EL MERCURIO – Los concesionarios del aeropuerto Arturo Merino Benítez han acudido al Ciadi (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) para iniciar la etapa conciliatoria previa a una disputa ante una comisión arbitral. Reclaman haber sido perjudicados por una supuesta inflexibilidad del gobierno chileno. Este no ha querido extender el respectivo contrato de concesión, agregando años de plazo, para permitirles así solventar los efectos de la pandemia sobre los ingresos de la empresa. Según esta, la crisis sanitaria y las medidas restrictivas adoptadas por el Estado chileno para enfrentarla les habrían provocado un daño que demandan les sea compensado, de manera de “restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión”.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), por su parte, señala que no se puede acudir al Ciadi para exigir un cambio en un contrato firmado voluntariamente entre las partes, el que no incluye cláusulas que incorporen las exigencias de la empresa. Según el MOP, las acciones del Gobierno en cuanto a cierre de fronteras y otras restricciones son medidas generales, aplicadas globalmente, por lo que no discriminan contra el concesionario. Por analogía, bajo el criterio señalado por los operadores del aeropuerto, todos los comercios (incluso ambulantes), gimnasios, cines y otros sectores podrían igualmente pedir compensaciones porque, aunque no hay una violación de contrato (pues estos sectores no los han suscrito con el Estado), también se han visto severamente perjudicados producto de las medidas para hacer frente a la pandemia.
Desde una cierta perspectiva, resulta comprensible la posición de la empresa. Esta ha invertido cientos de millones de dólares en un negocio en que sus socios podrían terminar perdiendo el capital, y los acreedores, parte de la deuda. Es natural, por lo tanto, que recurran a todos los mecanismos disponibles para evitarlo. Así, el concesionario ha advertido que, a raíz de la compleja situación, podría no realizar ciertas inversiones, a lo que el Gobierno le ha respondido que solo se le exigen las inversiones contractuales y que no concretarlas supone sanciones establecidas en el mismo contrato. En este contexto, recurrir al Ciadi, un mecanismo internacional de resolución de controversias entre los Estados y empresas internacionales, puede ser entendido como otra forma de presionar a las autoridades. Resulta interesante observar que, en cambio, al menos hasta ahora, la empresa no ha acudido al Panel Técnico de Concesiones por este tema. Este panel es un órgano independiente, especializado en resolver conflictos entre concesionarios y el Estado, y actúa en derecho.
Si la etapa de conciliación del Ciadi no consigue su objetivo, se pasa al proceso arbitral propiamente tal. En este caso, el tribunal juzga según las normas de derecho acordadas por las partes, o de acuerdo con las leyes chilenas en caso contrario. Solo en el caso de que las partes acepten, el tribunal puede arbitrar libremente, según criterios de equidad y no legales.
Si bien la posición del concesionario es discutible jurídicamente, no cabe descartar que al final logre alguna parte de lo que solicita. Ya se ha visto así, por ejemplo, en el caso del Puente Chacao, donde la empresa encargada de la construcción consiguió un aumento en el monto pagado —si bien correspondiente a la mitad de lo que originalmente solicitaba—, bajo el argumento de haber debido incurrir en gastos adicionales. Lo mismo sucedió con varias concesiones luego de la crisis de 1999, las que fueron renegociadas, compensando con algunas inversiones adicionales. En este caso, si el Ministerio finalmente cede, seguramente lo hará también contra alguna compensación que permita justificarlo.
Tal vez lo más lamentable de este episodio es que su origen está en un cambio en la modalidad del contrato de concesiones —resuelto en el gobierno anterior y advertido en su momento en estas páginas—, desde un esquema de plazo variable a uno de plazo fijo. A diferencia de este caso, las demás concesiones recientes no parecen tener problemas con la pandemia, porque la extensión de sus contratos es automática si la demanda disminuye. Si no se hubiera hecho aquí el cambio, este conflicto tal vez no habría ocurrido.
Fuente: El Mercurio, Miércoles 27 de Enero de 2021
