CPI – Expertos participantes en Foro Internacional organizado por el CPI, BID, CAF y FIIC, sostuvieron que es fundamental mejorar la eficiencia y planificación de los proyectos de manera de contribuir también a la generación de empleos, el gran problema que enfrentan los países de la región.
La necesidad de aumentar la eficiencia en los procesos y planificación de los proyectos de infraestructura, de manera que sean el motor para impulsar la recuperación económica de la región post pandemia, destacaron los expertos y autoridades que participaron en el III Foro Latinoamericano de Infraestructura.
El evento, en su segunda jornada realizada este año, fue organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC).
“Los desafíos de infraestructura son grandes desafíos de desarrollo. Nuestra región de América Latina y el Caribe necesita adelantar esfuerzos para mejorar la cobertura, la calidad y resiliencia de los servicios básicos de infraestructura. Las brechas son significativas. Somos la región que más gasta en servicios de infraestructura”, afirmó al abrir el evento la representante del BID en Chile y moderadora del primer panel, Florencia Attademo-Hirt.
“Aun así, se estima que nuestra brecha representa el 2.5% del PIB o unos 150 mil millones de dólares anuales. Pero no es solo en montos de inversión, también es una brecha de calidad. En el escenario actual de la pandemia, por ejemplo, donde se ha manifestado críticamente la importancia de la conectividad digital, sabemos que nuestras ciudades solamente alcanzan el 40% de conectividad a Internet. Tenemos un largo camino que recorrer”, aseveró.
A continuación, y al inaugurar oficialmente el Foro, el presidente del CPI, Eduardo Frei, señaló que para superar la grave crisis de pobreza que enfrenta Latinoamérica, es fundamental generar crecimiento y para eso se necesita optimizar los procesos de inversión y un trabajo conjunto público-privado.
“Hoy un tercio de las inversiones -dijo- se pierden por ineficiencia en la región. La infraestructura es un pilar de desarrollo y se requiere aplicar cambios para eliminar las trabas innecesarias. También necesitamos mayor colaboración público-privada para enfrentar lo que viene”.
Asimismo, el exmandatario hizo un llamado a poner acento en la necesaria integración regional para superar la crisis actual y los desafíos comunes.
“Solo podemos salir adelante como región en conjunto, buscando puntos de encuentro entre los países para coordinar estrategias que nos permitan abordar los problemas de pobreza, crecimiento y otros, y también para impulsar el desarrollo. Históricamente se han llevado a cabo iniciativas que no han funcionado, como el Plan Andino de los años 60, del que no queda nada. En pandemia, en lugar de apoyarnos, cerramos las fronteras. Necesitamos trabajar unidos”, aseveró.
En la misma línea, el vicepresidente del BID, Benigno López, también puso énfasis en la eficiencia en la inversión pública. Esta, afirmó, no sólo permitirá acelerar la recuperación del empleo, sino que además conectar a las personas, asegurar la enseñanza escolar con mayor cobertura de internet y, en suma, mejores servicios y mejor calidad de vida.
“Para la etapa de reactivación el BID ha desarrollado instrumentos más flexibles para apoyar a los países, especialmente al sector de infraestructura porque creemos que será una piedra angular en la recuperación de nuestros países”, sostuvo.
El director de Proyectos Región Sur de la CAF, Ángel Cárdenas, manifestó que la infraestructura -sobre todo post pandemia, con recursos fiscales más reducidos- se presenta como la oportunidad para recuperar el proceso de crecimiento económico en la región, pero con nuevas características: digitalización, resiliencia, sostenibilidad, innovación, etc.
En la misma línea, Teresa Curristine, Economista Principal en el Departamento de Finanzas Públicas del FMI, afirmó que “la infraestructura es un motor clave del crecimiento económico inclusivo, el desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades, pero la inversión pública se ha quedado rezagada con respecto al PIB, mientras que las necesidades de infraestructura mundial siguen siendo enormes”. Añadió que el mundo necesitaría invertir casi US$100 mil millones en infraestructura a 2040 para mantenerse al día con los profundos cambios económicos y demográficos globales y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en lo que se refiere a suministro universal de agua potable, saneamiento y electricidad.
“Las necesidades -complementó- también son grandes en América Latina, pero en comparación con otras regiones, la inversión pública en infraestructura es una de las más bajas a nivel global. Las razones para esto son diversas; pero es importante que se mejoren estas cifras, definiendo bien en qué gastar el dinero”, agregó.
La experta señaló que esto es particularmente importante dado que la crisis sanitaria ha dejado a muchos países con recursos limitados, por lo que el énfasis debe ponerse en gastar mejor y mejorar la eficiencia.
Investigaciones del FMI han demostrado que, a nivel mundial, un país promedio pierde alrededor del 30% del valor de sus inversiones debido a la ineficiencia en los procesos de inversión pública; esta ineficiencia está relacionada con una mala gobernanza, una mala planificación y asignación de recursos.
En este sentido Terese Curristine se refirió a las Evaluaciones de la Gestión de la Inversión Pública (PIMA, por sus siglas en inglés), herramienta del FMI que ha aplicado en más de 60 países para orientar a las naciones a obtener resultados de calidad en infraestructura aprovechando todo el potencial económico y social de la inversión pública.
En América Latina, ha permitido identificar varias áreas de mejora, entre ellas, realizar una evaluación más sistemática de los proyectos y sus pautas para mejorar la calidad de estos y evitar problemas de ejecución; utilizar criterios no estandarizados para la selección de proyectos; definir presupuestos de capital multianuales desglosados de manera realista anualmente; visibilizar los sobrecostos y retrasos de un proyecto y realizar evaluaciones ex post, entre otros.
Mejoras institucionales
El presidente de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), Raphael Bergoeing, se refirió a las principales falencias en institucionalidad que enfrenta Chile. Mencionó entre ellas la falta de normativa y metodologías para guiar decisiones respecto a la modalidad óptima de desarrollo de una obra pública y la ausencia de una planificación estratégica de largo plazo que contemple las sinergias entre proyectos, al territorio en su conjunto, la coordinación entre reparticiones públicas, y que sirva de contra-balance a los incentivos de corto plazo que impone el ciclo político.
Estos factores, señaló, generan dificultades como el retraso en la materialización de las obras, detallando que hay algunas -en el caso nacional- que demoran más de tres ciclos en ejecutarse.
“Las mejores prácticas -como lo muestran los modelos aplicados en Australia, Corea del Sur, Inglaterra o Nueva Zelanda- consolidan la planificación y evaluación de proyectos de infraestructura en una institución técnica, independiente y con mirada de largo plazo. Se busca dar mayor certeza, trasparencia y disminuir los riesgos políticos”, mencionó.
Bajo este análisis, la propuesta de la CNP para Chile contempla la creación de una Comisión de Infraestructura -al alero del Ministerio de Hacienda- para asesorar a la Presidencia de la República en el desarrollo de infraestructura pública que mejore el bienestar de la población.
Además, la CNP propone -entre otras mejoras- establecer metodología que defina la modalidad y tipo de contrato para una obra, definiendo lineamientos para justificar casos en que decisión de modalidad difiera con resultado de metodología.
Apoyos para la reactivación
Cristóbal Leturia, Subsecretario de Obras Públicas de Chile, comentó la forma en la que el MOP abordó la necesidad de poner en marcha un plan de inversión para reactivar la economía afectada por la pandemia, el “Plan Paso a Paso, Chile se Recupera”.
“Entre los elementos que hicieron posible activar este plan destacan la existencia de un Sistema Nacional de Inversiones que evalúa proyectos de inversión pública y su rentabilidad social, además de que en Chile existen planes de largo plazo, como el que plan 2050 que está ahora en práctica. Esto nos permite tener un pipeline nutrido que se puede meter a producción para generar este efecto reactivador”, comentó.
Además, mencionó la capacidad de estos planes de adaptarse para hacer frente a eventos como el cambio climático, que “ha afectado mucho a nuestro país y que está modificando el clima en distintas zonas”.
Otro factor relevante es la búsqueda de inversiones sostenibles en el tiempo, como el innovador reciclaje de pavimentos. “La visión de mediano plazo y el Sistema Nacional de Inversiones, que prohíbe aquellos proyectos que no estén bien diseñados y no renten socialmente, nos permite ahora enfrentar este desafío.
Javier Encinas, Deputy Head of International Project and Structured Finance Group Infrastructure and Projects Authority HM Treasury and Cabinet Office, se refirió a la experiencia británica en el desarrollo de infraestructura y al rol del IPA (Autoridad de Infraestructura y Proyectos), Centro de Experticia del Gobierno británico en materia de infraestructura y grandes proyectos, encargado de desarrollar políticas públicas y programas de inversión en infraestructura y apoyar a grandes proyectos.
Encinas mencionó como procesos clave para el desarrollo de proyectos exitosos de infraestructura el desarrollo de un marco institucional sólido y evolutivo; la adopción de un enfoque de ciclo de vida de los proyectos y la formalización de un sistema de infraestructura coherente a través de estándares. También abordó las decisiones tomadas en torno al desarrollo de infraestructura como eje de la reactivación económica post-pandemia, como la creación de un Banco Nacional de Infraestructura para el Reino Unido y una inversión “récord en infraestructura económica, social, medioambiental y digital”.
“Además el IPA introdujo reformas estructurales para consolidar al Sistema de infraestructura y transformar al sector de la construcción. Estas reformas completan el marco para apoyar proyectos “de principio a fin”, a lo largo de su ciclo de vida”, entre otras iniciativas que conforman un sólido plan de reactivación”, afirmó.
Al cierre del evento, el ministro de Obras Públicas de Chile, Alfredo Moreno, se refirió a la pérdida de empleos en Chile a raíz de la pandemia, señalando que de los 2 millones de puestos de trabajo perdidos se ha logrado recuperar un millón a la fecha, mientras que en al sector de la construcción se ha recuperado el 70% de los empleos.
“En el periodo 2020-2022 tenemos proyectado invertir US$34 mil millones considerando inversión pública total. En el MOP nos hemos planteado como meta para este año subir la inversión en 40%, considerando obras que sean socialmente rentables y alineadas con los requerimientos del país. Tenemos un buen sistema de evaluación social y, por tanto, un buen stock de proyectos para ponerlos en marcha. La gran infraestructura se construye a través del financiamiento privado, a través de concesiones. Queremos llegar a US$3 mil millones al año como meta, aunque para este año llegaremos US$4 mil millones en nuevas licitaciones y vamos a ejecutar US$500 millones en concesiones existentes”, finalizó.
Fuente: CPI, Lunes 26 de abril de 2021
