EL PAÍS – Es ampliamente conocido que acelerar la inversión en infraestructuras es fundamental para impulsar el crecimiento económico de un país, generar empleo y mejorar la productividad. En América Latina y el Caribe, sin duda, necesidades no faltan. Nuestra histórica baja inversión, desafortunadamente, nos ha terminado saliendo muy cara. Como se menciona en nuestra publicación insignia sobre infraestructura, los latinoamericanos y caribeños pagan por servicios básicos como el agua, la electricidad o el transporte mucho más que en otras economías emergentes. Y, como es de esperar, ese alto precio afecta desproporcionadamente a los más pobres. Un ejemplo claro es el acceso a internet: mientras el 75% de los hogares latinoamericanos de altos recursos tiene acceso estable a la red, esa cifra baja al 36% entre las familias de ingresos inferiores.
La inversión pública será clave para reactivar las economías latinoamericanas en la pospandemia y empezar a corregir las enormes brechas que separan a los latinoamericanos ricos de los pobres. No podemos seguir aceptando que entre un 10% y un 30% de la inversión pública se siga perdiendo debido a mala gestión y corrupción.
América Latina y el Caribe necesita construir más y mejor. Si bien la crisis económica desatada por la covid-19 va a limitar las cuentas fiscales de los años venideros, la inversión pública no solo se financia con dinero público. Por ejemplo, hay mucho espacio para promover la participación de los inversionistas institucionales de la región, que gestionan 2,7 billones de dólares en activos (cerca del 50% del PIB regional) pero asignan menos del 1% al desarrollo de infraestructura. La otra parte de la ecuación está del lado de los gobiernos y tiene tres elementos: gestión, gestión… y más gestión.
- Gestión para ser más estratégicos en dónde y cómo invertir. Diversos estudios confirman que planificar la inversión pública permite generar mejores sinergias entre la inversión pública y la privada, reducir el impacto de los ciclos políticos, y fortalecer la coordinación de los distintos sectores y niveles de gobierno. Algunos países como Chile han venido experimentado con métodos para mejorar la planificación de la inversión, desde mecanismos de gobernanza colaborativa y en redes para promover la participación de gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil, hasta el uso de metodologías de análisis prospectivas para estimar los impactos de retos tan variados como la migración o el cambio climático. Asimismo, hay cada vez más un impulso por adoptar una visión integral del desarrollo que permita complementar proyectos de infraestructura para atender objetivos diversos –desde crecimiento económico hasta metas medioambientales.
- Gestión para basar las decisiones en datos. Más allá de la digitalización de los procesos administrativos, las nuevas tecnologías han abierto un mundo de posibilidades para optimizar la gestión de proyectos y minimizar las ineficiencias y el uso inadecuado de recursos. Hemos comprobado, por ejemplo, que las auditorías concurrentes y de desempeño permiten identificar y resolver potenciales riesgos en la gestión de proyectos. ¿Cómo se plasma eso en la práctica? Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hemos impulsado el desarrollo de MapaInversiones, una plataforma de georreferenciación que permite el análisis instantáneo de los datos de ejecución de obras públicas y la retroalimentación ciudadana. Los números avalan el logro: en Costa Rica, las obras publicadas en MapaInversiones aceleraron un 7,6% su progreso físico y un 18,5% su ejecución financiera. También existen prometedoras herramientas de gestión de riesgos que da a los gerentes públicos una visión más holística de las posibles interferencias que puede llegar a enfrentar un proyecto.
- Gestión para formar y retener al talento adecuado. Una buena gestión de la infraestructura pública solo es posible si está liderada por un cuerpo de funcionarios públicos con habilidades y conocimiento acordes con las necesidades de la nueva era digital –desde el uso de modelos prospectivos hasta analítica de datos para examinar la operación de los mercados y buscar alternativas de financiamiento y/o provisión de servicios. Las habilidades blandas también han pasado a ser esenciales: nuestros funcionarios tienen que saber negociar contratos complejos, promover la colaboración entre actores públicos y privados, e involucrar de manera oportuna a las comunidades que pueden verse impactadas por una obra determinada.
Los retos de expandir el crecimiento y la productividad, reducir la desigualdad y enfrentar el cambio climático requieren de más, mejores e inclusivos servicios públicos. Sabemos que nuestra región va a necesitar invertir el equivalente al 5% del PIB en las próximas dos décadas para cerrar esas brechas. Pero no nos confundamos: construir más y mejor no es solo cuestión de dinero. Podemos hacer mucho más con lo que ya tenemos si transformamos la gestión de la administración pública. El bienestar de nuestros ciudadanos está en juego. Una mala gestión no es una opción.
Lea Giménez es jefa de la División de Innovación para Servir al Ciudadano y Edgardo Mosqueira es el coordinador del grupo de Gestión Pública, ambos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Fuente: El País, Jueves 04 de Marzo de 2021
