LA TERCERA – El mundo atraviesa hoy uno de los momentos más complejos e inciertos desde la Segunda Guerra Mundial y nuestro país no está ajeno a esa realidad. La crisis sanitaria, económica y social que vivimos demanda el compromiso y decisión de todos, nadie debe restarse. No hay tiempo para pequeñeces; llegó el momento de ser innovadores, ambiciosos y generosos.
El debate político de estos días parece querer reducir el acuerdo sólo a lo urgente e inmediato: proteger el ingreso de las personas y familias que más sufren en esta crisis aumentando el gasto fiscal, materia sobre la que hay un amplio acuerdo, y postergar el debate sobre cómo nos reprondremos terminada la emergencia. El debate técnico, por su parte, ha alcanzado un consenso bastante amplio en cuanto a que son dimensiones inseparables porque la protección social de hoy debe ser sustentada por la reactivación económica de mañana, todo en un marco fiscal que le permita al gobierno actuar con fuerza y agilidad en un horizonte temporal de 18 o 24 meses, y luego con responsabilidad para consolidar las cuentas públicas. Muestra de ello fue la propuesta conocida a última hora de ayer de un grupo de economistas representativos de gran parte de las tendencias políticas presentes en el Congreso Nacional.
La empresa privada, por su parte, en circunstancias que tendremos un rol protagónico en la recuperación económica y en la generación de oportunidades para salir de la crisis, tenemos el deber de anticipar aquello que creemos no puede faltar en un plan para volver a poner al país en movimiento y que al mismo tiempo enfrente desafíos de largo plazo.
Primero, programas de generación de empleos que integren subsidios a la contratación, con planes de reconversión e intermediación laboral, que además contemplen mayores espacios de flexibilidad laboral que serán fundamentales en un proceso de recuperación del empleo que sabemos estará marcado por los cambios tecnológicos que la epidemia aceleró.
Segundo, una recuperación con más y mejor inversión a través de obras públicas, privadas y concesiones, en proyectos de infraestructura y tecnología para enfrentar otros desafíos como son la escasez hídrica, el cambio climático y la acumulación de residuos; y que cierren las brechas en conectividad digital y en nuestra red de transportes y logística. Deberá contemplar además un dispositivo ad-hoc de evaluación medio ambiental, social y técnica si queremos que estos proyectos sean realidad en un plazo cierto.
Tercero, una recuperación que asuma cómo la pandemia nos ha llevado a replantearnos la manera de hacer ciudad, y que incluya planes de vivienda social que evolucionen hacia una lógica de unidad básica con potencial de ampliarse a una vivienda de clase media, que además integre espacios públicos de calidad e infraestructura para medios de transporte limpios como la bicicleta.
Cuarto, las inversiones indicadas deben apalancar la recuperación de emprendedores y PYMES, lo que debe ser facilitado por incentivos tributarios transitorios para que las empresas que desarrollen los referidos proyectos inviertan en ellas o recurran a sus soluciones tecnológicas y servicios.
Quinto, la recuperación también debe dar una señal de pragmatismo para articular mejor las capacidades disponibles en el sistema público y privado de salud, y de esa forma concretar mejoras tangibles en la calidad y cobertura, con un especial foco en el ámbito de la salud mental.
Sexto, una modernización del marco legal para fomentar una filantropía que no sólo aporte recursos, sino que también fortalezca la operatividad, gobernanza y rendición de cuentas de aquellas organizaciones de la sociedad civil que son esenciales para abordar desafíos sociales donde el Estado no llega.
Y todo lo anterior debemos hacerlo integrados al mundo, porque en un contexto de tendencias proteccionistas, Chile tiene la oportunidad de ponerse del lado de aquellos países donde el libre movimiento de personas, bienes, servicios e inversión sigue siendo un pilar de desarrollo. Creemos que integrar a este plan de recuperación económica la ratificación del Acuerdo Integral y Progresivo para Asociación Transpacífico (CPTTP), constituye una gran oportunidad para mostrarle al mundo de que lado estamos.
Hacemos entonces un nuevo llamado a la urgencia de la unidad y la acción. La academia, la sociedad civil y la empresa ha contribuido con ideas y propuestas al debate público. La política, por su parte, tiene la responsabilidad de procesar este debate y construir un acuerdo que esté a la altura del momento que vivimos en el breve tiempo que disponemos.
Fuente: La Tercera, Jueves 11 de Junio de 2020
