EDITORIAL – Malas noticias para quienes trabajan para el MOP y otras entidades que participan activamente en la inversión pública. El Director de Presupuesto confirmó lo que muchos intuían: una parte importante de las medidas paliativas de la crisis económica a la que nos ha arrastrado el CV19 se financiarán con reasignaciones presupuestarias, las que afectarán la inversión programada. Esto es razonable si se considera la situación que afecta la ejecución de muchos proyectos que no pueden ejecutarse en forma normal por las restricciones que privilegian la salud de las personas, a su vez se liberan recursos del presupuesto de este año para apoyar los ingresos de los trabajadores afectados por la menor actividad y la liquidez de las empresas que no pueden mantener su actividad normal. Desplazar el inicio de obras de proyectos nuevos y ampliar los plazos de otros que ya están en ejecución parece permitir ciertas holguras que pueden servir para apoyar a quienes más se van a ver afectados en esta particular coyuntura.
Adoptadas las medidas paliativas, es necesario prepararse para reactivar la economía. Dado la extensión esperada de esta crisis, el déficit fiscal proyectado para este año, el nivel de endeudamiento que es considerado aceptable para las autoridades y las bajas tasas de interés, da la impresión que ahora es el momento para incentivar distintas formas de asociación pública privada que permitan inyectar más recursos de inversión a la economía. En el país hay empresas solventes, con trayectoria en diferentes rubros de la infraestructura que bien podrían hacerse cargo de llevar adelante proyectos con alto significado social e importante impacto en el empleo y la productividad.
Con estas el Estado debiera explorar alternativas de alianza en las que se les transfiera la responsabilidad de financiar la ejecución de proyectos contra fórmulas de repago a largo plazo, diferentes de acuerdo a la capacidad de pago de los beneficiarios de los servicios de esa infraestructura y las prácticas asociadas a cada una de las industrias en particular. Creemos que esta es una buena oportunidad para que las partes pongan por delante lo mejor de sí a favor de la comunidad y demostrar que el trabajo colaborativo puede ser un mecanismo vigente para asumir los desafíos que un país como Chile aún tiene pendiente para alcanzar niveles de desarrollo equitativos y ambientalmente sustentable.
Tal cómo queda en evidencia cuando se evalúan las necesidades más urgentes en infraestructura, hay una cantidad importante de oportunidades que podrían ser abordadas a través de esquemas de esta naturaleza. Desde proyectos pequeños pero con un gran impacto social, como la posibilidad de abastecer con agua desalada a comunidades que están experimentado la angustia de no contar con recursos hídricos para una subsistencia mínima, hasta la construcción de los proyectos ferroviarios a Melipilla y Batuco y la ampliación de nuestra red logística, se encuentran entre ellos. Por su parte, nuestras ciudades requieren inversiones para superar las brechas de accesibilidad a servicios que den señales de la necesaria nivelación de la cancha en relación a la calidad de vida de sus habitantes, como ha quedado demostrado con esta crisis. Mejoras en el equipamiento básico que disminuyan la necesidades de desplazamiento, áreas verdes que amplíen el espacio vital de familias condenadas al hacinamiento, accesibilidad a servicios de calidad, como por ejemplo agua potable y conectividad digital, condiciones dignas para acceder a sistemas de transporte público que funcione, entre otros, son alternativas que debieran explorarse y ver formas de generar modelos de colaboración público privado que no sólo permitan resolver los problemas de empleo que habrá que enfrentar una vez superado la fase más dramática de la crisis sanitaria sino que esta tenga un efecto en mejoras sustantivas en la calidad de vida de la comunidad.
Esta debiera ser una gran oportunidad para el sector privado de mostrar su capacidad de comprometerse, en la práctica, con el futuro del país y para el Estado, de mostrar flexibilidad en momentos tan dramáticos como los que nos tocará vivir. Tal vez, una mesa de trabajo para explorar estas posibilidades sería una buena iniciativa a través de la cual se podrían comenzar a generar expectativas que reviertan los malos presagios que hoy se han instalado entre los agentes económicos.
Fuente: Editorial, Lunes 13 de Abril de 2020
Malas noticias para el MOP: una oportunidad para mayor colaboración público privado, por Carlos Cruz
EDITORIAL – Malas noticias para quienes trabajan para el MOP y otras entidades que participan activamente en la inversión pública. El Director de Presupuesto confirmó lo que muchos intuían: una parte importante de las medidas paliativas de la crisis económica a la que nos ha arrastrado el CV19 se financiarán con reasignaciones presupuestarias, las que afectarán la inversión programada. Esto es razonable si se considera la situación que afecta la ejecución de muchos proyectos que no pueden ejecutarse en forma normal por las restricciones que privilegian la salud de las personas, a su vez se liberan recursos del presupuesto de este año para apoyar los ingresos de los trabajadores afectados por la menor actividad y la liquidez de las empresas que no pueden mantener su actividad normal. Desplazar el inicio de obras de proyectos nuevos y ampliar los plazos de otros que ya están en ejecución parece permitir ciertas holguras que pueden servir para apoyar a quienes más se van a ver afectados en esta particular coyuntura.
Adoptadas las medidas paliativas, es necesario prepararse para reactivar la economía. Dado la extensión esperada de esta crisis, el déficit fiscal proyectado para este año, el nivel de endeudamiento que es considerado aceptable para las autoridades y las bajas tasas de interés, da la impresión que ahora es el momento para incentivar distintas formas de asociación pública privada que permitan inyectar más recursos de inversión a la economía. En el país hay empresas solventes, con trayectoria en diferentes rubros de la infraestructura que bien podrían hacerse cargo de llevar adelante proyectos con alto significado social e importante impacto en el empleo y la productividad.
Con estas el Estado debiera explorar alternativas de alianza en las que se les transfiera la responsabilidad de financiar la ejecución de proyectos contra fórmulas de repago a largo plazo, diferentes de acuerdo a la capacidad de pago de los beneficiarios de los servicios de esa infraestructura y las prácticas asociadas a cada una de las industrias en particular. Creemos que esta es una buena oportunidad para que las partes pongan por delante lo mejor de sí a favor de la comunidad y demostrar que el trabajo colaborativo puede ser un mecanismo vigente para asumir los desafíos que un país como Chile aún tiene pendiente para alcanzar niveles de desarrollo equitativos y ambientalmente sustentable.
Tal cómo queda en evidencia cuando se evalúan las necesidades más urgentes en infraestructura, hay una cantidad importante de oportunidades que podrían ser abordadas a través de esquemas de esta naturaleza. Desde proyectos pequeños pero con un gran impacto social, como la posibilidad de abastecer con agua desalada a comunidades que están experimentado la angustia de no contar con recursos hídricos para una subsistencia mínima, hasta la construcción de los proyectos ferroviarios a Melipilla y Batuco y la ampliación de nuestra red logística, se encuentran entre ellos. Por su parte, nuestras ciudades requieren inversiones para superar las brechas de accesibilidad a servicios que den señales de la necesaria nivelación de la cancha en relación a la calidad de vida de sus habitantes, como ha quedado demostrado con esta crisis. Mejoras en el equipamiento básico que disminuyan la necesidades de desplazamiento, áreas verdes que amplíen el espacio vital de familias condenadas al hacinamiento, accesibilidad a servicios de calidad, como por ejemplo agua potable y conectividad digital, condiciones dignas para acceder a sistemas de transporte público que funcione, entre otros, son alternativas que debieran explorarse y ver formas de generar modelos de colaboración público privado que no sólo permitan resolver los problemas de empleo que habrá que enfrentar una vez superado la fase más dramática de la crisis sanitaria sino que esta tenga un efecto en mejoras sustantivas en la calidad de vida de la comunidad.
Esta debiera ser una gran oportunidad para el sector privado de mostrar su capacidad de comprometerse, en la práctica, con el futuro del país y para el Estado, de mostrar flexibilidad en momentos tan dramáticos como los que nos tocará vivir. Tal vez, una mesa de trabajo para explorar estas posibilidades sería una buena iniciativa a través de la cual se podrían comenzar a generar expectativas que reviertan los malos presagios que hoy se han instalado entre los agentes económicos.
Fuente: Editorial, Lunes 13 de Abril de 2020
