PAUTA – El 11 de abril se eligen los nuevos gobernadores regionales, con una segunda vuelta el 9 de mayo si ningún candidato logra el 40% de los votos. Sin embargo, el proyecto del Ejecutivo que busca avanzar en la descentralización financiera de los gobiernos regionales (Gore) ni siquiera ha comenzado su discusión legislativa.
La iniciativa ingresó al Senado el 20 de septiembre y está en la Comisión de Hacienda, donde el Ejecutivo le ha renovado tres veces la urgencia simple. “En la medida que avancen los meses y se acerque la elección de los nuevos gobernadores regionales, este va a pasar a ser un tema importante en la agenda”, dijo el director de Presupuestos, Matías Acevedo, al exponer sus contenidos en un seminario organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP).
El economista fue pragmático: destacó que la propuesta es un paso sustancial para fortalecer la descentralización financiera, al asignar recursos a través de reglas, reduciendo la discrecionalidad y exigiendo a cambio responsabilidad fiscal y transparencia. “Pero este proyecto no es perfecto. No va a solucionar todos los problemas”, advirtió.
La iniciativa asegura recursos para el funcionamiento de los Gore y para gastos de inversión, “que alcanzan un monto superior a US$ 2 mil millones, cerca de 15% de inversión total anual del Gobierno”, dijo Acevedo. Precisó que la idea es que la mayoría de esos recursos se transfieran mediante reglas, con mayor autonomía para que las regiones identifiquen sus proyectos de inversión. Las decisiones discrecionales del nivel central, dijo, deberían limitarse a las emergencias y a apoyar a territorios rezagados.
Fricciones aseguradas
Este cambio nuevo esquema en materia de manejo presupuestario, sumado al cambio en la gobernanza regional, anticipa es un periodo de fricciones entre regiones y Santiago, asi como entre los nuevos gobernadores y los delegados presidenciales (que reemplazan a los intendentes), que deben trabajar coordinadamente.
“Si fuera gobernadora regional, no querría que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) me pase la plata para licitar un puente, porque lo más probable es que me falten capacidades para eso. Pero sí que haga el puente dónde y cómo la región lo demanda. Eso aun no está bien planteado en la ley porque hay asimetrías enormes de poder, facultades y competencias”, ejemplificó la académica de Flacso y exsubsecretaria de Economía, Natalia Piergentili.
“Estoy convencida de que se va a entrar en una etapa transición donde se generarán muchas tensiones entre gobernadores y delegados, problemas de gobernabilidad en los primeros años y un ‘sindicato’ de gobernadores regionales”, proyectó.
El director de Dipres coincidió en que hay un desafío en las relaciones entre las autoridades, más aun cuando se trate de proyectos estratégicos o grandes obras que involucren a más de una región. Sostuvo que en esta primera etapa cerca del 20% de los recursos de inversión a nivel nacional serán de decisión regional, aunque admitió que vendrá una demanda por mayor incidencia ya que el 80% de la inversión que se ejecuta en regiones seguirá siendo definida a nivel central.
Recordó que a los Gore se les han estado transfirieron competencias, las que se tienen que instalar y ver cómo funcionan. “Si en estos cuatro años tenemos buenos resultados, deberíamos pasar a un estado de descentralización aun mayor, no solo transfiriendo competencias sino que éstas tengan asociados recursos concretos de decisión regional”, afirmó.
¿Ágil o burocrático?
El investigador del CEP, Clemente Larraín, estima que otro tema de fricción podría darse en el control presupuestario y administrativo que ejercerán la Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) en esta nueva fase.
A su juicio, no parece razonable que las regiones tengan que pedir a Dipres autorización para cada ajuste presupuestario. “Algunas atribuciones de supervisión de la Subdere podrían ser excesivas, como que actúe como mediador entre Dipres y los Gore. En el nuevo escenario sería más conveniente un rol de acompañamiento; por ejemplo, apoyando la elaboración de los instrumentos de planificación y velando por la transparencia”, señaló.
Acevedo comentó que efectivamente el rol de Subdere en algunos casos pareciera redundante y que es factible simplificar ciertos procesos. Pero enfatizó que el proyecto no burocratiza el sistema. “Quizá en el tiempo el control de información se irá relajando”, dijo.
Otra complejidad fue advertida en un informe de Libertad y Desarrollo (LyD). Aunque el proyecto establece que el gasto en personal no puede superar el 75% del gasto total de funcionamiento, en el Presupuesto 2021 este límite es superado por 10 de las 16 regiones.
Fuente: Pauta, Martes 12 de Enero de 2021
