CPI – US$25.000 millones costaría dotar al 100% de la población urbana del país con Internet domiciliario
Este monto, propuesto por el Consejo de Políticas de Infraestructura sobre la base de cifras de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, fue develado en el marco del diálogo “Internet para tod@s, ¿Cómo lograrlo?” organizado por la entidad.
A US$25.000 millones ascendería el costo de dotar a la totalidad de la población urbana del país de internet domiciliario. Así lo estimó el Consejo de Políticas de Infraestructura -sobre la base de cifras entregadas por la Cámara de Infraestructura Digital, IDICAM- en una propuesta presentada por el exsubsecretario de Telecomunicaciones y consejero del CPI, Christian Nicolai durante el diálogo “Internet para tod@s, ¿Cómo lograrlo?”, organizado por dicha entidad.
En el encuentro, en el que participaron los presidentes de Fundación País Digital, Pelayo Covarrubias y de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Rodrigo Ramírez, además de las alcaldesas de La Pintana, Claudia Pizarro, y María Pinto, Jessica Mualim, se afirmó que los recursos, que provendrían principalmente del sector privado, se desglosarían en US$1.700 millones para cerrar la brecha de acceso en las localidades donde no hay servicio fijo ni móvil; US$ 5.000 millones en redes de fibra óptica para el 80% de los hogares; US$ 6.000 millones en expandir la red 4G que aún tiene que crecer para llegar al 80% de la población; US$ 5.800 millones en redes de transporte y respaldo backbone, con el fin de asegurar calidad y niveles de servicio y US$6.000 millones para sistemas radiantes y fibra óptica para despliegue de 5G.
Christian Nicolai afirmó que además de la inversión, es fundamental superar diversas brechas que obstaculizan este objetivo, destacando la necesidad de estandarizar las licitaciones, permisos y tiempos en los distintos municipios para que se materialicen las inversiones con mayor rapidez.
“Adicionalmente, es necesario que Internet tenga carácter de servicio público y se subsidie a los sectores más vulnerables, tal como sucede, por ejemplo, en el agua potable. Ello permitirá garantizar acceso y acelerar las inversiones. Se calcula que el costo de dar acceso a banda ancha a una vivienda oscila entre US$100 a US$60”, explicó el exsubsecretario de Telecomunicaciones.
“Si el Estado invierte US$150 millones en cinco años, en comunas en que el 90% de los hogares pertenece a los segmentos C3, D y E, se podría disminuir en 80% la brecha de cobertura y acceso”, agregó.
Por su parte Pelayo Covarrubias, presidente de Fundación País Digital, se refirió al estudio que dicha entidad realizó en 2020 “Brechas en el uso de Internet”, que reveló que más de 5 millones de personas de 5 años o más se han sumado al uso cotidiano de Internet, afirmando que dicho aumento en la demanda incrementa la necesidad de enfrentar los desafíos a nivel de política pública para cerrar la brecha digital.
“En ese sentido -expuso- es fundamental incrementar la conectividad para la población a través de políticas públicas y establecer un marco regulatorio que fomente la inversión en infraestructura de conectividad, especialmente considerando la geografía de Chile, que complejiza la implementación de dicho soporte”. Covarrubias enfatizó además la necesidad de, a la par del incremento en el despliegue de más y mejor conectividad, buscar alternativas para mejorar las habilidades digitales en la población.
Fin de la burocracia y necesidad de un “Plan Maestro”
Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, añadió a la discusión la urgente necesidad, para lograr los objetivos propuestos, de reducir la burocracia para desplegar la infraestructura requerida.
“No hay posibilidad de avanzar y cumplir con más hogares conectados a una red fija, de mejorar la cobertura de la red móvil, de extender la red hacia zonas rurales, suburbanas, conurbanas y desplegar una red 5G en tres años con el actual modelo sobre burocrático y errático que autoriza la instalación y despliegue de infraestructura. Solo mediante el establecimiento de un nuevo pacto con los municipios será posible avanzar sin dejar nadie atrás”, afirmó.
El experto se refirió a la desigualdad en la provisión del acceso a Internet en nuestro país, explicando que, según el BID, de la inversión en telecomunicaciones acumulada (2008–2017) el 99% es privada y solo un 1% es del Estado y que, según la Subtel, el 50% de todas las conexiones fijas están en la Región Metropolitana; es decir, el 6,8% del territorio nacional concentra el 76% de los hogares con internet fija en el país.
“El 18% de los hogares -cerca de 900.000 personas-, aún no disponen de acceso a internet de ningún tipo. Así, mientras el 78% de los hogares del quintil de mayores ingresos cuenta con acceso a banda ancha fija, ese porcentaje solo alcanza al 32% en el quintil de menos ingresos. Además, el 54% de los hogares urbanos tienen este tipo de conexión, a diferencia del 4% que accede en los hogares rurales. En este orden de ideas es imperativo el desarrollo de un plan maestro para el despliegue de infraestructura digital, el que necesariamente requiere de un nuevo pacto con los gobiernos locales”, señaló.
La visión de las alcaldías de zonas postergadas
“El 69% de nuestros vecinos no cuenta con internet fijo y ello está agudizando la brecha en todo ámbito: educación, trabajo y acceso a servicios. Por ejemplo, los vecinos no pueden hacer teletrabajo, los niños no pueden llevar a cabo sus clases. Ellos siguen teniendo que retirar guías y papeles en las escuelas”, enfatizó la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.
La edil mencionó la discriminación que experimenta su comuna de parte de las empresas de telecomunicaciones y coincidió en la necesidad de que el Estado asegure el acceso a Internet para todos, implementando un subsidio para la conectividad de las familias más vulnerables.
“Por ahora, para resolver a nivel local, estamos desarrollando una propuesta de cooperativas de Internet. Si el mercado nos niega la posibilidad de una ciudad justa, nosotros iremos en contra del mercado y solucionaremos nuestro problema. Esto no implica que la legislación no avance, muy por el contrario, deben apoyar esta y otras iniciativas”, agregó.
A juicio de la alcaldesa de María Pinto, Jessica Mualim, la conexión a Internet es hoy una herramienta fundamental para reducir la brecha digital y ayudar así a disminuir la pobreza. Sin embargo aludió a la gran deuda digital de las empresas privadas con el mundo rural, que no ve interés en invertir en zonas alejadas de los centros más poblados. “Es urgente que utilicen criterios sociales para decidir sus inversiones”, enfatizó.
Jessica Mualim hizo hincapié en los efectos en la educación de los estudiantes de la comuna que “al no lograr conexión digital, no pueden acceder a la educación a distancia, como propuso inicialmente el Ministerio de Educación. Esta “deuda digital social” afecta también el acceso a la salud, mucha de la cual se resuelve hoy a través de la telemedicina para la atención de emergencias y toma de horas, lo cual se vuelve imposible por el deficiente o nulo acceso a conectividad.
“Desde el Gobierno Central, (Subtel), existe un proyecto adjudicado para poder dar cobertura a la comuna de María Pinto y otras 80 comunas más, a través de la construcción de una red de fibra óptica, la cual se esperaba que estuviera operativa durante el año 2022, pero aún no se ve movimiento, a pesar de estar adjudicado desde el 2021”, explicó.
Internet para el ejercicio de los derechos de las personas.
Durante la sección de preguntas tomó la palabra el senador Juan Pablo Letelier, presente en el diálogo, afirmando que “Internet es un elemento fundamental del siglo 21 para el ejercicio de los derechos de las personas; sus derechos políticos, civiles, económicos y culturales. Por ello es tan importante el acceso a Internet, y este es uno de los principios que están en la Ley de Internet como servicio público, que abarca tanto el despliege de infraestructura, como la accesibilidad por tema de precios”.
El senador mencionó el tema de la calidad de Internet como un problema que atañe a las empresas y a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pero que lamentablemente, hasta hoy, no existe la institucionalidad para que esta entidad pueda garantizar este tipo de temas. “Por eso el que Internet sea un servicio público es tan relevante, para que el Estado asuma mayor responsabilidad”, afirmó.
Asimismo, hizo mención del Fondo de Telecomunicaciones utilizado para subsidiar, entre las décadas del 90 y 2000, la instalación de antenas para asegurar la conectividad telefónica, asegurando que “no es suficiente. Hoy en día el gran desafío para los consumidores no es 5G; es 4G y 3G, es decir, tener comunicación fluida por Internet y para ello necesitamos que los dineros públicos no solo se inviertan en antenas, sino que permitan establecer subsidios públicos”.
Además enfatizó la urgencia de cambiar las concesiones que tiene la industria de telecomunicaciones para que tengan, además de la obligación, incentivos para que los usuarios de cualquier zona geográfica puedan tener acceso de calidad a Internet. “Para ello es fundamental un nuevo pacto público- privado; si no lo hacemos, en particular en Internet, va a ser imposible que los ciudadanos de las comunas con problemas de conectividad ejerzan sus derechos”, finalizó.
Fuente: CPI, Lunes 31 de Mayo de 2021
