EQUIPO COMUNICACIONES CPI – En diciembre la Organización de Naciones Unidas someterá a aprobación una nueva metodología para certificar y evaluar los proyectos de infraestructura que se realizan vía Asociación Público-Privada (APP). El objetivo, medirlos con criterios que apuntan, básicamente a poner a las personas como foco de estas inversiones.
En ese contexto, revisamos con el ex ministro de OOPP, consejero del CPI y director de CLAPES UC, Hernán de Solminihac, los alcances que tendría este sistema en Chile y cuán lejos o cerca estamos de los parámetros que fija la ONU.
– ¿Qué criterios de los fijados en la nueva metodología diseñada por la ONU -sostenibilidad ambiental, la erradicación de la pobreza, la transparencia y el buen gobierno- para evaluar proyectos de APP hoy se aplican en Chile?
“El modelo “APP las personas primero” surgió por parte de los principales impulsores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proveniente también de la UNECE, por lo que no es extraño que compartan similares ámbitos de acción.
Estos ámbitos en parte son aplicados hoy en Chile para evaluar proyectos de APPs. Si bien todos pueden ser abordados de diferentes maneras, directa o indirectamente se avanza para cumplir en reducir las brechas de estos desafíos considerando estos criterios (ambiental, pobreza, transparencia y gobierno).
En el ámbito de sostenibilidad ambiental, los requerimientos para realizar un proyecto sean de APP u otro son cada vez más exhaustivos y exigentes, de forma que los proyectos cumplan un estándar mínimo establecido para el desarrollo de un proyecto amigable con el medio ambiente y que no comprometa el desarrollo de futuras generaciones. Esto ya se aplica en Chile con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (declaraciones y estudios).
Con respecto a la erradicación de la pobreza, puede no estar explícitamente escrito, pero la mayoría de los proyectos de infraestructura realizados por APPs prestan un servicio y buscan agregar valor a la ciudadanía, mejorando su calidad de vida. La infraestructura habilitante -que en ocasiones los países deciden realizar en conjunto con los privados- son un medio para desarrollarse y erradicar la pobreza. Estos puntos son considerados cualitativamente al momento de desarrollar un proyecto de APP. Ejemplos claros son los hospitales desarrollados mediante APPs.
Por último, la transparencia y el buen gobierno se aplican, pero hay oportunidades de mejora. Es por esto por lo que se está avanzando para que la información sea transparente desde la concepción de un proyecto hasta su puesta en marcha y posterior operación. Avances como los desarrollados actualmente por el Estado para modernizar y transparentar las compras y gastos públicos (que incluyen los proyectos de APPs) así como ampliar el alcance del sistema de información de gestión de contratos del MOP y MINVU son buenas noticias.
– ¿Qué diferencias tiene esta metodología con la evaluación social de proyectos vigente en Chile?
El actual sistema de evaluación social de proyectos en Chile utiliza métricas como el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno con un descuento social. En este sentido, proyectos que no cumplan con los mínimos requeridos no pueden obtener la resolución satisfactoria (RS), lo que no los autoriza a invertir recursos públicos. Sin embargo, existen otros mecanismos para aprobar proyectos que no sean socialmente rentables, pero que cuenten con la autorización expresa del Presidente de la República. Avances se están haciendo en esta materia, como por ejemplo los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y los Planes de Desarrollo de Zonas Rezagadas (PDTR) que justamente buscan poder desarrollar -entre varios objetivos- infraestructura en territorios en que la evaluación social de proyectos con el actual sistema no logra la RS debido a la baja densidad de población o el bajo tránsito medio diario.
Teniendo esto en consideración, existen grandes diferencias respecto de la nueva metodología de evaluación que propone la UNECE. No es obligatorio y es más una autoevaluación (generalmente desarrollada por el Estado) para intentar cuantificar el valor que genera el desarrollo de una obra de infraestructura de APPs en las personas. El actual modelo (que será ratificado en diciembre 2020) posee 5 resultados específicos a obtener que a su vez se dividen en criterios de evaluación.
1.- Acceso y equidad (22 criterios)
2.- Eficacia económica y sostenibilidad fiscal (25 criterios)
3.- Sostenibilidad y resiliencia ambiental (28 criterios)
4.- Replicabilidad (10 criterios)
5.- Involucramiento de las partes interesadas (19 criterios)
Estos criterios de evaluación (o serie de preguntas) asociados a los 5 resultados específicos buscan responder si se cumple el criterio. Sin embargo, la actual versión del modelo no posee una única forma de asignar la puntuación, por lo que debe ser ajustado.
En síntesis, son dos herramientas útiles y complementarias, pero la propuesta metodológica de la UNECE actualmente no es capaz de reemplazar al sistema de evaluación social de proyectos que utiliza Chile y que, por cierto, debe ser constantemente actualizado y mejorado, incorporando nuevos criterios y temas.
– ¿Considera que los proyectos de APP incorporan, desde su formulación, a las personas como centro?
Se ha avanzado bastante en esta materia. Sin embargo, no siempre se logra el resultado esperado. El incorporar y alinear intereses de todas las partes interesadas, ya sea empresas, Estado, academia, usuarios, comunidades, entre otros, de forma simultánea y desde la concepción de los proyectos es siempre complejo. Las APP tradicionalmente han sido concebidas o diseñadas como una herramienta de “relación precio-calidad” y se está avanzando en transformar este modelo para que agreguen valor a las personas, es decir que las obras sean vistas mas bien como un servicio de infraestructura.
No obstante, tenemos la experiencia de proyectos de APP que incorporaron a las personas desde la formulación y teniéndolas como centro. Por ejemplo, hospitales que se han construido mediante APPs incorporaron la opinión de las personas desde su formulación y fueron construidos al servicio de las personas.
– ¿Qué aspectos deberían incluirse para mejorar nuestras políticas públicas en materia de inversiones y así contar con proyectos mejor evaluados e implementados?
Para mejorar nuestras políticas públicas en materia de inversiones, creo que lo primero es otorgar seguridad jurídica. Esto permitirá atraer más y mejor inversión y así tener más recursos disponibles para trabajar. Ahora bien, en cuanto a la evaluación de proyectos para inversión, habría que considerar metodologías complementarias que abarquen más características y desde distintos puntos de vista, idealmente cuantificando de manera objetiva sus beneficios y costos, así como el valor social que agregan.
También es importante realizar buenas evaluaciones ex ante, ex dure y ex post, de manera de aprender y rescatar experiencias que pueden ser una importante fuente de información para mejorar nuestras políticas públicas.
También, algo en lo que se ha estado trabajando y con lo que concuerdo, es incorporar y hacer participar anticipadamente a todas las partes interesadas, ya sea empresas, proveedores, Estado, academia, usuarios, comunidades, entre otros varios. Es importante que cada uno se sienta partícipe del proyecto y sienta compromiso con su desarrollo.
Por otra parte, y derivado de lo anterior, es importante considerar al momento de la evaluación para asignar recursos el nivel de alineamiento entre las partes interesadas y los múltiples sectores e instituciones que participan del proyecto. Muchas veces se duplican esfuerzos o se trabaja de forma aislada y no colaborativa. Puede ser que la solución ya exista y solo sea necesario adaptarla. Esto tiene que ver con el punto de replicabilidad que propone la nueva metodología de la UNECE.
Valor Social
– La ONU fundamenta el desarrollo de esta metodología en la necesidad de que las APP, además de su aporte económico, tengan un valor social ¿comparte esta premisa?
Considero que es fundamental que las obras de infraestructura que sean construidas mediante APP sean con sentido y al servicio de las personas. Obviamente hay que evaluar su factibilidad técnico-económica, pero sin duda deben aportar un valor social agregado a la ciudadanía. Después de todo, la infraestructura es un pilar para lograr el desarrollo y mejorar la calidad de vida de todos.
También, creo importante destacar y recordar, que las APPs en parte surgieron por la necesidad de los Estados (países) para financiar algunos proyectos y poder liberar recursos para destinar los limitados recursos disponibles a otros proyectos prioritarios. De esta forma se logra un beneficio mutuo mediante esta relación, materializando mas obras, adelantado su puesta en servicio, mejorando su gestión y mantenimiento.
– ¿Qué proyectos de inversión en infraestructura podríamos señalar como los que tienen un mayor aporte para las personas o son más rentables socialmente?
Si bien no fue construido mediante APP, el Metro de Santiago es un ícono de proyectos de inversión en infraestructura que aporta considerablemente a las personas, tiene un valor social enorme, funcionalidad y es una obra con sentido.
También las obras de infraestructura vial para conectar comunidades y el territorio nacional son obras que poseen un valor social. Sin embargo, en territorios extremos o aislados la evaluación social de proyectos de inversión por lo general no logra obtener la Resolución Satisfactoria (RS) debido a la metodología que se utiliza para evaluar. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) está trabajando en esta área junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) para abordar todos estos escenarios y cuantificar el aporte de estas y otras obras de infraestructura que sabemos que son necesarias y aportan valor social, pero que no se ha logrado reflejar la importancia o necesidad de estas.
Proyectos de agua potable y riego también son muy importantes, especialmente en el proceso de cambio climático que estamos viviendo. En la realidad actual, los proyectos de telecomunicaciones se hacen cada vez mas significativos para el desarrollo de los países y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Finalmente proyectos asociados a la educación, salud y energía también son muy necesarios de materializar.
– ¿Qué criterios, de los considerados por la ONU, aplica hoy el MOP para licitar proyectos de infraestructura o dar luz verde a los propuestos por el sector privado? ¿Se establecen, por ejemplo, indicadores de sostenibilidad para evaluar el valor social de los proyectos?
Considerando los 5 resultados específicos que propone la nueva metodología de la UNECE (acceso y equidad, eficacia económica y sostenibilidad fiscal, sostenibilidad y resiliencia ambiental, replicabilidad e involucramiento de las partes interesadas), el MOP tiene ampliamente cubiertos los aspectos de sostenibilidad social y ambiental relacionados con la calidad de vida y mundo natural, cubiertos en los procesos de planificación de forma de minimizar y compensar los posibles impactos que puedan tener estos proyectos de infraestructura. Sin embargo, aún existen oportunidades de mejora en las categorías de recursos, clima y riesgo, especialmente en temas de uso sostenible de recursos y la integración del concepto de resiliencia al cambio climático en los diseños.
También el MOP ha centrado sus esfuerzos en promover y reforzar el compromiso con la comunidad, la transparencia y la aplicación de herramientas para poder cuantificar de forma objetiva los beneficios derivados de la sostenibilidad de los proyectos a lo largo de su ciclo de vida. También se encuentra trabajando en mejorar respecto de la equidad social, orientada por una perspectiva territorial integral para la planeación de inversiones. Con esto, se evalúa en cierta medida el valor social que propone un determinado proyecto más allá de su relación calidad-precio o beneficio técnico-económico.
– ¿Cómo se cuantifica hoy en Chile los beneficios sociales que ha tenido una obra de infraestructura?
Previo a que un proyecto de inversión sea aprobado por el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) debe pasar una serie de filtros. Entre ellos se encuentra la evaluación ex ante, que busca determinar cuál será el beneficio de realizar el proyecto. Posteriormente, durante la ejecución de las obras se debería realizar una evaluación ex dure, que permita evaluar si conviene continuar, detener o aplazar una ejecución (esto considerando que los proyectos de infraestructura duran bastantes años y los escenarios pueden cambiar). Luego una vez terminado el proyecto y ya en operación, se realiza una evaluación ex post, que intenta cuantificar el impacto de ese proyecto de forma actualizada y ya en funcionamiento. Cabe destacar que esta evaluación es una importante fuente de información para mejorar la evaluación de otros proyectos similares que se hagan de forma posterior.
Estas evaluaciones pueden considerar la generación de indicadores que busquen cuantificar los beneficios sociales que ha tenido una obra de infraestructura. Es más, lo ideal es poder comparar lo esperado o la línea base (ex ante) con los resultados obtenidos (ex post) con las mismas métricas de medición. Para ello, existen metodologías e indicadores que permiten cuantificar esto y el MOP, MINVU y el propio MDSF han trabajado elaborando y mejorando la forma en que se cuantifica y miden estos beneficios.
Por supuesto, no siempre es sencillo cuantificar estos beneficios de forma objetiva. Por otro lado, estos indicadores no deben sesgar al tomador de decisiones. Por ejemplo en un territorio aislado o con poca conectividad qué se debe realizar primero: ¿El desarrollo y crecimiento del territorio y atrae inversión? o ¿es la inversión la que permite el desarrollo y crecimiento del territorio? Lo ideal es avanzar desde ambos enfoques de forma paralela.
Laura Garzón
Equipo de Comunicaciones CPI
Fuente: Equipo de Comunicaciones CPI, Jueves 01 de Octubre de 2020
Entrevista Hernán de Solminihac “Las obras de infraestructura que sean construidas mediante APP deben aportar un valor social agregado a la ciudadanía”
EQUIPO COMUNICACIONES CPI – En diciembre la Organización de Naciones Unidas someterá a aprobación una nueva metodología para certificar y evaluar los proyectos de infraestructura que se realizan vía Asociación Público-Privada (APP). El objetivo, medirlos con criterios que apuntan, básicamente a poner a las personas como foco de estas inversiones.
En ese contexto, revisamos con el ex ministro de OOPP, consejero del CPI y director de CLAPES UC, Hernán de Solminihac, los alcances que tendría este sistema en Chile y cuán lejos o cerca estamos de los parámetros que fija la ONU.
– ¿Qué criterios de los fijados en la nueva metodología diseñada por la ONU -sostenibilidad ambiental, la erradicación de la pobreza, la transparencia y el buen gobierno- para evaluar proyectos de APP hoy se aplican en Chile?
“El modelo “APP las personas primero” surgió por parte de los principales impulsores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) proveniente también de la UNECE, por lo que no es extraño que compartan similares ámbitos de acción.
Estos ámbitos en parte son aplicados hoy en Chile para evaluar proyectos de APPs. Si bien todos pueden ser abordados de diferentes maneras, directa o indirectamente se avanza para cumplir en reducir las brechas de estos desafíos considerando estos criterios (ambiental, pobreza, transparencia y gobierno).
En el ámbito de sostenibilidad ambiental, los requerimientos para realizar un proyecto sean de APP u otro son cada vez más exhaustivos y exigentes, de forma que los proyectos cumplan un estándar mínimo establecido para el desarrollo de un proyecto amigable con el medio ambiente y que no comprometa el desarrollo de futuras generaciones. Esto ya se aplica en Chile con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (declaraciones y estudios).
Con respecto a la erradicación de la pobreza, puede no estar explícitamente escrito, pero la mayoría de los proyectos de infraestructura realizados por APPs prestan un servicio y buscan agregar valor a la ciudadanía, mejorando su calidad de vida. La infraestructura habilitante -que en ocasiones los países deciden realizar en conjunto con los privados- son un medio para desarrollarse y erradicar la pobreza. Estos puntos son considerados cualitativamente al momento de desarrollar un proyecto de APP. Ejemplos claros son los hospitales desarrollados mediante APPs.
Por último, la transparencia y el buen gobierno se aplican, pero hay oportunidades de mejora. Es por esto por lo que se está avanzando para que la información sea transparente desde la concepción de un proyecto hasta su puesta en marcha y posterior operación. Avances como los desarrollados actualmente por el Estado para modernizar y transparentar las compras y gastos públicos (que incluyen los proyectos de APPs) así como ampliar el alcance del sistema de información de gestión de contratos del MOP y MINVU son buenas noticias.
– ¿Qué diferencias tiene esta metodología con la evaluación social de proyectos vigente en Chile?
El actual sistema de evaluación social de proyectos en Chile utiliza métricas como el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno con un descuento social. En este sentido, proyectos que no cumplan con los mínimos requeridos no pueden obtener la resolución satisfactoria (RS), lo que no los autoriza a invertir recursos públicos. Sin embargo, existen otros mecanismos para aprobar proyectos que no sean socialmente rentables, pero que cuenten con la autorización expresa del Presidente de la República. Avances se están haciendo en esta materia, como por ejemplo los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y los Planes de Desarrollo de Zonas Rezagadas (PDTR) que justamente buscan poder desarrollar -entre varios objetivos- infraestructura en territorios en que la evaluación social de proyectos con el actual sistema no logra la RS debido a la baja densidad de población o el bajo tránsito medio diario.
Teniendo esto en consideración, existen grandes diferencias respecto de la nueva metodología de evaluación que propone la UNECE. No es obligatorio y es más una autoevaluación (generalmente desarrollada por el Estado) para intentar cuantificar el valor que genera el desarrollo de una obra de infraestructura de APPs en las personas. El actual modelo (que será ratificado en diciembre 2020) posee 5 resultados específicos a obtener que a su vez se dividen en criterios de evaluación.
1.- Acceso y equidad (22 criterios)
2.- Eficacia económica y sostenibilidad fiscal (25 criterios)
3.- Sostenibilidad y resiliencia ambiental (28 criterios)
4.- Replicabilidad (10 criterios)
5.- Involucramiento de las partes interesadas (19 criterios)
Estos criterios de evaluación (o serie de preguntas) asociados a los 5 resultados específicos buscan responder si se cumple el criterio. Sin embargo, la actual versión del modelo no posee una única forma de asignar la puntuación, por lo que debe ser ajustado.
En síntesis, son dos herramientas útiles y complementarias, pero la propuesta metodológica de la UNECE actualmente no es capaz de reemplazar al sistema de evaluación social de proyectos que utiliza Chile y que, por cierto, debe ser constantemente actualizado y mejorado, incorporando nuevos criterios y temas.
– ¿Considera que los proyectos de APP incorporan, desde su formulación, a las personas como centro?
Se ha avanzado bastante en esta materia. Sin embargo, no siempre se logra el resultado esperado. El incorporar y alinear intereses de todas las partes interesadas, ya sea empresas, Estado, academia, usuarios, comunidades, entre otros, de forma simultánea y desde la concepción de los proyectos es siempre complejo. Las APP tradicionalmente han sido concebidas o diseñadas como una herramienta de “relación precio-calidad” y se está avanzando en transformar este modelo para que agreguen valor a las personas, es decir que las obras sean vistas mas bien como un servicio de infraestructura.
No obstante, tenemos la experiencia de proyectos de APP que incorporaron a las personas desde la formulación y teniéndolas como centro. Por ejemplo, hospitales que se han construido mediante APPs incorporaron la opinión de las personas desde su formulación y fueron construidos al servicio de las personas.
– ¿Qué aspectos deberían incluirse para mejorar nuestras políticas públicas en materia de inversiones y así contar con proyectos mejor evaluados e implementados?
Para mejorar nuestras políticas públicas en materia de inversiones, creo que lo primero es otorgar seguridad jurídica. Esto permitirá atraer más y mejor inversión y así tener más recursos disponibles para trabajar. Ahora bien, en cuanto a la evaluación de proyectos para inversión, habría que considerar metodologías complementarias que abarquen más características y desde distintos puntos de vista, idealmente cuantificando de manera objetiva sus beneficios y costos, así como el valor social que agregan.
También es importante realizar buenas evaluaciones ex ante, ex dure y ex post, de manera de aprender y rescatar experiencias que pueden ser una importante fuente de información para mejorar nuestras políticas públicas.
También, algo en lo que se ha estado trabajando y con lo que concuerdo, es incorporar y hacer participar anticipadamente a todas las partes interesadas, ya sea empresas, proveedores, Estado, academia, usuarios, comunidades, entre otros varios. Es importante que cada uno se sienta partícipe del proyecto y sienta compromiso con su desarrollo.
Por otra parte, y derivado de lo anterior, es importante considerar al momento de la evaluación para asignar recursos el nivel de alineamiento entre las partes interesadas y los múltiples sectores e instituciones que participan del proyecto. Muchas veces se duplican esfuerzos o se trabaja de forma aislada y no colaborativa. Puede ser que la solución ya exista y solo sea necesario adaptarla. Esto tiene que ver con el punto de replicabilidad que propone la nueva metodología de la UNECE.
Valor Social
– La ONU fundamenta el desarrollo de esta metodología en la necesidad de que las APP, además de su aporte económico, tengan un valor social ¿comparte esta premisa?
Considero que es fundamental que las obras de infraestructura que sean construidas mediante APP sean con sentido y al servicio de las personas. Obviamente hay que evaluar su factibilidad técnico-económica, pero sin duda deben aportar un valor social agregado a la ciudadanía. Después de todo, la infraestructura es un pilar para lograr el desarrollo y mejorar la calidad de vida de todos.
También, creo importante destacar y recordar, que las APPs en parte surgieron por la necesidad de los Estados (países) para financiar algunos proyectos y poder liberar recursos para destinar los limitados recursos disponibles a otros proyectos prioritarios. De esta forma se logra un beneficio mutuo mediante esta relación, materializando mas obras, adelantado su puesta en servicio, mejorando su gestión y mantenimiento.
– ¿Qué proyectos de inversión en infraestructura podríamos señalar como los que tienen un mayor aporte para las personas o son más rentables socialmente?
Si bien no fue construido mediante APP, el Metro de Santiago es un ícono de proyectos de inversión en infraestructura que aporta considerablemente a las personas, tiene un valor social enorme, funcionalidad y es una obra con sentido.
También las obras de infraestructura vial para conectar comunidades y el territorio nacional son obras que poseen un valor social. Sin embargo, en territorios extremos o aislados la evaluación social de proyectos de inversión por lo general no logra obtener la Resolución Satisfactoria (RS) debido a la metodología que se utiliza para evaluar. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) está trabajando en esta área junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) para abordar todos estos escenarios y cuantificar el aporte de estas y otras obras de infraestructura que sabemos que son necesarias y aportan valor social, pero que no se ha logrado reflejar la importancia o necesidad de estas.
Proyectos de agua potable y riego también son muy importantes, especialmente en el proceso de cambio climático que estamos viviendo. En la realidad actual, los proyectos de telecomunicaciones se hacen cada vez mas significativos para el desarrollo de los países y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Finalmente proyectos asociados a la educación, salud y energía también son muy necesarios de materializar.
– ¿Qué criterios, de los considerados por la ONU, aplica hoy el MOP para licitar proyectos de infraestructura o dar luz verde a los propuestos por el sector privado? ¿Se establecen, por ejemplo, indicadores de sostenibilidad para evaluar el valor social de los proyectos?
Considerando los 5 resultados específicos que propone la nueva metodología de la UNECE (acceso y equidad, eficacia económica y sostenibilidad fiscal, sostenibilidad y resiliencia ambiental, replicabilidad e involucramiento de las partes interesadas), el MOP tiene ampliamente cubiertos los aspectos de sostenibilidad social y ambiental relacionados con la calidad de vida y mundo natural, cubiertos en los procesos de planificación de forma de minimizar y compensar los posibles impactos que puedan tener estos proyectos de infraestructura. Sin embargo, aún existen oportunidades de mejora en las categorías de recursos, clima y riesgo, especialmente en temas de uso sostenible de recursos y la integración del concepto de resiliencia al cambio climático en los diseños.
También el MOP ha centrado sus esfuerzos en promover y reforzar el compromiso con la comunidad, la transparencia y la aplicación de herramientas para poder cuantificar de forma objetiva los beneficios derivados de la sostenibilidad de los proyectos a lo largo de su ciclo de vida. También se encuentra trabajando en mejorar respecto de la equidad social, orientada por una perspectiva territorial integral para la planeación de inversiones. Con esto, se evalúa en cierta medida el valor social que propone un determinado proyecto más allá de su relación calidad-precio o beneficio técnico-económico.
– ¿Cómo se cuantifica hoy en Chile los beneficios sociales que ha tenido una obra de infraestructura?
Previo a que un proyecto de inversión sea aprobado por el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) debe pasar una serie de filtros. Entre ellos se encuentra la evaluación ex ante, que busca determinar cuál será el beneficio de realizar el proyecto. Posteriormente, durante la ejecución de las obras se debería realizar una evaluación ex dure, que permita evaluar si conviene continuar, detener o aplazar una ejecución (esto considerando que los proyectos de infraestructura duran bastantes años y los escenarios pueden cambiar). Luego una vez terminado el proyecto y ya en operación, se realiza una evaluación ex post, que intenta cuantificar el impacto de ese proyecto de forma actualizada y ya en funcionamiento. Cabe destacar que esta evaluación es una importante fuente de información para mejorar la evaluación de otros proyectos similares que se hagan de forma posterior.
Estas evaluaciones pueden considerar la generación de indicadores que busquen cuantificar los beneficios sociales que ha tenido una obra de infraestructura. Es más, lo ideal es poder comparar lo esperado o la línea base (ex ante) con los resultados obtenidos (ex post) con las mismas métricas de medición. Para ello, existen metodologías e indicadores que permiten cuantificar esto y el MOP, MINVU y el propio MDSF han trabajado elaborando y mejorando la forma en que se cuantifica y miden estos beneficios.
Por supuesto, no siempre es sencillo cuantificar estos beneficios de forma objetiva. Por otro lado, estos indicadores no deben sesgar al tomador de decisiones. Por ejemplo en un territorio aislado o con poca conectividad qué se debe realizar primero: ¿El desarrollo y crecimiento del territorio y atrae inversión? o ¿es la inversión la que permite el desarrollo y crecimiento del territorio? Lo ideal es avanzar desde ambos enfoques de forma paralela.
Laura Garzón
Equipo de Comunicaciones CPI
Fuente: Equipo de Comunicaciones CPI, Jueves 01 de Octubre de 2020
