LA TERCERA – Junto con definir quiénes redactarán la nueva Constitución, por primera vez también elegimos gobernadores regionales. Un avance significativo hacia la descentralización.
Muchas voces critican que las atribuciones de las nuevas autoridades regionales son simbólicas, ya que el control de las secretarías regionales ministeriales -el brazo armado del Ejecutivo- seguirá en manos del gobierno de turno y sus “delegados presidenciales” designados. Pero ya varios candidatos insinuaron que para resolver los temas de vivienda y equidad urbana, los Serviu deberían pasar a depender de la gobernación; en lo que será solo el inicio de un proceso de “devolución” del poder central al local, que expertos como Bruce Katz vienen pregonando globalmente. De hecho, en algunas circunscripciones los gobernadores tendrán más votos que cualquier otra autoridad, lo que les dará una legitimidad y peso político sin precedentes.
En esta línea, adelanto algunos desafíos que tendrán los y las gobernadoras en lo que respecta a nuestras principales ciudades o capitales regionales: lo primero -sin mucha autoridad ni presupuesto-, será apoyar la coordinación de la seguridad ciudadana, principalmente en la lucha contra la narcoviolencia y la reconstrucción de los centros urbanos afectados por el vandalismo post estallido y la pérdida de actividad producto de las cuarentenas. Donde sí tendrán más muñeca será en la planificación, ya que los planes reguladores intercomunales y metropolitanos, así como los planes maestros de transporte urbano metropolitano y sus modificaciones quedarán bajo su tuición. Es así como nuevas líneas de Metro, Merval, Biotrén y trenes de cercanía, así como teleféricos, red de buses y movilidad activa podrán integrarse con otras infraestructuras y usos de suelo como parte de un sistema articulado desde los territorios. Esto también permitirá responder a la crisis de vivienda, campamentos y hacinamiento, generando incentivos y condiciones para garantizar el acceso al suelo e infraestructura social, parques y equipamiento.
No será una tarea fácil. Para que funcione un buen gobierno metropolitano se requiere legitimidad política, y la elección es la mejor forma de otorgar legitimidad y responsabilizar a los funcionarios electos. Además, el gobierno deberá avalar a las autoridades metropolitanas a través de legislación que establezca responsabilidades, poderes y recursos; ingresos que deben coincidir con las responsabilidades de gasto a nivel metropolitano. Por último, las áreas metropolitanas requerirán de autonomía fiscal en el manejo y asignación de sus recursos.
No puedo terminar esta columna sin lamentar la pronta partida de mi gran amigo y urbanista Javier Wood Larraín. Quien desde la academia, el servicio público y la consultoría fue actor clave en la definición de muchos de estos temas. En su honor debemos avanzar para que pasemos de la planificación a una implementación adecuada de esta nueva institucionalidad.
Fuente: La Tercera, Lunes 17 de Mayo de 2021
