EL ECONOMISTA – Los gerentes generales de las principales concesionarias del país coincidieron en manifestar que es urgente que, una vez superado el peak de la crisis sanitaria, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) reactive el programa de concesiones y licitaciones, ello en una conversación sostenida por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Además, recalcaron que aún queda espacio para aumentar el número de proyectos de inversión, puesto que Chile presenta un alto déficit de infraestructura, tal como lo demuestran cifras de la Cámara Chilena de la Construcción que señalan que el país requiere invertir sobre los 175 mil millones de dólaresen la próxima década.
“A esto se agrega que en el último tiempo el ritmo de licitaciones ha sido lento y sistemáticamente se han ido postergando los procesos”, añadió el director de Infraestructuras de Acciona para el Conosur, Diego Pini.
Respecto al tipo de proyectos, el director Autopistas Latam de Globalvia, Jorge Rivas, afirmó que el desafío no está en tener muchos que abulten el listado, sino buenos proyectos, construibles y valorados por la comunidad.
“No estoy hablando solo de relicitaciones de carreteras y aeropuertos que expiren su plazo; es necesario avanzar con nuevos proyectos de movilidad, incluyendo sistemas ferroviarios, que en el mundo se han ido reincorporando con fuerza por su capacidad, seguridad y sustentabilidad”.
Otras áreas de proyectos que las empresas extranjeras están visualizando como atractivas, además de las iniciativas viales, son las concesiones de hospitales, recintos carcelarios, obras hídricas, nuevas modalidades de transporte y movilidad urbana, soluciones ferroviarias de pasajeros de corto y mediano alcance y tranvías, además de incorporar nuevos estándares que mejoren y propendan el crecimiento de la electromovilidad y descongestión urbana.
“Debido a la condición de sequía extrema por la que atraviesa el país, se está abriendo una puerta a la expansión de plantas de desalinización de agua de mar con fines productivos, principalmente para la minería y el consumo humano. Aquí, una alianza público-privada podría agilizar los tiempos de desarrollo de estos proyectos y con ello, mejorar el acceso de la población, de la agricultura y de la industria a un bien básico y esencial”, enfatiza Pini.
El gerente general de Isa Intervial Chile, Eduardo Larrabe, apunta que un tema importante es afianzar la colaboración público-privada a la hora de agilizar proyectos que van en directo beneficio de las personas.
“Es importante también la participación de los bancos e instituciones financieras que, en colaboración tanto con el Estado, como con las empresas, pueda ayudar a empujar proyectos que tengan un directo beneficio a la calidad de vida de los chilenos, generando valor a la sociedad”, manifiesta Larrabe.
Mejoras
Si bien se valora la calidad y cantidad de proyectos en carpeta, los ejecutivos destacan que además es necesario avanzar más rápido y con mayores niveles de certeza en los procesos de licitación.
En ese contexto, varios relevan la necesidad de revisar algunas condiciones del sistema para incentivar la inversión sectorial.
“La baja participación de empresas en los últimos procesos de concesiones debiera ser un llamado de atención para el MOP, en aras de revisar el atractivo del modelo”, sostiene Pini.
Un tema que inquieta a algunos concesionarios es la transferencia de riesgos en los nuevos proyectos en lo que se refiere a aspectos ambientales, territoriales y de cambios de servicios, entre otros, que solo pueden ser aceptados por empresas con perfiles de riesgo distinto a los inversionistas de largo plazo.
“Esto es lo que se ha visto en los últimos procesos de licitación, en los que se ha observado poca participación y menos ofertas de las que se acostumbraba. Si el factor competencia se elimina del sistema concesional, entonces se está eliminando uno de los pilares fundamentales del sistema chileno, tan elogiado internacionalmente y que permite el accountability de cada proceso”, advierte Rivas.
Entre los puntos que algunas de las concesionarias esperan que se evalúen y resuelvan están una mayor inversión de parte del Estado en ingenierías y desarrollo de proyectos referenciales que se transformen en el corto y medio plazo en licitaciones; y revisión de los modelos económicos para balancear mejor el riesgo entre el Estado y las empresas.
También se mencionó la necesidad de implementar mecanismos que permitan el desarrollo de los proyectos de ingeniería en una etapa más temprana -despejando riesgos que en etapa de licitación solo pueden atenderse con la inclusión de montos por contingencia que encarecen innecesariamente las ofertas- y revisar el rol de los representantes del Estado (inspectores fiscales) para transformarlo en un apoyo mayor para la viabilidad de los proyectos.
Sobre los cuestionamientos que han surgido al modelo de concesiones tras el estallido social, algunos ejecutivos entrevistados afirmaron que el sistema es clave para el desarrollo futuro de la infraestructura del país, pero señalaron que es posible optimizarlo incorporando las mejores prácticas internacionales en este ámbito, como las implementadas en Australia o Canadá.
“La alta conflictividad experimentada, la lentitud y/o resistencia a asumir responsabilidades y definiciones, algunas posturas ideológicas, el desbalance en la distribución de riesgos y otros factores han dañado la imagen de este sistema. Estamos convencidos de que se puede encarar un diálogo proactivo para dar solución a estas distorsiones y volver a poner a este modelo en un lugar de privilegio como dinamizador de la actividad”, opina Pini.
Para Larrabe hay que trabajar en que exista una definición más clara y entendible sobre cómo opera el sistema y lo que significa entregarle a un privado la operación de una infraestructura que continúa siendo pública y que es financiada en parte por impuestos indirectos o directos, como con lo es el pago de un peaje.
“Hay ciertos mitos en este y otros puntos que tenemos que derribar; para eso es esencial que la industria en su totalidad siga comportándose de buena forma, entregando un servicio adecuado y transparente, que nos permita construir un país mejor”.
El ejecutivo señala que, además, es importante mostrar el rol dinamizador de la industria de concesiones en la economía. “Por nuestras rutas transita la cadena de abastecimiento y producción del país. Además, nos preocupamos por conectar a las regiones y las personas con los más altos estándares de seguridad”.
Infraestructura y crisis económica
Los ejecutivos consultados por el CPI también destacaron el rol clave que jugará la inversión en infraestructura en la superación de la crisis económica que se proyecta para este año.
“Los pronósticos revelan que el nivel de inversión directa del Estado va a sufrir una contracción, por el déficit que ha dejado la contingencia social y luego por el covid-19. Por eso, las concesiones deben actuar como palanca para que el Estado pueda seguir en la senda del crecimiento a través de más y mejores infraestructuras, reactive la economía y el país pueda seguir gozando del liderazgo en la región en esta materia”, comenta Rivas.
Los encuestados coinciden en señalar que para lograr la reactivación, todos los actores del sector deberán jugar un papel relevante y que el gobierno, por su parte, debe dar lineamientos claros para que las condiciones de estabilidad que Chile demostró en las últimas décadas se retomen en el menor plazo posible.
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Fuente: El Economista, Lunes 11 de Mayo de 2020
Concesionarias esperan que se reactiven licitaciones de Obras Públicas en Chile
EL ECONOMISTA – Los gerentes generales de las principales concesionarias del país coincidieron en manifestar que es urgente que, una vez superado el peak de la crisis sanitaria, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) reactive el programa de concesiones y licitaciones, ello en una conversación sostenida por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Además, recalcaron que aún queda espacio para aumentar el número de proyectos de inversión, puesto que Chile presenta un alto déficit de infraestructura, tal como lo demuestran cifras de la Cámara Chilena de la Construcción que señalan que el país requiere invertir sobre los 175 mil millones de dólaresen la próxima década.
“A esto se agrega que en el último tiempo el ritmo de licitaciones ha sido lento y sistemáticamente se han ido postergando los procesos”, añadió el director de Infraestructuras de Acciona para el Conosur, Diego Pini.
Respecto al tipo de proyectos, el director Autopistas Latam de Globalvia, Jorge Rivas, afirmó que el desafío no está en tener muchos que abulten el listado, sino buenos proyectos, construibles y valorados por la comunidad.
“No estoy hablando solo de relicitaciones de carreteras y aeropuertos que expiren su plazo; es necesario avanzar con nuevos proyectos de movilidad, incluyendo sistemas ferroviarios, que en el mundo se han ido reincorporando con fuerza por su capacidad, seguridad y sustentabilidad”.
Otras áreas de proyectos que las empresas extranjeras están visualizando como atractivas, además de las iniciativas viales, son las concesiones de hospitales, recintos carcelarios, obras hídricas, nuevas modalidades de transporte y movilidad urbana, soluciones ferroviarias de pasajeros de corto y mediano alcance y tranvías, además de incorporar nuevos estándares que mejoren y propendan el crecimiento de la electromovilidad y descongestión urbana.
“Debido a la condición de sequía extrema por la que atraviesa el país, se está abriendo una puerta a la expansión de plantas de desalinización de agua de mar con fines productivos, principalmente para la minería y el consumo humano. Aquí, una alianza público-privada podría agilizar los tiempos de desarrollo de estos proyectos y con ello, mejorar el acceso de la población, de la agricultura y de la industria a un bien básico y esencial”, enfatiza Pini.
El gerente general de Isa Intervial Chile, Eduardo Larrabe, apunta que un tema importante es afianzar la colaboración público-privada a la hora de agilizar proyectos que van en directo beneficio de las personas.
“Es importante también la participación de los bancos e instituciones financieras que, en colaboración tanto con el Estado, como con las empresas, pueda ayudar a empujar proyectos que tengan un directo beneficio a la calidad de vida de los chilenos, generando valor a la sociedad”, manifiesta Larrabe.
Mejoras
Si bien se valora la calidad y cantidad de proyectos en carpeta, los ejecutivos destacan que además es necesario avanzar más rápido y con mayores niveles de certeza en los procesos de licitación.
En ese contexto, varios relevan la necesidad de revisar algunas condiciones del sistema para incentivar la inversión sectorial.
“La baja participación de empresas en los últimos procesos de concesiones debiera ser un llamado de atención para el MOP, en aras de revisar el atractivo del modelo”, sostiene Pini.
Un tema que inquieta a algunos concesionarios es la transferencia de riesgos en los nuevos proyectos en lo que se refiere a aspectos ambientales, territoriales y de cambios de servicios, entre otros, que solo pueden ser aceptados por empresas con perfiles de riesgo distinto a los inversionistas de largo plazo.
“Esto es lo que se ha visto en los últimos procesos de licitación, en los que se ha observado poca participación y menos ofertas de las que se acostumbraba. Si el factor competencia se elimina del sistema concesional, entonces se está eliminando uno de los pilares fundamentales del sistema chileno, tan elogiado internacionalmente y que permite el accountability de cada proceso”, advierte Rivas.
Entre los puntos que algunas de las concesionarias esperan que se evalúen y resuelvan están una mayor inversión de parte del Estado en ingenierías y desarrollo de proyectos referenciales que se transformen en el corto y medio plazo en licitaciones; y revisión de los modelos económicos para balancear mejor el riesgo entre el Estado y las empresas.
También se mencionó la necesidad de implementar mecanismos que permitan el desarrollo de los proyectos de ingeniería en una etapa más temprana -despejando riesgos que en etapa de licitación solo pueden atenderse con la inclusión de montos por contingencia que encarecen innecesariamente las ofertas- y revisar el rol de los representantes del Estado (inspectores fiscales) para transformarlo en un apoyo mayor para la viabilidad de los proyectos.
Sobre los cuestionamientos que han surgido al modelo de concesiones tras el estallido social, algunos ejecutivos entrevistados afirmaron que el sistema es clave para el desarrollo futuro de la infraestructura del país, pero señalaron que es posible optimizarlo incorporando las mejores prácticas internacionales en este ámbito, como las implementadas en Australia o Canadá.
“La alta conflictividad experimentada, la lentitud y/o resistencia a asumir responsabilidades y definiciones, algunas posturas ideológicas, el desbalance en la distribución de riesgos y otros factores han dañado la imagen de este sistema. Estamos convencidos de que se puede encarar un diálogo proactivo para dar solución a estas distorsiones y volver a poner a este modelo en un lugar de privilegio como dinamizador de la actividad”, opina Pini.
Para Larrabe hay que trabajar en que exista una definición más clara y entendible sobre cómo opera el sistema y lo que significa entregarle a un privado la operación de una infraestructura que continúa siendo pública y que es financiada en parte por impuestos indirectos o directos, como con lo es el pago de un peaje.
“Hay ciertos mitos en este y otros puntos que tenemos que derribar; para eso es esencial que la industria en su totalidad siga comportándose de buena forma, entregando un servicio adecuado y transparente, que nos permita construir un país mejor”.
El ejecutivo señala que, además, es importante mostrar el rol dinamizador de la industria de concesiones en la economía. “Por nuestras rutas transita la cadena de abastecimiento y producción del país. Además, nos preocupamos por conectar a las regiones y las personas con los más altos estándares de seguridad”.
Infraestructura y crisis económica
Los ejecutivos consultados por el CPI también destacaron el rol clave que jugará la inversión en infraestructura en la superación de la crisis económica que se proyecta para este año.
“Los pronósticos revelan que el nivel de inversión directa del Estado va a sufrir una contracción, por el déficit que ha dejado la contingencia social y luego por el covid-19. Por eso, las concesiones deben actuar como palanca para que el Estado pueda seguir en la senda del crecimiento a través de más y mejores infraestructuras, reactive la economía y el país pueda seguir gozando del liderazgo en la región en esta materia”, comenta Rivas.
Los encuestados coinciden en señalar que para lograr la reactivación, todos los actores del sector deberán jugar un papel relevante y que el gobierno, por su parte, debe dar lineamientos claros para que las condiciones de estabilidad que Chile demostró en las últimas décadas se retomen en el menor plazo posible.
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Fuente: El Economista, Lunes 11 de Mayo de 2020
