DIARIO FINANCIERO – En entrevista con este diario, el gerente general de dos empresas sanitarias regionales aborda una dimensión clave del problema, como es la importancia de asegurar la sostenibilidad social de la infraestructura que distribuye el agua.
El costo humano y económico de la pandemia es evidente. Menos evidente ha sido uno de sus efectos indirectos más perniciosos, como ha sido restar visibilidad —y por ende, urgencia— a graves problemas de fondo que anteceden con mucho al coronavirus, entre ellos, una crisis hídrica que se prolonga por más de una década.
En entrevista con este diario, el gerente general de dos empresas sanitarias regionales aborda una dimensión clave del problema, como es la importancia de asegurar la sostenibilidad social de la infraestructura que distribuye el agua. Así, el ejecutivo reconoce un desequilibrio que el país requiere enfrentar: “Cuando tenemos lugares donde se están consumiendo 3.000 o 4.000 litros por segundo, y tenemos gente en zonas rurales que tienen un problema vital que se solucionaría con 20 litros por segundo, creo que es evidente que lo ideal es que todos nos pongamos de acuerdo y aseguremos que ellos tengan efectivamente acceso al agua”.
En efecto, más que una verdadera mayor escasez del recurso hídrico -que sin duda también existe, por varios factores-, el desafío es uno de gestión. Y resulta interesante plantearlo desde un enfoque de mayor colaboración entre “los actores del mundo del agua”, como lo expresa el entrevistado, que necesariamente pasa por superar desconfianzas de comunidades que sienten (¿constatan?) que sus necesidades son postergadas en favor de las grandes concentraciones urbanas o de intereses económicos, lo que alentado en ocasiones un clima de confrontación.
Puesto así, una mejor conexión entre los sistemas de agua potable rural y las redes de abastecimiento urbano parece tanto un imperativo económico como social. Los proyectos que buscan dicha conexión son una estrategia acertada hacia una mayor seguridad hídrica, y justamente por eso se precisa un esfuerzo de socialización de sus beneficios -con un análisis honesto de sus eventuales desventajas- que debe hacerse entre privados y el Estado.
Desde luego, ya hay ejemplos de colaboración constructiva entre empresas sanitarias y comunidades; de lo que se trata es de perseverar en esa línea.
Fuente: Diario Financiero, Miércoles 24 de Marzo de 2021
