LA TERCERA – Para Chile, una de las sociedades más urbanas del mundo, la construcción de una “ciudad justa” se ha transformado en una urgencia nacional.
En 2016, Joan Clos, entonces Secretario General de la Conferencia ONU Hábitat III, decía “hemos llegado al momento decisivo en el que entendemos que las ciudades pueden ser fuente de soluciones a los problemas a que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad, y no su causa”. No podemos entender esta afirmación como una visión optimista, sino como el reconocimiento de que las ciudades pueden ser el medio para resolver tres grandes demandas de la sociedad: la equidad, la diversidad y la participación democrática; o lo que Susan Faisntein, profesora de Harvard, define como los principios de una “ciudad justa”.
Para Chile, una de las sociedades más urbanas del mundo, la construcción de una “ciudad justa” se ha transformado en una urgencia nacional. A pesar de los avances en vivienda, infraestructura o transporte público, la actual crisis ha expuesto con crudeza las dramáticas desigualdades entre barrios y comunas. Con cerca de 600.000 hogares sin vivienda, 82.000 de ellos en campamentos; 1.300.000 familias habitando en viviendas y barrios degradados; o más de la mitad de la población demorando más de una hora a sus trabajos, se estima que a lo menos 4 de cada 10 chilenos no acceden a los estándares mínimos de bienes públicos urbanos.
Es evidente que nuestras ciudades no son justas, pues las brechas urbanas no solo afectan la calidad de vida, sino que deterioran nuestra cohesión social, debilitado la convivencia y la paz social en los barrios, y menoscabado las confianzas en las instituciones públicas y la democracia.
Esta es la razón por lo cual se requiere de nuevas formas de acción pública y cooperación social, pues la reducción de la desigualdad y la pobreza no puede depender solo del esfuerzo individual o de la eficiencia de los mercados. Por eso que insistir solo en políticas subsidiarias, centralizadas o sectoriales, podría agravar la crisis urbana. No solo se trata de incrementar el gasto en infraestructura o vivienda, pues la solución dependerá también del tipo de mecanismos institucionales de distribución del poder descentralizado, los recursos económicos y el espacio urbano, los que dependiendo de su diseño, pueden crear ciudades más justas y cohesionadas, o por el contrario, pueden agudizar la desigualdad.
El actual escenario de debates nacionales puede favorecer el avance hacia un acuerdo por las ciudades justas, a través de una descentralización efectiva, la gestión activa del suelo urbano, la inversión en infraestructura para la equidad territorial y el sustancial incremento de la regeneración de barrios y construcción de viviendas integradas socialmente. Estoy convencido que la actual crisis de confianzas es en parte el resultado del abandono de las ciudades y comunidades como motores de transformación, las que como sostiene Joan Clos, pueden ser la solución a los grandes problemas de la sociedad. Para ello requerimos planes y proyectos urbanos de calidad, ampliamente participativos, capaces de construir ciudades justas: equitativas, democráticas y diversas.
Fuente: La Tercera, Jueves 24 de Junio de 2021
