EL MERCURIO – El uso del agua debe tener un costo que remunere las inversiones necesarias para disponer de ella y asegure su empleo eficiente.
Pese a las bienvenidas lluvias de esta semana, los meteorólogos han declarado que 2021 será un año tanto o más seco que los peores de este siglo. Esto completaría un período de más de una década de sequía moderada a severa en gran parte de la zona que va desde el Norte Chico a Puerto Montt. El fenómeno supera, en su combinación de intensidad y duración, a las sequías del pasado, como se puede descubrir en una útil página web elaborada por investigadores de la Universidad Austral que muestra la disponibilidad de agua desde el siglo XV en el Cono Sur de América.
En el pasado han existido sequías extremas de corta duración u otras largas, pero no tan intensas, en esas regiones del país. Tal como en esos casos, las lluvias retornarán en algunos años futuros, para luego ser seguidas por otras etapas de sequía. Sin embargo, todas las indicaciones de cambio climático anticipan que la frecuencia de los períodos muy secos aumentará. Estos ciclos estarán acompañados por una menor acumulación de nieve en la cordillera y por la reducción del tamaño de los glaciares debido al aumento de las temperaturas.
De todo esto se concluye que las políticas públicas deben dirigirse a responder a ese mayor riesgo de períodos de sequía prolongados que vivirá el país. En efecto, si bien es difícil responder en el corto plazo a una sequía, sí es posible prepararse para enfrentarla. Un requisito esencial es que el uso del agua tenga un costo que remunere las inversiones necesarias para disponer de ella, de manera que se emplee eficientemente y que haya interesados en realizar dichas inversiones. En términos de uso doméstico, será necesario reducir las pérdidas en las redes sanitarias, lo cual supone ejercer presión regulatoria sobre las empresas, pero también asegurar que sus inversiones no serán expropiadas regulatoriamente.
Otras inversiones tendrán que definirse mediante un análisis de costo-beneficio. En las ciudades costeras, se podría avanzar en el tratamiento secundario de las aguas servidas, para el uso posterior de estas en agricultura o para potabilización en un tratamiento terciario. Esto último podría también ser una opción en ciudades del interior, como Santiago. Esto, considerando que, en el futuro, los glaciares cuyos deshielos ayudan al suministro durante el verano tendrán menor tamaño o desaparecerán. Frente a ello, también es una posibilidad construir embalses similares al de El Yeso, para asegurar el suministro en otras ciudades del interior, capturando precipitaciones que ya no se acumularán en la cordillera como nieve. Otra opción es que las empresas sanitarias y las cooperativas de agua potable rural adquieran una mayor fracción de los derechos de agua de las cuencas, para uso doméstico. Finalmente, puede ser eficiente invertir en más plantas de desalinización para ciudades costeras, e incluso podría ser viable bombear el agua producida hacia ciudades del interior. Si la energía requerida proviene de fuentes renovables y si las salmueras generadas en el proceso se dispersan cuidadosamente en el mar, el impacto ecológico debería ser muy bajo. Por cierto, cualquiera de estas alternativas requerirá grandes inversiones, pero ellas no tendrían por qué elevar en exceso las tarifas.
Pero será la agricultura la que tal vez sufrirá los mayores problemas, como usuaria de aproximadamente cuatro quintos del agua en la zona que va desde el norte hasta la Región de los Ríos. A medida que se reducen las precipitaciones, la tecnología de riesgo, las prácticas y el tipo de cultivos deberán responder a esa menor disponibilidad de agua. También esta adaptación requerirá de inversiones enormes, las que solo se materializarán si el agua tiene un costo de uso; si se la entrega gratuitamente, esos recursos no existirán. A su vez, si los privados ven riesgo para sus inversiones, exigirán un retorno más elevado, lo que redundará en un mayor costo para la sociedad.
Este escenario evidencia cuán mal momento es este para introducir riesgos en el sector hídrico. Si no existen derechos y si se habla de expropiación regulatoria, difícilmente los privados harán las inversiones necesarias. Ya sabemos que el Estado, apremiado por políticas redistributivas, tampoco dispondrá de los recursos. Por lo tanto, existe el riesgo de avanzar hacia una situación en la que no se concreten las inversiones defensivas que se requieren frente al cambio climático. En tal caso, futuras sequías más profundas generarán un costo mucho mayor que si el país actúa con cautela en sus decisiones respecto de este sector.
Fuente: El Mercurio, Viernes 25 de Junio de 2021
