ejecutar en un horizonte de 30 años.
El primer eje estratégico es la creación de un sistema de asentamientos humanos que propenda a una mejor calidad de vida de las personas, mediante un territorio seguro e inclusivo. Entre sus objetivos se encuentra el que ello ocurra incorporando las dimensiones sociales, económicas y ambientales con identidad territorial, así como impulsar la ocupación del territorio de un modo seguro y resiliente que contribuya a la reducción de riesgo de desastres, así como la adaptación al cambio climático. En este último ámbito, propone también incorporar las funciones de los sistemas naturales como herramientas de mitigación ante amenazas y adaptación al cambio climático.
Un segundo eje es la creación de un sistema económico-productivo para un territorio dinámico, productivo y con oportunidades. El desarrollo económico de los territorios, señala la PNOT, “exige generar capacidades y condiciones que permitan el despliegue de sus potencialidades, pero debe, a su vez, minimizar los efectos negativos de las actividades que puedan afectar sus capacidades futuras de generar bienestar para los habitantes”.
Entre las directrices planteadas para alcanzar este objetivo de desarrollo sustentable de los territorios está el considerar las externalidades negativas así como los beneficios económicos, ambientales y sociales asociados a la localización de actividades e infraestructuras, tanto públicas como privadas, en el territorio. También impulsar una matriz hídrica y energética diversificadas, con infraestructura multipropósito, como elemento primordial de sustentabilidad para el consumo humano, su conservación y la provisión para actividades productivas.
“Sistema natural para un territorio diverso y rico en recursos naturales y culturales” es el tercer eje, señalando que “el ordenamiento territorial cumple un rol de conservación y puesta en valor de los recursos culturales y naturales, incluida la biodiversidad de los territorios, clave para propender a una compatibilidad entre las personas, sus actividades culturales y económicas, y su entorno”.
En ese sentido, entre otras directrices plantea promover mecanismos que favorezcan la compatibilidad territorial en la localización de residuos y pasivos ambientales y que resguarden la salud y calidad de vida de las personas, y el estado de los ecosistemas.
El cuarto eje estratégico se relaciona con los sistemas de infraestructura y logística, donde el objetivo es contribuir a una mayor cohesión social y territorial fortaleciendo la conectividad, las comunicaciones y las redes de interconexión en los diversos sistemas territoriales que mejores y faciliten la accesibilidad y movilidad de personas, bienes y servicios.
Para ello se propone integrar funcionalmente el territorio, considerando las necesidades económicas, sociales y ambientales, mediante el despliegue de redes de infraestructura estratégica, de telecomunicaciones, conectividad digital, energética, red hídrica, ecológica, y de transporte y movilidad.
Finalmente, el quinto eje estratégico apunta a configurar un sistema socio-territorial integrado que promueva la complementariedad y sinergia territorial. Y esto no solo implica promover mecanismos de desarrollo e integración territorial, sino también promover el uso de la propiedad fiscal para impulsar iniciativas de desarrollo sustentable, y para el desarrollo de infraestructura considerada estratégica, ecológica, de actividades productivas o de asentamientos humanos, entre otras.
Infraestructura estratégica y que exceda a la región queda bajo normativa sectorial
¿Qué ocurre con las redes e infraestructuras cuya influencia exceda al territorio regional? Aquí la PNOT establece reglas especiales, y señala que estas serán reguladas por la normativa sectorial vigente, la que deberá observar el principio general de coordinación que dispone la legislación.
“La planificación de las redes e infraestructura cuya influencia u operación excede el territorio regional, será establecida por los Ministerios y órganos del Estado que al efecto sean competentes, a través de sus políticas nacionales, estrategias, planes, normativas sectoriales, y demás instrumentos y mecanismos de los que dispongan legalmente, y no puede ser modificada por políticas, planes, estrategias o instrumentos de escala regional”, señala el documento. Además, agrega, los instrumentos de desarrollo regional no podrán impedir su desarrollo e inatalación.
Entre estas se encuentran los caminos públicos y sus fajas integradas por los caminos nacionales y regionales, la red de aeropuertos y aeródromos; las redes e infraestructuras asociadas a la generación, producción, almacenamiento, transmisión, transporte y distribución de energía eléctrica a hidrocarburos; las redes e instalaciones de telecomunicaciones autorizadas por el Estado, la infraestructura de riego y las obras portuarias, entre otros.
Fuente: País Circular, Viernes 02 de Julio de 2021
